MadridLa Fiscalía es partidaria de que la Audiencia Nacional abra formalmente una causa penal sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio. Así lo expresa el informe que ha entregado el fiscal Jesús Alonso, que concluye que la jueza es competente para investigar los hechos. Después de haber recibido el pronunciamiento del ministerio público y los informes de la policía española y de la Guardia Civil, la magistrada María Tardón tomará una decisión en los próximos días. La Fiscalía argumenta que el “principal resultado” de la entrada de migrantes afectó a Ceuta y justifica que la ley del poder judicial permite que la jurisdicción española ponga la lupa sobre “conductas desarrolladas fuera del territorio nacional” cuando existan “elementos de conexión suficientes” y cuando los “efectos jurídicamente relevantes” se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español.
El fiscal esgrime que los primeros indicios de la investigación apuntan a que una “parte sustancial” de la “planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica” de la entrada masiva “se habría desarrollado en territorio marroquí”, mientras que “la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes” fueron en territorio español. Además, pide a la jueza que decrete el secreto parcial de las actuaciones vistas las “razones excepcionales” del caso.
A estas alturas, la Fiscalía considera que los hechos investigados serían constitutivos de los delitos de organización o grupo criminal y de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por haber puesto en peligro la vida o la integridad física de las personas y en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Más adelante, la instrucción deberá determinar si los hechos pudieron suponer delitos que afectaran al orden público o bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado.
La Guardia Civil sostiene que los avisos previos no preveían la entrada masiva
Justamente esta mañana, la Dirección del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado a María Tardón el informe que solicitó la jueza hace un mes: apunta que los avisos previos no preveían la entrada masiva de personas que finalmente hubo. Según explica Europa Press, el documento menciona la información compartida por los canales de cooperación habituales sobre la concentración de personas en el lado marroquí de la frontera, pero recalca que no se vislumbró la situación de colapso que se acabó produciendo.
Este documento llega dos días después de que trascendiera el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que concluye que los migrantes contaron con la complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes, que “favorecieron” la entrada con un “guiado activo de la masa hacia lugares de paso” y mostraron una “total permisividad” con las personas que cruzaban la frontera, sin hacer “ninguna tentativa seria” de intentar “dispersarlas o alejarlas”.
Los frentes judiciales de la crisis de Ceuta
El caso de la Audiencia Nacional nació a raíz de una denuncia que presentó la entidad ultra Iustitia Europa por una “instrumentalización de flujos migratorios que compromete la integridad territorial y la seguridad pública”. Posteriormente, Vox y Hazte Oír también llevaron la crisis a la Audiencia Nacional y la jueza decidió acumularlo todo bajo el mismo paraguas. El PP y el gobierno de Ceuta han anunciado que se personarán como acusación popular. En las últimas horas, la asociación Liberum –otra habitual en las causas que salpican al PSOE– ha presentado una nueva denuncia.
En paralelo, Manos Limpias presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. De momento, el alto tribunal todavía no ha movido ficha. Donde sí ha habido novedades es en los juzgados de Ceuta, que han incoado diligencias previas por una denuncia del pseudosindicato ultra contra el delegado del gobierno español en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación por omisión. Vox y Hazte Oír también han impulsado acciones contra él.
“Apoyo absoluto” a la jueza ante las críticas de Marlaska
Un rato antes del posicionamiento de la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha manifestado su “apoyo absoluto” a la actuación de María Tardón tras las críticas del ministro Marlaska, que expresó a la presidenta del Poder Judicial su “preocupación” por la decisión de la jueza de prohibir que los investigadores facilitaran información a sus superiores.
La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha querido salir al paso para cerrar filas con ella: “No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación, sino que está actuando para la preservación y defensa del interés general de España dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales”.