La Fiscalía pide tres años de prisión para el director de la oficina de Puigdemont

BarcelonaEl historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president Carles Puigdemont, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía lo acusa de haber pagado con dinero público un viaje de carácter "personal" en 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia y pide para él tres años de prisión y hasta diecisiete años de inhabilitación para ejercer un cargo en la administración.

La jueza que investigaba el caso, la titular del juzgado de instrucción 28 de Barcelona, ha enviado la causa a juicio después de evaluar si impone alguna medida cautelar a Alay. Finalmente, ha decidido mantenerlo en libertad con cargos –le atribuye los delitos de malversación de dinero público y prevaricación– pero le exige una fianza de 4.732,56 euros. La decisión se puede recurrir.

La fianza que la jueza ha impuesto a Alay deriva del dinero que la Fiscalía considera que el historiador habría sacado de las arcas públicas para financiar el coste del viaje. Según el ministerio público, fue el departamento de Presidencia quien asumió la contratación del desplazamiento, a cargo del presupuesto de la oficina del president. La fiscal anticorrupción Teresa Duerto acusa a Alay de "abusar" de su condición de responsable de la oficina usando dinero público para ir a Nueva Caledonia a promocionar el proyecto independentista de una de las formaciones políticas del país, que fue quien lo invitó a ir.

Según la fiscal, el viaje respondía a intereses personales y "no existía ninguna razón que justificara el pago con cargo a su dotación presupuestaria pública". Inicialmente la Fiscalía también se querelló contra la actual secretaria del departamento de Salud, Meritxell Masó, a la que responsabilizaba de autorizar los gastos del viaje mientras era secretaria de Presidencia. Pero la jueza archivó esta parte de la investigación.

Esta no es la única causa judicial que arrastra Alay, que tiene dos más pendientes: el juzgado de instrucción 1 de Barcelona lo investiga dentro del caso Volhov por haber desviado presuntamente dinero público para financiar el Procés. La Audiencia Nacional también lo mantiene investigado dentro de la causa contra el Tsunami Democràtic. En cambio, el mismo tribunal archivó la investigación que le había abierto por el hecho de acompañar a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania.