La Fiscalía archiva las investigaciones contra Juan Carlos I por la inviolabilidad y la prescripción de los delitos

MadridJuan Carlos I pasará a la historia como el rey de España que habría cometido delitos por sus fondos en el extranjero si no fuera por la inviolabilidad que lo protegía y porque se le investigó demasiado tarde. Pero su futuro judicial se aclara y su regreso a España es ahora más plausible. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles el archivamiento de todas las diligencias de investigación contra el emérito por sus fondos en el extranjero. Se acaba así un periplo judicial que conllevó que en marzo de 2020 Felipe VI le retirara la asignación y renunciara a su herencia. Y en agosto del mismo año, un exilio forzoso y a escondidas en Abu Dhabi que todavía dura.

Una de las ramas troncales de la investigación estaba vinculada a la adjudicación en 2011 de las obras del AVE que une las ciudades de Medina y la Meca, en Arabia Saudí, al consorcio empresarial Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos del país del golfo. Se indagaba si el ingreso de 64,8 millones de euros en 2008 a una cuenta de la fundación Lucum, cuyo titular real sería Juan Carlos I, era una comisión ilegal. La conclusión es que no. "La investigación no ha podido establecer, ni siquiera de manera indiciaria, ninguna vinculación entre el ingreso referido y la adjudicación del proyecto ni, por lo tanto, que esta cantidad guarde relación con el pago de una comisión. Se trataría, pues, de un regalo que podría haber sido recibido en tanto que jefe de Estado y, por lo tanto, susceptible de integrar el delito de soborno. No obstante, este posible delito estaría claramente prescrito", remarca la Fiscalía.

En relación a este dinero depositado en el banco Mirabaud, el ministerio público también ha identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública entre 2008 y 2012 que superan el importe de 120.000 euros, el umbral que el artículo 305 del Código Penal establece para que sea delito. La responsabilidad penal de los ejercicios 2008-2011 estaría extinguida por la prescripción, pero no la de 2012. Ahora bien, tampoco se podría perseguir al exmonarca dada su inviolabilidad que lo protegía como jefe del Estado hasta el 19 de junio de 2014. Sobre esta línea de investigación, la Fiscalía también ha analizado si se podría haber producido un posible blanqueo de capitales por los movimientos posteriores del dinero, pero apunta que acabaron antes de 2012, cuando todavía era inviolable.

Las regularizaciones en Hacienda

Más allá de los 65 millones de Arabia Saudí, la Fiscalía también investigaba gastos efectuados por la fundación Zagatka, creada en 2003 por Álvaro de Orleans, un primo lejano de Juan Carlos I y sospechoso de ser su testaferro. La Fiscalía concluye que, posteriormente a la abdicación, a través de esta fundación se sufragó el ocio del emérito y familiares suyos, pero sin poder concretar la cifra total ni el origen de los fondos empleados. La documentación facilitada por la Fiscalía de Suiza y las declaraciones tributarias que la defensa de Juan Carlos I presentó los días 2 y 3 de febrero sí que han podido establecer que entre 2014 y 2018 Zagatka pagó mediante transferencias viajes y otros servicios del emérito. Pero no solo: De Orleans le dio tres armas de fuego por valor de 102.000 euros, con una obligación tributaria por parte de Juan Carlos I de 30.411 que no comunicó a Hacienda. Con todo, el ministerio público considera que la administración tributaria de la Comunidad de Madrid no tiene que actuar contra él.

Para saber si se podía perseguir a Juan Carlos I por no haber pagado el IRPF correspondiente a los ejercicios de 2014 a 2018 por valor de 4,4 millones de euros había dos claves: que la regularización con Hacienda fuera completa y si se había hecho sin conocer que la Fiscalía lo estaba investigando y sin que hubiera un requerimiento previo de la administración tributaria. El ministerio público cree que no existía ninguna de las dos cosas, por la "sencilla razón" que cuando se produjo la la puesta al día con Hacienda, el 2 y 3 de febrero, los investigadores desconocían a qué se referían aquellas regularizaciones.

"Por tanto, las notificaciones de incoación de diligencias de investigación no podían tener, en el momento en el cual se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias que activara el bloqueo temporal a la regularización que prevé el apartado 4 del artículo 305 del Código Penal. La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, conducta que posteriormente ha quedado perfilada después del análisis de las actuaciones practicadas y, particularmente, después de las declaraciones tributarias efectuadas por la representación de Juan Carlos", dice el decreto.

A pesar de no poder actuar por la vía penal, la Fiscalía celebra que su investigación haya permitido recuperar casi 5,1 millones de euros para las arcas públicas, contando también la otra regularización que el exmonarca hizo por valor de 556.000 euros en diciembre de 2020 en concepto del impuesto de sucesiones y donaciones por unas transferencias que le hizo el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause a un excolaborador de Juan Carlos I, el coronel Nicolás Murga Mendoza, y de las cuales se benefició el emérito.

Había aún una tercera pata en las investigaciones de la Fiscalía que hace unas semanas la Cadena Cope ya adelantó con detalle que se archivarían. Se trata de la existencia de un trust en la isla de Jersey que el Sepblac había alertado que podía tener a Juan Carlos I como último propietario de los fondos. El ministerio público ha confirmado que hasta el 2004 el emérito era beneficiario de dos trusts que había creado en 1995 y en 1997 su amigo Manuel Prado Colón de Carvajal y dotados con aproximadamente cinco millones de dólares. En 2004 decidió cerrarlo y traspasar el dinero al historiador y profesor Joaquín Romero Maura, que abrió el trust bajo sospecha, JRM 2004 Trust, con casi 15 millones de euros. La Fiscalía concluye que no puede actuar contra Juan Carlos I porque no tiene indicios que lo relacionen con estos fondos opacos y, a partir de la abdicación, el dinero que quedaba no eran suficiente como para implicar ningún delito contra la Hacienda pública.

¿Vía libre para el regreso a España?

La defensa del emérito ha emitido un breve comunicado en el cual subraya que no se haya abierto una causa judicial contra Juan Carlos I e informa que después de estudiar con detenimiento los decretos de archivamiento hará una valoración más amplia la semana que viene. Además, su abogado, Javier Sánchez-Junco, destaca que se hará "eco de las decisiones que pueda tomar Juan Carlos" y que las comunicará "oportunamente". El camino judicial del anterior rey de España se ha aclarado y su regreso, después de un año y medio de autodestierro en Abu Dhabi, está más cerca.