MadridLa Fiscalía es partidaria de que la Audiencia Nacional abra formalmente una causa penal sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. Así lo expresa el informe que ha entregado el fiscal Jesús Alonso, que concluye que la jueza es competente para investigar los hechos. Después de haber recibido el pronunciamiento del ministerio público y los informes de la policía española y de la Guardia Civil que pidió a principios de agosto, ahora María Tardón tendrá que tomar una decisión. La Fiscalía argumenta que el “principal resultado” de la entrada de migrantes afectó a Ceuta y justifica que la Ley del Poder Judicial permite que la jurisdicción española ponga la lupa sobre “conductas desarrolladas fuera del territorio nacional” cuando haya “elementos de conexión suficientes” y cuando los “efectos jurídicamente relevantes” se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español.
El fiscal esgrime que los primeros indicios de la investigación apuntan a que una “parte sustancial” de la “planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica” de la entrada masiva “se habría desarrollado en territorio marroquí”, mientras que “la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes” fueron en territorio español. Además, pide a la jueza que decrete el secreto parcial de las actuaciones vistas las “razones excepcionales” del caso.
A estas alturas, la Fiscalía considera que los hechos investigados serían constitutivos de los delitos de organización o grupo criminal y de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por poner en peligro la vida o la integridad física de las personas y en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Más adelante, la instrucción tendrá que determinar si los hechos pudieron suponer delitos que afecten al orden público o bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado.
El pronunciamiento de la Fiscalía llega dos días después de que trascendiera el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que concluye que los migrantes contaron con la complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes, que “favorecieron” la entrada con un “guiado activo de la masa hacia lugares de paso” y mostraron una “total permisividad” con las personas que cruzaban la frontera, sin hacer “ninguna tentativa seria” de intentar “dispersarlas o alejarlas”.
Los frentes judiciales de la crisis de Ceuta
El caso de la Audiencia Nacional nació a raíz de una denuncia que presentó Iustitia Europa por una “instrumentalización de flujos migratorios que compromete la integridad territorial y la seguridad pública”. Posteriormente, Vox y Hazte Oír también llevaron la crisis a la Audiencia Nacional y la jueza decidió acumularlo todo bajo el mismo paraguas. El PP y el gobierno de Ceuta han anunciado que se personarán como acusación popular. En las últimas horas, la asociación Liberum –otra habitual en las causas que salpican al PSOE– ha presentado una nueva denuncia.
En paralelo, Manos Limpias presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. De momento, el alto tribunal todavía no ha movido ficha. Donde sí ha habido novedades es en los juzgados de Ceuta, que han incoado diligencias previas por una denuncia del pseudosindicato ultra contra el delegado del gobierno español en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación por omisión. Vox y Hazte Oír también han impulsado acciones contra él.
“Apoyo absoluto” a la jueza ante las críticas de Marlaska
La Audiencia Nacional ha manifestado su “apoyo absoluto” a la actuación de la jueza María Tardón tras las críticas del ministro Marlaska, quien expresó a la presidenta del Poder Judicial su “preocupación” por la decisión de la jueza de prohibir que los investigadores facilitaran información a sus superiores.
Ahora la sala de gobierno de la Audiencia Nacional cierra filas con la jueza: “No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación, sino que, al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales”.