La familia Borbón sale indemne de una década de periplo judicial

Madrid“Declaro que la Casa Real no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Institut Nóos”. Con estas palabras Iñaki Urdangarin intentaba desvincular a la Zarzuela de las conductas que acabaron conllevándole una condena de casi seis años de prisión. Era febrero de 2012, hace una década, cuando el exduque de Palma declaró por primera vez al juez José Castro y empezó un periplo judicial que ha tenido a la familia Borbón bajo sospecha permanente. En concreto, a la infanta Cristina y muy especialmente a Juan Carlos I. El inicio de 2022 dibuja un punto y aparte en las relaciones entre la monarquía y la corrupción, con padre e hija exonerados y Urdangarin –ya separado de la infanta Cristina– como el único que ha pagado el castigo. Aun así, este legado ha comportado que la tarea principal de Felipe VI, con la ayuda de los gobiernos del PP y el PSOE, sea legitimar una institución sumida en el descrédito.

La vida del emérito en Abu Dhabi, la hermana del rey en Ginebra y el exjugador del Barça de balonmano en Vitoria reflejan la época turbia que ha pasado la Corona. Juan Carlos I comunicó el fin de semana pasado a Felipe VI –la Zarzuela lo hizo público lunes– que, de momento, se quedará en el golfo Pérsico disfrutando de la privacidad que tiene a miles de kilómetros de distancia de España. Esta fue la manera de presentarlo a la ciudadanía. Tal como han explicado varios medios esta semana, en realidad la decisión ha sido fruto de un acuerdo entre él, el rey y la Moncloa, que ha querido escenificar un cierto malestar con las disculpas de Juan Carlos I. “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los hechos pasados de mi privacidad y que lamento sinceramente”, expresaba el emérito. El presidente español, Pedro Sánchez, trasladaba el martes en una conversación informal con periodistas en Riga (Letonia) que hacían falta más explicaciones, después de que la Fiscalía corroborara que el exmonarca habría cometido delitos.

Tres elementos permitieron que no se pueda perseguir a Juan Carlos I: la prescripción de los delitos, la inviolabilidad absoluta que la doctrina judicial ha establecido para el jefe del estado y la regularización a tiempo con Hacienda. Los tres son indicativos de la protección –la inviolabilidad– y permisividad con la conducta del rey que han propiciado su impunidad. Que los delitos prescribieran y que la puesta al día fiscal fuera correcta revela que la Fiscalía y la administración tributaria empezaron a investigar demasiado tarde, a pesar de que ya había indicios e informaciones a los medios desde hacía años sobre el patrimonio de Juan Carlos I en el extranjero. De hecho, tuvo que ser el fiscal de Ginebra Yves Bertossa quien puso a las autoridades españolas sobre la pista. Con la situación judicial en el Estado resuelta, el emérito ya solo mira de reojo hacia Londres, donde hay abierta una causa por presunto acoso a su examante Corinna Larsen. El juez que lleva el caso tiene pendiente resolver si Juan Carlos I tenía inmunidad y, por lo tanto, si se puede actuar o no.

Salvar a la infanta Cristina

La infanta Cristina sí que fue imputada y enjuiciada por el caso Nóos. Pero, a diferencia de Urdangarin, solo fue condenada a una multa de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo y que el Tribunal Supremo rebajó después a 137.000. El alto tribunal fue muy crítico con el sindicato Manos Limpias, que pedía ocho años de prisión para ella por dos delitos fiscales sobre los que, dijo, no era autora, sino cooperadora necesaria. La imputación de la infanta Cristina fue asunto de estado en 2012 y, tal como explican los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en el libro La intocable, llegó a haber una operación en el más alto nivel para salvarla. Juan Carlos I y el entonces presidente español, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mantuvieron una reunión en la Zarzuela para conjurarse en este sentido. 

No consiguieron del todo su propósito. El juez Castro la llevó a juicio a pesar de la oposición firme del fiscal Pedro Horrach. Tanto él como los péritos de la Agencia Tributaria de Barcelona que examinaron el caso negaron haber recibido instrucciones jerárquicas, si bien el juez instructor tiene dudas, según explica en el libro La armadura del rey, de los periodistas Ana Pardo de Vera, Albert Calatrava y Eider Hurtado. En un primer momento, Castro rechazó la imputación de la infanta y después accedió a ella. En cambio, siempre tuvo claro que la inviolabilidad le impedía hacer lo mismo con su padre a pesar de tener indicios. “Es imposible pensar el caso Nóos sin Juan Carlos I”, dice en el libro. Los correos que Urdangarin enviaba a su exsocio Diego Torres reflejaban la mediación del entonces rey para que su yerno hiciera negocio con la Copa América de vela de Valencia em 2007.

La investigación también permitió sacar a la luz que el emérito regaló 1,2 millones de euros a su hija para comprar el palacete de Pedralbes en 2004, valorado en seis millones. Estas cifras abrían interrogantes sobre la fortuna tanto de Juan Carlos I como del matrimonio, que todavía invirtió más dinero en reformas. La infanta Cristina declaró a Hacienda el impuesto de patrimonio, pero nunca el de donaciones, alegando que era un préstamo de su padre. Aun así, solo le devolvió 150.000 euros, según explicó en su momento la Casa Real.

Una década después de que empezara el calvario, la libertad condicional para Urdangarin concedida la semana pasada lo ha llevado a hacer prácticas al Barça para un curso de coaching. Felipe VI marca distancias con su padre a pesar de que él fue beneficiario de las fundaciones sospechosas Lucum y Zagatka. Y el juez Castro reflexiona: “Los españoles nunca pensaron que la figura inviolable de Juan Carlos sería, realmente, estar por encima de la ley”.