Los encausados ya preparan el plan B al aval del ICF

BarcelonaLa posibilidad de que el Tribunal de Cuentas no acepte el aval que ha cubierto el Institut Català de Finances (ICF) para las 34 personas que están en la causa de Afers Exteriors ha hecho mover sus defensas para buscar un plan B que evite que los ex altos cargos de la Generalitat sean embargados. De hecho, está desde que el Govern constató que ninguna entidad bancaria jugaría en la operación de avalarles, cuando todavía se pretendía mantener al ICF fuera de la ecuación. Todavía podría quedar fuera si, una vez el Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado la constitucionalidad del fondo, algún banco decide convertirse en avalador.

Según varias fuentes próximas a los investigados consultadas por el ARA, hay diferentes fórmulas para evitar que se embargue de forma generalizada el patrimonio de todos los que están en la causa, puesto que el total que tienen que aportar de forma preventiva es de 5,4 millones de euros. Por un lado, Esquerra desde hace semanas que está a punto para movilizar un total de 2,2 millones de euros, que servirían para cubrir la supuesta responsabilidad contable de la actividad exterior entre 2016 y 2017. De este modo, se liquidaría lo que piden al exconseller de Exteriors Raül Romeva por esta etapa y al exvicepresident Oriol Junqueras, pero también al expresident Carles Puigdemont.

Por su parte, el expresident Artur Mas y el exconseller Francesc Homs tienen previsto depositar su inmueble para hacer frente a la garantía. Se da el caso que los dos ex dirigentes de CDC ya tenían sus pisos embargados en la causa del 9 de noviembre de 2014 y que ahora han quedado liberados porque la Caixa de Solidaridad ha pagado la multa que quedaba una vez la sentencia ha sido firme. De este modo, han podido sacar su patrimonio de este caso para ponerlo en el de Exteriors, que también les afecta. Para la fianza que quede por cubrir, Junts también ha puesto en marcha una recolecta de dinero privado entre la militancia y los simpatizantes -así como el PDECat- y el resto de encausados también tienen a punto “garantías inmobiliarias” para evitar que se les embarguen nóminas.

El calendario previsto

En función del dinero que consigan recoger, el Tribunal de Cuentas procederá o no a un embargo de los bienes de los encausados. De momento ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre la legalidad del aval que concede la Generalitat, que también aparece como perjudicada en la causa, a través del Institut Català de Finances. Cuando emita su opinión, el Tribunal de Cuentas decidirá qué hace. Fuentes jurídicas admiten que desconocen cuál será la celeridad con la que se pronunciará la Abogacía del Estado -el tribunal le pidió que lo hiciera de forma inmediata-, pero confían que tendrán agosto de margen.

Formalmente, aclaran las mismas fuentes, el mes de agosto es habilidoso para la fase en que se encuentran del procedimiento -todavía en la parte administrativa-, pero esperan que si se rechaza el aval del ICF se notifique ya a partir del mes de septiembre -se hace a través de procurador-. Si esto pasara, además, los encausados tendrían unos días más de margen antes de poner el dinero y las garantías inmobiliarias, puesto que los abogados podrían recorrer la resolución.

La causa de Exteriors representa una espada de Damocles tanto para los investigados como para la Generalitat, a quienes la Fiscalía ya investiga precisamente por el aval que ha puesto sobre la mesa el ICF.