El Supremo amenaza con multar a la Moncloa si no entrega los 160.000 nombres afectados por la ‘ley de limpieza’

MadridEl Tribunal Supremo eleva el tono en el conflicto con el gobierno español por el voto de los nacionalizados con la ley de nietos. El alto tribunal ha dado un plazo de cinco días a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para que entreguen la lista de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del voto de cara a las elecciones españolas del 29-N. Deben enviarla al Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, y tienen tiempo para hacerlo hasta el miércoles 28 de octubre a las tres de la tarde. La sala contencioso-administrativa del alto tribunal no se queda aquí, sino que amenaza a los ministros de Asuntos Exteriores y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con una posible multa o, incluso, con responsabilidades penales –que debería investigar la sala penal– si incumplen el requerimiento. La multa sería de 1.000 euros y se podría “reiterar” hasta que se cumpliera la petición.

“Resulta incomprensible que no se haya facilitado la relación nominal de las personas que pueden estar afectadas, [que] es fundamental para la correcta conformación del censo electoral”, lamenta el auto. También expone que la Abogacía del Estado ha revelado que, hasta el miércoles 21, se han revisado 31.390 casos –de los 163.020 que hay en total– y que solo hay 91 personas que hayan acreditado el exilio de sus ascendientes a través de los certificados que han expedido los registros consulares. La resolución no ahorra reproches hacia la Moncloa: “Dado que la administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se llega a adivinar cuáles pueden ser las razones por las cuales no se ha facilitado la relación nominal de los electores”.

El Supremo hace dos consideraciones más. Ordena a la Oficina del Censo Electoral que introduzca una “advertencia expresa” en los envíos de la documentación, que comienzan este sábado, para que quede claro que los beneficiados de la ley de nietos constan en el CERA –el Censo de Electores Residentes Ausentes– con “carácter provisional”. La Oficina del Censo Electoral se deberá encargar de excluir a las personas que no tienen derecho a voto del listado del CERA y, si van a votar a los consulados, sus votos no se introducirán en la urna. Una magistrada ha formulado un voto particular porque considera que las decisiones que ha tomado el Supremo “materializan la inseguridad jurídica” y la “incertidumbre operativa” que ella misma denunció en los dos primeros autos.

La Moncloa se compromete a responder a tiempo

Félix Bolaños no ha tardado en reaccionar al movimiento del Supremo y, en declaraciones a los medios, ha asegurado que el gobierno español entregará dentro del plazo fijado la lista de afectados por la suspensión del voto. En este sentido, ha reivindicado que su ministerio ha estado haciendo “todo lo que es humanamente posible” para “dar cumplimiento a los requerimientos” desde el primer día, y ha añadido que le consta que el ministerio de Exteriores ha dado instrucciones claras a todos los consulados que ahora se reiterarán. Es un trabajo que fuentes del cuerpo consular avisaban al medio que es “imposible” de hacer.

Por su parte, la subsecretaria de coordinación sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha querido echar leña al fuego y ha lanzado un “ultimátum” al gobierno español: “Lo sabremos todo, y quien desobedezca, responderá”, ha advertido. Y se ha referido a las cifras que aportó la Abogacía del Estado: “Ni el 1% ha podido acreditar el exilio de su familia sin la presunción que la instrucción de Sofía Puente introdujo por su cuenta”, ha criticado. La dirigente popular ha acusado al gobierno español de “negligencia” y de estar “escondiendo” los datos: “Unas elecciones no se retocan seis semanas antes de votar”.