El fiscal del Supremo rechaza investigar a Puigdemont y Tsunami Democrático por terrorismo
La junta de fiscales decidirá el martes si defiende esa posición ante el tribunal
BarcelonaPrimero fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ahora es la del Tribunal Supremo. El fiscal Álvaro Redondo, encargado de realizar el informe, se opone a investigar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont y la decena de imputados en la causa de Tsunami Democrático, según ha avanzado El Confidencial y han confirmado fuentes del ministerio público al ARA este domingo. En un escrito que deberá recibir el aval de la junta de fiscales, Redondo considera que los disturbios durante las movilizaciones posteriores a la sentencia son constitutivos de un delito de desórdenes públicos –incluidos en la amnistía– y no de terrorismo, en diferencia de lo que sostiene el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El juez había pedido al Supremo asumir la investigación porque Puigdemont, como eurodiputado, es aforado.
La junta de fiscales del Tribunal Supremo estudiará el martes el informe de Redondo y definirá el criterio que defenderá ante la sala penal del Tribunal Supremo, que es quien tomará la decisión final de si asume o no la investigación. En cualquier caso, el ministerio público de la Audiencia Nacional también ha recurrido la decisión de García-Castellón de investigar como terrorismo las movilizaciones de Tsunami Democrático y ha pedido que la causa vuelva a los juzgados de Barcelona. No ve terrorismo y ya había censurado antes el intento de García-Castellón de vincular la muerte de un turista francés por un ataque al corazón a los supuestos promotores de Tsunami.
García-Castellón, que esta semana ha prorrogado seis meses más la instrucción, considera que Tsunami Democrático era una "organización estructurada y jerarquizada" cuya finalidad era "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público". Además de Puigdemont, en esta causa investiga a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y al diputado de ERC Ruben Wagensberg –ahora en Suiza para preparar su defensa–, entre otros. Uno de los últimos movimientos del juez ha sido intentar responsabilizar a la plataforma de los incidentes en una visita de Felipe VI a Cataluña.