Las cabezas de lista de la CUP topan con la justicia a las puertas de la campaña
La candidata por Tarragona anuncia que no irá declarar mañana por las protestas contra el consejo de ministros en Barcelona
La candidatura de la CUP está topando con los tribunales en este final de precampaña. Dos cabezas de lista de la CUP están pendientes de juicio y un tercero quedó absuelto por participar en diferentes movilizaciones independentistas. Esta misma semana, a las puertas de la campaña electoral, la justicia ha llamado a declarar a la candidata por Tarragona y ha reclamado la inhabilitación del de Lleida. Laia Estrada, candidata por la circunscripción de Tarragona el 14-F, ha anunciado este miércoles que no irá a declarar mañana después de que haya vuelto a ser citada a los juzgados a raíz de la manifestación en Tarragona del 21 de diciembre de 2018 en contra de la reunión del consejo de ministros en Barcelona, que acabó con incidentes.
Como en las últimas ocasiones, Estrada ha decidido no comparecer ante la juez, hecho que implica una posible detención de la cupaire. “Hago uso de nuestro derecho de no colaborar con una justicia que cuando se trata de perseguir el independentismo o la disidencia política no tiene problemas para sacar adelante causas que no se aguantan por ninguna parte, pero que encuentra todos los obstáculos del mundo cuando toca perseguir la corrupción que nosotros mismos denunciamos”, ha manifestado la también regidora de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona. La cabeza de lista ha explicado que mañana estará ante los juzgados de Tarragona a las 12.30 h, pero que lo hará en apoyo de la compañera del Casal Popular El Polvorí de Cambrils citada a declarar por haber participado en la huelga general del 21 de febrero de 2019.
Además de Estrada, que ya fue investigada por las movilizaciones del 3-O y el 8-N en unas causas que fueron archivadas y que defiende que la protesta por la cual se la imputa ahora fue "pacífica", las cabezas de lista de Lleida y Girona también han sido encausados por diferentes manifestaciones. Sin ir más lejos, la Fiscalía pidió este lunes 8 meses de inhabilitación especial y 4 meses de multa al ex concejal y ahora candidato de la CUP por Lleida el 14-F, Pau Juvillà, por un delito de desobediencia por parte de autoridad o funcionario público.
Lo hace en el marco de la causa abierta por los lazos amarillos que la formación independentista tenía colgados en las ventanas de su despacho de la Paeria, puesto que se negó a retirarlos después de que Cs lo denunciara a la Junta Electoral durante la campaña de las municipales de 2019. Ahora Juvillà tiene 10 días para presentar alegaciones antes de que la juez fije la fecha del juicio, muy probablemente antes del verano. Juvillà acusó a la formación españolista este martes en una rueda de prensa de actuar como "brazo ejecutor del Estado ".
El actual candidato de la CUP por Lleida a las elecciones del 14-F recordó durante su comparecencia que, cuando se les requirió retirar los lazos amarillos, en base a una "decisión colectiva de la asamblea" se acordó mantenerlos porque entendían que son símbolos que no incitan al voto. En este sentido, Juvillà se refirió a la defensa de los derechos democráticos y señaló que los lazos amarillos ponen "ante el espejo" al estado español y demuestran que es "represor porque hay presos políticos", a pesar de que se denomina democrático.
La cabeza de lista de Girona, absuelto
Por su parte, el alcalde de Celrà y cabeza de lista por Girona, Dani Cornellà, fue detenido con el alcalde de Verges, el también cupaire Ignasi Sabater, y catorce activistas más por el corte del AVE en Girona durante el primer aniversario del 1-O. Al final, sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en nombre de Adif, solo mantuvieron la acusación contra cuatro de los diecinueve investigados y absolvió a los dos cargos electos.
Después de hacerse pública la resolución judicial, Cornellà aseguró que el operativo de la Policía Nacional solo obedecía a la "estrategia del miedo" y que solo buscaba "atemorizar" al independentismo. Cornellà admitió que tenía una "sensación agridulce" porque cuatro de los activistas investigados irán a juicio y se enfrentan a 4 años de prisión. "Se ha demostrado que fue un montaje político y judicial para orquestar la represión hacia ciertos partidos y entidades que en aquel momento se estaban movilizando masivamente en la calle", concluyó el alcalde de Celrà.