El fiscal suizo sitúa los 100 millones de Juan Carlos I en el sistema corrupto de Aràbia Saudita

Bertossa hace una consulta para saber si el gobierno saudí cometió "administración desleal"

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Un temporal  de momentos históricos

MadridEl primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, ha ampliado la investigación sobre el blanqueo agravado de capitales de los 100 millones de dólares transferidos por el ministerio de Finanzas saudi en 2008 al entonces rey Juan Carlos I a un caso de corrupción del gobierno de Arabia Saudi y su monarquía.

La agencia Bloomberg da cuenta hoy de este giro en una información que ya anticipó ARA en enero. 

Bertossa ha enviado en el marco de su investigación una consulta al Instituto de Estudios Suizo de Estudios Comparados de Lausana (Swiss Institute of Comparative Law) sobre si el pago de los 100 millones de euros por parte del rey Abdullaziz constituiría un delito según la ley saudí. 

Los 100 millones de dólares transferidos en 2008 (64,8 millones de euros de la época) constituyeron según los gestores y abogados suizos de Juan Carlos I un "puro regalo" sin contraprestaciones.

Pero Bertossa, a la luz de las revelaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, según las cuales Juan Carlos I cobró por sus buenos oficios sobre la obra de construcción del tren AVE Medina-La Meca, proyecto que salió a concurso en el periodo 2006-2011, investigaba la posible existencia de una comisión. Juan Carlos I ordenó transferir los fondos a una cuenta de su examante en el banco Gonet de Bahamas en junio de 2012.

Pena de 10 años

Según la agencia Bloomberg, el fiscal señala al Instituto de Estudios de Lausana que incluso asumiendo que el pago de los 100 millones de dólares al rey Juan Carlos I fuese un regalo plantea la cuestión de si ha sido una "administración desleal de intereses públicos de parte del anterior rey de Arabia Saudí", medio hermano del actual rey Salman.

Según la respuesta del Instituto, la administración desleal del Código Penal suizo también está definida como delito en Arabia Saudí, cuya ley prevé hasta 10 años de prisión.

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