La reforma laboral acentúa la pugna entre Díaz y Calviño en el gobierno español

Cuando parecía que la calma había llegado al gobierno español con el acuerdo para los presupuestos del Estado de 2022 y la ley de vivienda, ayer la reforma laboral volvió a sacudir la relación entre los dos socios de coalición. Las alarmas saltaron a primera hora de la mañana cuando la secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, solicitó una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos. El motivo: las “injerencias” que, dijo, ha protagonizado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño en relación con la negociación de la reforma laboral.

Desde La Moncloa enseguida le quitaron importancia. “Normalidad absoluta”, apuntaban fuentes de La Moncloa. Un mensaje que el presidente español, Pedro Sánchez, abrazaría por la tarde desde Bruselas, desde donde cerró filas con el papel de Calviño en la reforma laboral, negando ninguna “intromisión” de la titular de Economía. “Es una reforma estructural. Todos [los ministerios] están afectados, y afecta, insisto, a Trabajo, Economía, Hacienda, Seguridad Social y Educación. Todos los ministerios tienen que coordinarse y colaborar, y esta es la petición que he hecho a todos los ministros de mi gobierno”, aseveró en rueda de prensa. Minutos después, sin embargo, la formación lila insistía en una “injerencia" de Calviño. “Es un mensaje claro que nos envía el PSOE: quieren intentar impedir la derogación [de la reforma laboral]”, tuiteaba desde su cuenta de Twitter el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Tensiones previas

Este no es el primer tira y afloja dentro de la coalición. En el último año los dos socios han vivido disputas por otras negociaciones como la del aumento del salario mínimo que, de hecho, también enfrentó directamente a Díaz y a Calviño a principios de año. En aquella ocasión, Sánchez también cortó por lo sano el debate, posponiéndolo hasta ahora. También el acuerdo en la ley de vivienda o las medidas para rebajar la factura de la luz han hecho aflorar las desavenencias ideológicas entre las dos formaciones. Con todo, la particularidad de la reforma laboral es la de ser uno de los puntos más espinosos en materia económica dentro del acuerdo de coalición. De hecho, en otras ocasiones ya ha generado controversias dentro del ejecutivo, en especial entre la titular del ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, que capitanea la negociación con los agentes sociales, y la misma Nadia Calviño.

No es nuevo que la ministra de Economía encabece un frente reticente a una reforma profunda en el ámbito laboral, y precisamente jueves, en pleno 12 congreso confederal de CCOO, se volvió a constatar. Calviño evitó referirse a la derogación de la reforma laboral hablando de un “paquete equilibrado de medidas”, además de asegurar que hasta ahora solo se han producido “contactos preliminares” en el marco del diálogo social. Unas palabras que el mismo secretario general de CCOO, Unai Sordo, rebatió: “Llevamos bastantes meses negociando”, dijo. De hecho, la negociación de la reforma laboral con los agentes sociales empezó el año pasado. El mensaje de Calviño incluso rebajaba las palabras de Sánchez, que el pasado domingo, durante el acto de clausura del congreso del PSOE en el País Valenciano, aseguró que “pondría punto final a la reforma laboral del PP”. Una afirmación, sin embargo, que ayer quedó difuminada por el mismo presidente español cuando se refirió a una “actualización de las normas laborales”. Pero al discurso de jueves de Calviño se le añade la idea del ministerio de Economía, y también del PSOE, de que otros ministerios participen en la negociación. Fuentes socialistas consultadas por el ARA defienden que “tiene todo el sentido que en una ley tan importante y transversal opine más de un ministerio”. Ayer, quien se añadió a la propuesta de abrir la negociación más allá del ministerio de Trabajo fue el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi: “Con esta reforma no solo estamos hablando de ocupación, sino también de economía, educación, de muchas cosas”, dijo.

Si bien la derogación completa de la reforma laboral del PP del año 2012 es un espejismo, Díaz hace tiempo que batalla para cambiar algunos de los aspectos más controvertidos, tal y como firmaron en el acuerdo los dos socios de gobierno. Por un lado, se quiere recuperar la ultraactividad de los convenios, poner techo a la subcontratación y que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de la empresa. También reducir el número de contratos a tres: uno estable, otro temporal –limitado a situaciones muy específicas y justificadas– y uno de formación. A pesar de que se ha avanzado en la negociación, explican fuentes sindicales, el último texto que hay encima de la mesa no gusta a la patronal, como ha reconocido el mismo Garamendi. “Europa no pide la contrarreforma que algunos miembros del gobierno [español] piden”, aseguraba ayer haciendo alusión a la propuesta del ministerio de Trabajo. Con todo, esta vez superar un nuevo choque interno no solo pone encima de la mesa la salud del gobierno español, sino los fondos europeos anti pandemia. La llegada de este dinero depende de las reformas comprometidas con Bruselas, entre ellas la laboral antes de acabar el año. Esta vez quien arbitra una solución es el tiempo.