Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y medio de cárcel

ValenciaEl ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana ha sido condenado a diez años y cinco meses de cárcel en el conocido como caso Erial. La Audiencia Provincial de Valencia le ha considerado culpable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por el cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones de las ITV (1997). Además, le impone multas superiores a 25 millones de euros y 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo de cargo público.

Zaplana ha sido incapaz de repetir la jugada del llamado caso Naseiro, que a finales de los años 80 investigaba la presunta financiación ilegal de Alianza Popular. Se trata de la causa por la que se le atribuye erróneamente la afirmación de que estaba en política para enriquecerse, cuando lo que se registró era que deseaba tener mucho dinero para comprarse un coche. Pese a la mala fama generada, de ese proceso el político conservador pudo salir indemne porque el caso se cerró al ser anuladas las escuchas que le sustentaban.

Ahora, si el Tribunal Supremo no corrige la sentencia ante el ya anunciado recurso de Zaplana, el exjefe del Consell, ideólogo del PP valenciano y padre político del actual presidente, Carlos Mazón, deberá hacer frente a una importante condena y al decomiso de los distintos bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción. Una pena que habría sido mayor aún si el tribunal también la hubiera considerado culpable del delito de pertenencia a grupo criminal y, sobre todo, de cobrar comisiones por las adjudicaciones del plan eólico (2003). La Audiencia Provincial ha determinado que no puede probarse su participación en este apartado. Se trata de un hecho primordial, ya que las comisiones investigadas en este proceso eran también muy elevadas. En total, los sobornos de ambos procesos –ITV y plan eólico–, superaban los 20,6 millones de euros. Por ello, al inicio del juicio la Fiscalía Anticorrupción, que ya había logrado recuperar cerca de 11 millones, pedía para Zaplana una condena de 19 años de cárcel y una multa de 40 millones.

Además del expresidente valenciano, la sala también consideró culpables a otros cinco acusados. Entre ellos, están los máximos colaboradores de Zaplana: sus testaferros, Francisco Grau y Joaquín Barceló, y su ex jefe de gabinete Juan Francisco García. La pena más alta es para el primero -el único de los tres que se mantuvo fiel al político conservador durante el juicio- y para quien los magistrados han fijado una pena de cinco años de cárcel y una multa de 20 millones de euros . Mucho más leve ha sido la condena a Barceló, que sí confesó, y para quien la pena no supera el año y tres meses de cárcel y los cinco millones de euros. También se ha beneficiado de una importante rebaja por su colaboración con la justicia García, a la que le han fijado dos años y 11 meses de cárcel. Los otros tres condenados son los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López, a los que se les ha interpuesto una pena de tres años y cinco meses de cárcel por cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Los otros siete acusados ​​fueron absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos y el tribunal no apreciara pruebas que sustenten una condena en el resto de casos. Entre ellos figura el también expresidente de la Generalidad José Luis Olivas.

"Sí, yo era el testaferro de Eduardo Zaplana"

Según el escrito de la sentencia, el expresidente recibió sobornos de numerosos empresarios, como por ejemplo de la controvertida familia Cotino. Al frente de la estirpe y del conglomerado empresarial se encontraba el ex director general de la Policía Nacional, exconsejero y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, fallecido en abril del 2020 durante la instrucción de la causa. Según confesaron los sobrinos durante el juicio, su tío constituyó en Luxemburgo, junto a Joaquín Barceló y José Francisco García, las empresas que habrían servido para transferir 6,4 millones en comisiones a cambio de las adjudicaciones de las ITV. La cifra pactada equivaldría a una participación del 30% de la compañía concesionaria, por la que los Cotino obtuvieron 43 millones de euros en posterior venta. Una cifra que se elevaría a los 86,5 millones si incluimos las ventas de las participaciones de la estirpe familiar en el plano eólico.

Otra confesión determinante fue la de Joaquín Barceló, ex "amigo del alma" del expresidente valenciano, que en el juicio afirmó que los 6,4 millones de euros que poseía a través de la empresa luxemburguesa Imison International los gestionaba "por parte de Eduardo Zaplana", que era el propietario del dinero y quien le pidió que se hiciera cargo de los fondos. "Sí, me pedía favores y los hacía. Si eso se llama testaferro, pues testaferro", contestó al fiscal anticorrupción Pablo Ponce.

Barceló también explicó que cinco millones de euros que tenía en una cuenta bancaria en Andorra eran del político del PP. En el mismo sentido, detalló que los inmuebles que compró con esos fondos los adquirió por encargo de Zaplana. "Los áticos [en Altea] no son míos", dijo, y también negó que fueran de su propiedad "la finca de Somosaguas [en Pozuelo de Alarcón]" y "el piso" [en Madrid] donde residió expresidente valenciano. "Yo firmaba lo que él pedía, era mi amigo del alma", se justificó. Según Barceló, en el organigrama de la trama, el exjefe del Consell daba las órdenes, sus asesores fiscales diseñaban la estructura financiera y él se limitaba a firmar.

Zaplana: "No existe ninguna evidencia"

Tras conocer la sentencia, el despacho de abogados que dirige la defensa de Eduardo Zaplana ha emitido un comunicado en el que el expresidente valenciano ha lamentado haber sido condenado pese a que no existe "ninguna evidencia objetiva" de su participación en los hechos. También avanzó que recurrirá al Supremo y afirmó que tiene la certeza de que "tarde o temprano" se reconocerá que las acusaciones en su contra no tienen fundamento.

Quien también valoró la sentencia fue la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien en la red social X consideró la resolución judicial como "una victoria de los valencianos sobre los años oscuros de corrupción del PP" en la Comunidad Valenciana.