Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y medio de cárcel
El expresidente valenciano fue declarado culpable del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de la Generalitat
ValenciaEn la segunda ha sido la vencida. El expresidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana no pudo volver a escapar de la justicia y fue condenado a diez años y cinco meses de cárcel en el conocido como caso Erial. La Audiencia Provincial de Valencia le ha considerado culpable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por el cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones de las ITV (1997). Además, le impone multas superiores a 25 millones de euros y 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo en cargo público.
Zaplana no ha podido repetir la jugada del llamado caso Naseiro, que a finales de los años 80 investigaba la presunta financiación ilegal de Alianza Popular. Se trata de la causa por la que se le atribuye erróneamente la afirmación de que estaba en política para enriquecerse, cuando lo que se registró era que deseaba tener mucho dinero para comprarse un coche. Pese a la mala fama generada, de ese proceso el político conservador pudo salir indemne porque el caso se cerró al ser anuladas las escuchas que le sustentaban.
Ahora, si el Tribunal Supremo no corrige la sentencia ante el más que presumible recurso de Zaplana, el exjefe del Consell, ideólogo del PP valenciano y padre político del actual presidente, Carlos Mazón, deberá hacer frente a una importante condena y al decomiso de los distintos bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción. Una pena que habría sido mayor aún si el tribunal también la hubiera considerado culpable del delito de pertenencia a grupo criminal y, sobre todo, de cobrar comisiones por las adjudicaciones del plan eólico (2003). La Audiencia Provincial ha determinado que no puede probarse su participación en este apartado. Se trata de un hecho determinante, puesto que las comisiones investigadas por ambos procesos -ITV y plan eólico-, sumaban más de 20 millones de euros.
Además del expresidente valenciano, la sala también ha considerado culpables a otros cinco acusados. Entre ellos se encuentran los máximos colaboradores de Zaplana como son sus testaferros, Francisco Grau y Joaquín Barceló, y su exjefe de gabinete Juan Francisco García. La pena más alta es para el primero -el único de los tres que se mantuvo fiel al expresidente durante el juicio- y para quien los magistrados han fijado una pena de cinco años de cárcel y una multa de 20 millones de euros. Mucho más leve ha sido la condena a Barceló, que sí confesó, y para quien la pena no supera el año y tres meses de cárcel y los cinco millones de euros. También se ha beneficiado de una importante rebaja por su colaboración con la justicia García, a la que le han fijado dos años y 11 meses de cárcel. Los otros tres condenados son los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López a los que se les ha interpuesto una pena de tres años y cinco meses de cárcel por cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Los otros siete acusados fueron absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre ellos figura el también expresidente de la Generalidad José Luis Olivas.
"Sí, yo era el testaferro de Eduardo Zaplana"
Según el escrito de la sentencia, el expresidente recibió sobornos de numerosos empresarios como por ejemplo de la controvertida familia Cotino. Al frente de la estirpe y del conglomerado empresarial se encontraba el ex director general de la Policía Nacional, exconsejero y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, fallecido en abril del 2020 durante la instrucción de la causa. Según confesaron los sobrinos durante el juicio, su tío constituyó en Luxemburgo junto a Joaquín Barceló y José Francisco García las empresas que habrían servido para transferir 6,4 millones en comisiones a cambio de las adjudicaciones de las ITV. La cifra pactada equivaldría a una participación del 30% de la compañía concesionaria, por la que los Cotino obtuvieron en una venta posterior 43 millones de euros.
Otra confesión determinante fue la de Joaquín Barceló, examigo "del alma" del expresidente valenciano, que en el juicio afirmó que los 6,4 millones de euros que poseía a través de la empresa luxemburguesa Imison International los gestionaba "por parte de Eduardo Zaplana", de "quien era el dinero" y quien le pidió que se "haga cargo" de los fondos. "Sí, me pedía favores y los hacía. Si eso se llama testaferro, pues testaferro", contestó al fiscal anticorrupción Pablo Ponce.
Barceló también explicó que cinco millones de euros que tenía en una cuenta bancaria en Andorra eran de "Eduardo Zaplana". En el mismo sentido, detalló que los inmuebles que compró con esos fondos los adquirió por encargo de Zaplana. "Los áticos [en Altea] no son míos", "la finca de Somosaguas [en Pozuelo de Alarcón]" y "el piso" [en Madrid] donde residió el expresidente valenciano "no eran míos, eran de Eduardo [ Zaplana]", insistió. "Yo firmaba lo que él pedía, era mi amigo del alma", se justificó. Según Barceló, en el organigrama de la trama, el exjefe del Consell daba las órdenes, sus asesores fiscales diseñaban la estructura financiera y él se limitaba a firmar.