El rey emérito paga 678.394 euros a Hacienda para evitar una investigación penal sobre las tarjetas opacas

MadridEl rey emérito admite por primera vez el fraude a las arcas públicas españolas. En un comunicado, su abogado, Javier Sánchez-Junco, ha informado que Juan Carlos I ha presentado ante la Agencia Tributaria una declaración voluntaria, "sin requerimiento previo", para regularizar parte de sus fondos. La deuda que tenía con Hacienda se elevaba a 678.393,72 euros con intereses y recargos incluidos que ya ha pagado, según informa Sánchez-Junco. Además, se pone a disposición de la Fiscalía para cualquier trámite o actuación que fueran necesarios

En ningún caso se trata de los millones de euros en el extranjero que lo llevaron a huir de España hace cuatro meses después de que la Fiscalía del Supremo abriera una investigación por los 65 millones de euros en comisiones del AVE a la Meca, sino del dinero utilizado a través de tarjetas opacas entre 2016 y 2018. Tal y como avanzaron el pasado fin de semana El País y El Mundo, el equipo jurídico de Juan Carlos I se puso en contacto con el gobierno español para intentar regularizar los fondos y estaba en manos del ministerio de Hacienda decidir si aceptaba o no la declaración voluntaria. Y es que en esta ocasión, el caso no salpica solo al rey emérito, sino también a su mujer, la reina Sofia, así como a diferentes nietos. Según publicaba ayer martes el digital El Confidencial, los hijos de la infanta Elena, Froilán y Victoria Federica, habrían sido los más beneficiados de este dinero proveniente del empresario mexicano Allen Sanginés-Kraus.

Con la presentación de la declaración voluntaria, Juan Carlos intenta así impedir otra investigación penal en uno de los casos en los que no estaría protegido por la inviolabilidad de su reinado, que acabó en 2014, puesto que a diferencia de las comisiones del AVE a la Meca y una presunta sociedad en el paraíso fiscal de la isla de Jersey -la otra causa abierta-, se trata de hechos recientes. La Fiscalía Anticorrupción abrió en 2019 una investigación al detectar el uso de estas tarjetas, con las que se habrían pagado más de 275.000 el año. El ministerio público ya ha interrogado al millonario mexicano, así como también al teniente coronel retirado, Nicolás Murga Mendoza, que habría hecho de testaferro del rey emérito.

Presión sobre Felipe VI

La decisión de Juan Carlos I también se puede interpretar como una maniobra para intentar volver a España lo más pronto posible. Algunos medios españoles apuntaban que incluso esta Navidad, a pesar de la negativa del gobierno español y de la Zarzuela. Y es que a pesar del escándalo que supone la regularización, porque supone admitir las tarjetas opacas -a pesar de que en el comunicado del abogado del rey emérito no se hace referencia a ellas-, el rey emérito ve como se apagan poco a poco las investigaciones judiciales, puesto que la Fiscalía del Supremo se inclina por archivar el caso de las comisiones del AVE a la Meca por estar protegido entonces por la inviolabilidad constitucional.

La Moncloa ha dejado en manos de Felipe VI cualquier respuesta al asunto. El rey tiene sobre la mesa uno de sus discursos más difíciles esta noche de Navidad. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, que "lo que tenga que decir la Casa Real sobre esta cuestión, si tiene algo que decir, lo dirá y lo planteará el rey". Los ministros socialistas evitan así pronunciarse, mientras que los de Unidas Podemos reclaman a Felipe VI que dé explicaciones tanto por este tema como también por las cartas recibidas de militares retirados.

Ahora bien, Montero sí que ha pedido "ejemplaridad" a la corona, igual que se pide al resto de ciudadanos en cuanto a su situación fiscal. No ha querido detallar si Juan Carlos I tenía pendiente una declaración voluntaria, que después se ha acabado certificando con el comunicado de su abogado, porque, según ha dicho la ministra portavoz, se trata siempre de información confidencial. Ahora bien, sí que ha detallado que de tener abierta una investigación, el rey emérito no podría presentarla.