España retrocede en percepción de independencia judicial
Es el sexto país por la cola de la UE en cuanto a opinión de los ciudadanos sobre sus tribunales
BruselasHungría, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria e Italia. Son, por este orden, los únicos cinco países de la Unión Europea que este 2021 registran una peor percepción entre sus ciudadanos que España en cuanto a su independencia judicial. El Estado ha retrocedido tres posiciones respecto al año pasado en el último informe sobre la situación de los sistemas judiciales en toda la Unión. Un 50% de los ciudadanos españoles tienen una percepción "bastante mala o muy mala" de la independencia de los tribunales y jueces del país, principalmente por las interferencias o presiones por parte del gobierno o de los políticos. El año del juicio del 1-O, España todavía retrocedió más, hasta la quinta peor posición del ranking.
Concretamente, un 40% de los ciudadanos españoles atribuyen la pobre independencia judicial a injerencias políticas, un porcentaje que ha aumentado ligeramente respecto al 36% del año anterior. En segundo término lo atribuyen a interferencias o presiones de intereses económicos (37,7%) o al hecho de que el estatus de los mismos jueces no garantice lo bastante su independencia (28,5%). Al otro lado de la clasificación está Austria, donde cerca de un 90% de la población tiene una impresión muy buena o bastante buena de la independencia judicial de su país. Alemania es el tercer país que puntúa más alto, después de la mencionada Austria y de Finlandia, con un 80%. Y no es solo la percepción del público en general, sino que el sector empresarial también deja a España sexta por la cola en independencia judicial.
Los datos que se han usado para elaborar este ranking son encuestas de la Eurobarómetro llevadas a cabo entre el 29 de marzo y el 9 de abril de este año, pero el informe también incluye información aportada por gobiernos, instituciones y contactos directos de la Comisión con redes europeas de jueces, grupos de expertos u observatorios. Así es como, por ejemplo, se observa que España ocupa la undécima posición si se clasifican los estados de la UE en función del gasto que el gobierno destina al sector judicial. Los primeros de esta lista son Luxemburgo y Alemania, y los últimos Chipre y Lituania.
Ahora bien, en número de jueces por cada 100.000 habitantes España vuelve a la cola. Es el 23º con solo unos 10 jueces por 100.000 habitantes, una ratio que se dispara hasta los 24 en el caso de Alemania. Justo es decir que el número de jueces no es por supuesto garantía de un mejor sistema judicial, porque la clasificación la encabezan Eslovaquia y Hungría con más de 40 jueces por cada 100.000 habitantes. También destaca el hecho que el Estado sea el tercero de la UE con menos proporción de juezas en el Tribunal Supremo, con un 20% aproximadamente.
El informe de este año, además, se centra en la digitalización del sistema judicial, porque la pandemia del coronavirus ha puesto todavía más en relieve que es necesaria. En este caso, España puntúa habitualmente entre el centro y la parte baja del ranking en indicadores como por ejemplo la información disponible online, la incorporación de tecnología en los procesos judiciales, la posibilidad de acceder a documentos oficiales de manera digital o de hacer pagos electrónicos.
Bruselas insiste en renovar el poder judicial
La salud de los sistemas judiciales europeos está especialmente vigilada los últimos años desde instancias europeas, por los desafíos de algunos países como Hungría y Polonia pero también porque durante la pandemia del coronavirus se han visto coartados derechos fundamentales de los ciudadanos que hay que proteger. Alrededor sobre todo de la primera cuestión, la Comisión Europea empezó a elaborar unos informes específicos anuales que entran en más detalle en las cuestiones de cada socio europeo y que en el caso español ya ha puesto de relieve la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. El comisario de Justicia, Didier Reynders, lo ha repetido este jueves cuando le han preguntado por la puntuación específica de España. Reynders ha explicado que está en contacto con el gobierno español pero también con la oposición porque también es parte necesaria en un proceso que está pendiente. El comisario belga viajará a todas las capitales europeas cuando se publique el siguiente informe y, por lo tanto, también a Madrid.