Cuatro años y medio cárcel para el exconseller Buch por poner escolta a Puigdemont
El extitular de Interior, también sentenciado a 20 años de inhabilitación, tilda de "injusta" y "muy bestia" la resolución judicial
BarcelonaLa Audiencia de Barcelona ha condenado este jueves al exconseller de Interior Miquel Buch a cuatro años y medio de prisión y veinte años de inhabilitación por la causa del escolta del expresidente Carles Puigdemont. Así, la sala asume la tesis de la Fiscalía, que acusaba al extitular de la conselleria de haber contratado a un asesor para que se encargara de forma encubierta de la protección de Puigdemont en el exilio. En este sentido, los magistrados también sentencian a cuatro años de privación de libertad y diecinueve de inhabilitación Lluís Escolà, el mozo que según el fiscal ejerció a escondidas las funciones de seguridad del expresidente en Bélgica. La sentencia condenatoria –por los delitos de prevaricación y malversación– puede recurrirse al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y, posteriormente, al Tribunal Supremo. De modo que la entrada en prisión, en principio, no sería inminente.
El tribunal considera probado, por un lado, que la contratación de Escolà tenía "la única finalidad" de dar cobertura a la protección que había reclamado Puigdemont y que el gobierno español le había negado. "Sin lugar a dudas desarrolló tareas ajenas a aquellas por las que formalmente había sido designado y, en concreto, funciones de protección y seguridad fuera de territorio nacional, de quien había ostentado el cargo de presidente de la Generalitat Carles Puigdemont", describe en la sentencia, que enumera la lista de ciudades donde tiene constancia gráfica que Escolà fue protegiendo en Puigdemont entre el 29 de septiembre del 2017 –cuando le ayudó a salir del Estado escondido dentro de un coche– hasta marzo del 2019: Bruselas, Zúrich, Munich, Amsterdam, Copenhague, las lles Feroe, Ginebra, Londres y Dublín, además de Waterloo. El contrato de Escolà como asesor duró de julio de 2018 a marzo de 2019 e ingresó 52.000 euros por su trabajo. El propio Escolà hacía bandera a través de las redes: "41 semanas haciéndonos cargo del MHP. Mientras no se haga legal, se hará legítimamente".
Por otra parte, también concluye que "no consta acreditado que cumpliera ninguno de los objetivos del puesto de trabajo para el que había sido designado", el de asesor especial en materia de seguridad del conseller. El exconseller Buch, en cambio, negó la mayor durante el juicio y defendió la contratación del agente de los Mossos d?Esquadra como una prerrogativa que tenía como consejero. Buch dijo que le había fichado como asesor por su experiencia, que había realizado las tareas que se le habían encomendado y que, en ningún caso, estaba ejerciendo, de forma encubierta, de personal de seguridad del expresidente. Los magistrados consideran que los 14 informes que la defensa presentó como prueba del trabajo de Escolà en la conselleria no demuestran que desarrollara su labor. En primer lugar, porque dudan de la autoría y la fecha de los informes –no hay firma ni registro de presentación– y, en segundo lugar, porque concluyen que el contenido de estas notas es "sencillo" y está lleno de "vaguedades" y generalidades": "Aunque hubieran sido elaborados por él se consideran completamente inútiles".
El testimonio clave
El intendente Toni Rodríguez afirmó durante el juicio que Lluís Escolà ayudó a Puigdemont a marcharse a Bélgica y luego enlazó bajas, permisos y vacaciones, tal y como recoge la sentencia. Lo suyo es, de hecho, uno de los testigos que los jueces consideran clave, aunque durante el juicio fue muy cuestionado por la defensa. De forma vehemente, el intendente, que entonces era el jefe de la división de investigación criminal de los Mossos, señaló a Escolà por su ideología independentista y por haber elaborado informes que no tenían la calidad "ni de un trabajo de bachillerato" . La defensa se puso en pie de guerra por las opiniones de Rodríguez y el presidente de la sala garantizó que el tribunal se encargaría de distinguir las opiniones de los hechos cuando elaborara la sentencia.
En el mismo juicio, Puigdemont compareció desde Bélgica como testigo para rechazar que Escolà se encargara de hacerle de escolta a cambio de recursos provenientes de la conselleria de Interior y dijo que se le estaba juzgando por ser un "patriota". Además, remarcó que ahora mismo no tiene ningún tipo de protección a pesar de que le correspondería por ley: recordó que a los expresidentes, junto con la Oficina –que sí tiene– también les corresponde un servicio de escolta que nunca ha sido autorizado por el Estado.
En declaraciones a los medios de comunicación, Miquel Buch reiteró lo que ya dijo cuando declaró como investigado: que no cometió ningún delito. "Estoy convencido de lo que hice y para mí la sentencia es injusta", ha dicho, además de negar ninguna irregularidad y avanzar que recurrirá contra la decisión. "Es muy bestia", concluyó.
Puigdemont avisa: "No renunciaremos a la unilateralidad"
Juntos también ha emitido un comunicado en el que expresa su "enérgico rechazo" por la resolución de la Audiencia de Barcelona: "Son dos personas que han servido a la Generalitat con total honestidad, eficacia y lealtad al país [...]. trata de una sentencia injusta y desmedida que denota un claro ánimo de venganza". También lanza un aviso al gobierno español, con el que está en conversaciones para la nueva investidura de Pedro Sánchez: "La represión no se detiene y la desjudicialización no existe". En esta línea, el expresidente Puigdemont –que lleva directamente las conversaciones con el PSOE y Sumar– también ha reaccionado airado: "Es un acto de barbarie", ha dicho, y ha añadido que la condena llega porque ambos dirigentes han sido " leales" y "comprometidos" con él.
Así, ha vuelto a avisar al PSOE: "Si no han entendido por qué razón nunca renunciaremos a la unilateralidad ya la independencia, y por qué desconfiamos de España, aquí tienen una de las muchas que tenemos acumuladas". También el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha pronunciado sobre la resolución, tildándola de "barbaridad" y expresando el apoyo público a Buch y Escolà. Una vez más, los tribunales irrumpen en la escena política y ahora lo hacen en plenas negociaciones por la amnistía entre ERC, Junts y el gobierno español. Una amnistía que, de concretarse, debería poner el contador a cero y de la que también -si se pone sobre la mesa- Buch y Escolà podrían beneficiarse.