El día que Puigdemont pensó que los partidos independentistas le habían "sacrificado"

Bruselas"Supongo que tienes claro que esto ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consejeros (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado como sugiere [Joan] Tardà". El mensaje, de Carles Puigdemont a Toni Comín el 31 de enero del 2018, denotaba el estado de ánimo del presidente en el exilio tras ver cómo se desvanecía su oportunidad de ser investido a distancia en el Parlamento. Un "mal momento" que superó pronto –según explicaban fuentes de su entorno– cuando Telecinco hizo público éste y otros mensajes grabados de la pantalla del móvil de Comín, y que ahora un juez belga investigará por vulnerar el derecho a la intimidad de el actual eurodiputado de Junts. La estrella de la cadena, Ana Rosa Quintana, y otros dos trabajadores serán citados a declarar.

Hacía sólo tres meses que se había declarado la independencia –precisamente un 27 de octubre– y que varios dirigentes catalanes habían tomado el camino del exilio mientras otros ya estaban en prisión o acabarían pocos días después. Probablemente, aquella fue una advertencia de lo difícil que sería hacer política a cientos de kilómetros de Catalunya, pero seis años después todo ello ha dado un vuelco inesperado y Puigdemont encabeza las negociaciones de Junts por la posible investidura de Pedro Sánchez. La legislatura española está en sus manos.

Tras la DUI, los principales dirigentes independentistas quedaron repartidos entre Bélgica, Escocia y, unos meses después, Suiza, y las prisiones de Estremera y Alcalá Meco, antes de que los presos políticos fueran enviados a centros penitenciarios catalanes. La decisión de irse o quedarse tensó aún más la cuerda entre las diferentes sensibilidades del Govern, especialmente entre Esquerra y Junts que, pese a seguir ejerciendo unos años más de socios, han acabado rompiendo.

El Consejo de la República, que aspiraba a ser una suerte de gobierno paralelo con el objetivo de internacionalizar el conflicto político entre Cataluña y el Estado, se constituyó en marzo del 2018 y ya desde el inicio va evidenciar las tensiones entre los partidos. Unos, ERC y CUP, siempre lo han menospreciado y otros, Junts, se han implicado tan a fondo, que durante una época Puigdemont presidió ambas entidades. Dejó la presidencia de Junts para centrarse en el Consejo, pero las negociaciones con el PSOE le han hecho volver a implicarse por completo con el partido, hasta el punto de que la consulta sobre la investidura –con poca participación, pero mayoría abrumadora a favor de bloquearla– no tendrá ninguna influencia en la actitud de su presidente.

Las victorias y derrotas judiciales

Eurodiputados desde 2019 –pero ejerciendo desde 2020 gracias a la sentencia favorable a Oriol Junqueras del Tribunal de Justicia de la UE–, Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí han tenido una tribuna en los últimos años, pese a ir perdiendo progresivamente incidencia en la política catalana. Hasta ahora.

Ponsatín, además, se ha distanciado de la estrategia judicial del exilio, que inicialmente había dado algunas de las victorias más simbólicas, tanto con el rechazo a las euroórdenes en Bélgica –con el caso del exconseller Lluís Puig al frente– o las negativas a extraditar a Puigdemont de Alemania en 2018 y de Italia en 2021. Pero las últimas noticias que han llegado del Parlamento Europeo, que le ha retirado la inmunidad, y del Tribunal General de la UE, que ha aceptado en parte las tesis del juez instructor del Supremo Pablo Llarena, no han ido en la misma dirección.

Los focos del exilio han estado siempre en Bélgica, más concretamente en la llamada Casa de la República de Waterloo, pero también han pasado a veces por Suiza donde todavía hoy reside la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y en la que se instaló durante un tiempo Anna Gabriel, la portavoz de la CUP en los momentos de máxima tensión del Proceso. Gabriel y también Meritxell Serret han vuelto a Catalunya y pronto deberían ser juzgadas por desobediencia, al igual que Ponsatí. La amnistía acabaría con estos procesos y también con los de cientos de personas más aún encausadas por el 1-O y por las protestas que se derivaron del juez a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo. Y esto, en buena parte, dependerá de lo que ERC y Junts sean capaces de articular en las negociaciones con el PSOE.