El Constitucional mantiene la prohibición de votar a los nacionalizados con la 'ley de nietos'

MadridEl Tribunal Constitucional no autoriza, de momento, el voto a las personas nacionalizadas con la ley de nietos. El alto tribunal ha frenado el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de todos aquellos que no hayan demostrado que son descendientes de exiliados. Por tanto, habrá 163.000 personas con la nacionalidad española –el 0,41% del censo– que no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre si no acreditan que cumplen los requisitos. Ángel Gabilondo denunció que la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el tribunal de garantías considera que es “prematuro” estudiar el recurso porque el Supremo abrió un periodo de alegaciones que todavía no ha terminado. Cuando se haya vuelto a pronunciar, después de estudiar las quejas de los afectados, el Constitucional sí podría aceptar estudiar un recurso de amparo.

El Defensor del Pueblo avisaba de que mantener la prohibición de votar sería una “lesión irreparable” porque los ciudadanos no podrán votar de manera retroactiva, pero el recurso de amparo no ha superado ni el primer filtro y ha sido inadmitido por diez votos a dos. Dos magistrados progresistas, Juan Carlos Campo –que fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez del 2020 al 2021– y Ramon Sáez Valcárcel, han anunciado votos particulares favorables a estudiar el recurso.

Justo después, fuentes del gobierno español han asegurado que respetan la decisión por “motivos procedimentales”, aunque confían en que en el futuro haya una “decisión definitiva” que deje claro que “no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado”. “No puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferentes derechos”, insisten desde la Moncloa. Por su parte, en un comunicado, el Defensor del Pueblo ha expresado que “respeta” la decisión, pero ha mostrado “preocupación” porque la suspensión pueda impedir “ejercer el derecho fundamental al voto a ciudadanos españoles”.

Ángel Gabilondo instaba al Constitucional a mover ficha rápidamente ante una “urgencia excepcional” para “preservar el derecho al sufragio activo sin limitaciones no previstas en la normativa electoral”. Su recurso pretendía que la Junta Electoral Central mantuviera inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero argumentando que las medidas cautelares para excluirlos generan una “indudable inseguridad jurídica” y una “intervención excesiva en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales”. Asimismo, recalcaba que el “vínculo entre ser español y el voto” es “indisoluble”.

Posteriormente, un ciudadano afectado –un particular de origen argentino y nacionalizado en 2025 defendido por el despacho del exjuez Baltasar Garzón– se adhirió al recurso. El escrito, al que ha tenido acceso el ARA, sostenía que la petición del Defensor del Pueblo era “imprescindible” y “el único camino legal” para preservar el derecho a voto y esgrimía que el pronunciamiento del Constitucional es el “mecanismo propicio” para “salvaguardarlo”. Aun así, el Constitucional no ha tenido en cuenta ni este documento ni los que presentaron Iustitia Europa y Vox –los dos partidos que llevaron la cuestión al Supremo– porque el procedimiento aún no estaba abierto formalmente.

Las alegaciones al Supremo

En paralelo, el viernes termina el plazo que dio el Supremo a los afectados para que presentaran alegaciones. Quien presentó, por ejemplo, fue el Centro de Descendientes de Españoles Unidos, que reclama que prevalezca el interés general. Según ha podido saber el ARA, el escrito habla de una discriminación y alega que los sefardíes o los brigadistas internacionales utilizaron vías similares para conseguir la nacionalidad española. También lamenta que los afectados no han podido formar parte del proceso hasta que la decisión estaba tomada y denuncia una clara vulneración del derecho a voto, que recuerda que no se restringe ni en tiempo de guerra ni entre los presos.

Posteriormente, la sala de lo contencioso-administrativo se volverá a pronunciar. Y será después de este posicionamiento cuando alguien podría presentar un nuevo recurso de amparo. En paralelo, este mediodía ha vencido el plazo de 24 horas que el Supremo dio a las partes para opinar sobre la decisión de la Junta Electoral Central de enviar la documentación electoral a todos los inscritos en el CERA con una “advertencia de la posibilidad” de que tengan los derechos electorales suspendidos.