La Fiscalía investigará la "espontaneidad, veracidad y completitud" de la regularización del rey emérito

MadridJuan Carlos I tenía la confianza de que, con la declaración voluntaria presentada en Hacienda, evitaría una querella por las tarjetas opacas. Pero las esperanzas del rey emérito podrían truncarse. Lejos de cerrar la investigación después del pago en Hacienda de 678.394 euros, la Fiscalía ha decidido ampliarla. En un comunicado, el ministerio público informa este viernes que el equipo de fiscales que lleva todos los casos que rodean al rey emérito ha decidido que la Fiscalía del Supremo valore "la espontaneidad, veracidad y completitud" de la regularización llevada a cabo por el ex monarca.

Los términos no son casuales. La ley establece que cualquier ciudadano puede presentar una declaración voluntaria, siempre y cuando la Agencia Tributaria no lo haya denunciado o bien se hayan querellado. Hacerlo no se considera admitir el fraude fiscal, puesto que se podría dar la circunstancia de que hubiera un error en la declaración de la renta y Hacienda premia el pago a las arcas del Estado. Ahora bien, desde febrero de 2019 la doctrina del Supremo exige que se haga el pago antes de conocerse que existe una investigación.

El aviso a principios de noviembre

Se da la circunstancia de que Juan Carlos I fue avisado a principios de noviembre por parte de la Fiscalía de la investigación sobre las tarjetas opacas. Fue justo cuando salió a la luz el caso, con una información publicada por eldiario.es. La Fiscalía del Supremo, pues, pasará ahora a analizar si el pago en Hacienda cumple con lo que establece el artículo 305.4 del Código Penal, que exculpa del delito fiscal a quien pague las deudas antes de que "el ministerio fiscal realice actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

De probarse la notificación por parte de la Fiscalía, puesto que actualmente se desconoce en qué términos se hizo, se tendría que rechazar la declaración tributaria. Es lo que establece la sentencia de febrero del 2019, en la cual fue ponente el magistrado Antonio de Moral, que puede servir como precedente para el caso del rey emérito. Se trata del caso de un empresario gallego relacionado con el impuesto sobre sociedades, que regularizó unos días antes de acudir a una citación de la Fiscalía porque ya sabía que estaba siendo investigado.

Ahora bien, fuentes del Tribunal Supremo citadas por Europa Press, apuntan que a pesar de existir esta doctrina, en estos casos suele primar la existencia de una denuncia o querella que en el caso de Juan Carlos I no se ha producido. Ahora bien, cabe un debate jurídico sobre el tema antes de anunciar si sale adelante o no la investigación sobre las tarjetas opacas, que salpican también a la reina Sofia y a algunos de los nietos del rey emérito, y que convivían al margen de los 65 millones de euros en comisiones que presuntamente cobró el ex monarca del AVE a la Meca.