La nueva legislatura

ERC y JxCat se encallan en el órgano de coordinación del Procés

Junts reclama que este papel lo desempeñe un Consell per la República adaptado y Esquerra quiere un nuevo ente

Núria Orriols Guiu / Gerard Pruna
y Núria Orriols Guiu / Gerard Pruna

BarcelonaPasan los días y la negociación no avanza. A una semana exacta de la fecha tope para el primer debate de investidura, el próximo viernes 26, Esquerra y Junts per Catalunya están encallados y ni siquiera han empezado a hablar todavía de la estructura y la composición del futuro Govern. Superado in extremis el escollo de la mesa del Parlament, los equipos negociadores de los dos partidos continúan varados en el mismo punto que les separa desde el minuto uno: la estrategia sobre el Procés y, más concretamente, sobre el órgano que tendría que coordinar la estrategia. Fuentes conocedoras de los encuentros -ayer por la tarde volvió a haber otro en el Parlament- explican al ARA que este punto continúa siendo el tapón que impide que el resto de la negociación fluya.

Tal como publicaba este diario el martes, el independentismo da forma a un nuevo espacio de coordinación. Obstinados como están ERC y JxCat en evitar que la nueva legislatura sea un calco de la anterior en cuanto a las divergencias públicas, se quiere definir un órgano de dirección estratégica que sea vigente durante toda la legislatura y donde se pueda hablar de la política en el Parlament, de la relación con el gobierno español y también de la internacionalización del Procés.

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Un espacio que abriría, además, una vía para que la CUP -con un pie y medio fuera del próximo ejecutivo- quedara incorporada de forma permanente en las conversaciones entre ERC y Junts, además de la ANC y Òmnium Cultural. Solo se trataría lo que tiene que ver con el Procés, que se separaría de forma clara del programa de Govern. Hasta aquí el consenso. Las diferencias llegan a la hora de definir la organización de este nuevo espacio y su composición. Desde JxCat se reivindica que sea el Consell per la República, argumentando que ya es un órgano creado en el exilio y donde están representados los partidos y entidades independentistas -menos la CUP-. Para rebajar los recelos de los anticapitalistas y también de Esquerra, desde Junts proponen reformar tanto la estructura como la gobernanza del Consell para convertirlo en este nuevo ente de coordinación.

Pero ERC no lo ve: apuesta por impulsar un nuevo espacio de las fuerzas y entidades independentistas y que, como mucho, el Consell per la República se integre como una entidad más, igual que Òmnium y la ANC. Esquerra siempre ha visto con recelo al Consell per la República al considerarlo “partidista”, y durante la campaña electoral ya suspendieron su participación. Desde Junts creen que los republicanos tienen reservas porque no quieren reconocer el rol del ex presidente Carles Puigdemont. En declaraciones en el programa Planta baixa de Tv3, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, admitía ayer que hay conversaciones abiertas sobre cómo “reconfigurar este consenso estratégico” después del 14-F y, pese a la parálisis en la que se han situado las negociaciones, se mostraba optimista de que el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, sería investido el viernes 26 de marzo. Por su parte, la portavoz de Junts, Elsa Artadi, en declaraciones al Telediari de Tv3, aseguraba que las negociaciones seguían avanzando y que, a pesar de la lentitud, se trabajaba para tener y unas “buenas bases para la legislatura”.

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El límite del diálogo

Fuentes conocedoras de las conversaciones entre los partidos explican que el papel del órgano de coordinación del Procés sería abordar qué rumbo tiene que defender el independentismo en la mesa de diálogo con el gobierno español, y construir la alternativa estratégica si se constata el fracaso de la negociación con la Moncloa. Este es uno de los otros puntos de debate en las negociaciones en las que los independentistas no han conseguido ponerse de acuerdo.

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Mientras la CUP y JxCat quieren acotar un tiempo máximo de espera antes de certificar el fracaso o no de la negociación con el Estado, los republicanos prefieren huir de plazos. La CUP querría que el margen de maniobra de la mesa de diálogo fuera de un máximo de un año, mientras que JxCat reclama que la fecha tope se sitúe antes de las elecciones municipales del 2023. Ante estos posicionamientos, los republicanos se han abierto a lo largo de las conversaciones a fijar el plazo de dos años, siempre una vez pasadas las elecciones locales.

En todo caso, Junts y los cupaires entienden que en este intervalo de tiempo, mientras esté en marcha la negociación con el Estado, el independentismo tiene que trabajar una alternativa estratégica -en el marco del órgano de coordinación- por si falla la mesa de diálogo. Además, desde Junts también proponen una serie de indicadores para evaluar de forma permanente los adelantos (o no) con la Moncloa.

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Creen que el gobierno español no ha dado muestras de aceptar ni la autodeterminación ni la amnistía -el PSOE ha rechazado ya la iniciativa presentada en el Congreso de Diputados esta semana- y que difícilmente cambiará de opinión a partir de ahora. La CUP, en este sentido, ya lanzó el miércoles un toque de alerta en una conferencia para presionar a ERC y a Junts: rechazó la negociación con el Estado y reclamó una mesa de diálogo entre los actores independentistas para tejer un nuevo “embate”.

La negociación sobre la estrategia independentista está atrasando el resto de cuestiones a tratar. Esta semana estaba reservada para abordar el programa de gobierno, que quedaría al margen del órgano de coordinación del Procés y se limitaría a gestionar las competencias de la Generalitat. Aun así, tampoco se ha podido avanzar mucho, más allá de algunos encuentros de las comisiones de trabajo sectoriales de ERC, JxCat y la CUP, que intentan buscar consensos sobre un plan de choque social y el modelo de orden público. Y una vez resuelvan esto todavía quedará una de las carpetas más complicadas y que queda sin abrir: la estructura del Govern y el reparto de consejerías.

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Las elecciones del 14 de febrero no han resuelto el conflicto estratégico dentro del independentismo. Unos y otros coinciden que las urnas les han ordenado ponerse de acuerdo -por primera vez los partidos independentistas han superado el 50% de los votos-, pero a la hora de concretar la estrategia quedan encallados una y otra vez. Queda una semana para que teóricamente se produzca un primer debate de investidura de Pere Aragonès, que hoy por hoy no tiene los votos garantizados para salir adelante.