Las gasistas del caso Montoro se han ahorrado hasta 51 millones de euros en impuestos en apenas diez años
Es la extrapolación que realiza la AEAT después de los tributos modificados, el impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto de actividades económicas
Barcelona / MadridEn un principio, las empresas gasistas se encontraron con un no rotundo. En octubre de 2013 se aprobó una ley que permitía a ciertos sectores una reducción del 85% en la base liquidable del impuesto sobre la electricidad. Algunos fabricantes de gas llamaron a la puerta del ministerio de Hacienda, al que pidieron que ellos, como industria en la que la electricidad que se consume supone más de un 50% del coste del producto que fabrican, también pudieran acogerse a ese descuento. Entonces, la respuesta del ministerio fue que las "limitaciones que impone el restrictivo marco presupuestario" lo hacían imposible. Incluso la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) concluyó que extender la rebaja fiscal a esta tipología de empresas sería de "difícil control".
Tal y como recoge el sumario del caso Montoro, al que ha podido acceder el ARA, las gasistas no desistieron. Coordinadas a través de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), intentaron ponerse en contacto con parlamentarios catalanes, realizaron otras acciones de lobi, pidieron reuniones con la cúpula de Hacienda... pero ante los pocos frutos que obtuvieron llegaron a una conclusión: "Lo más fácil no es influir a los parlamentarios catalanes, es vínculo directo con el ministro Cristóbal Montoro", admite en un correo uno de los directivos de una gasista. A partir de ese momento, todo cambió.
El despacho fundado por el exministro de Hacienda, con conexión directa con la cúpula de Hacienda, empezó a negociar la reforma y la actitud del ministerio viró: hubo una reunión de las gasistas con el propio ministro y la puerta a la reforma pasó a estar abierta. Del sumario se desprende que supuestamente las cinco empresas habrían pagado un total de 270.000 euros en el despacho económico por un breve informe técnico de 12 páginas. "Equipo Económico fue contratado por su capacidad de influencia" y no por el informe, concluyen los Mossos. Según los cálculos aproximados realizados por la Agencia Tributaria en junio de 2023, fue un negocio más que rentable para estas cinco gasistas (Air Liquide, Carburos Metálicos, Messer, Linde y Praxair). Con aquella reforma del impuesto sobre la electricidad que lograron en el 2014 (y que entró en vigor en el 2015), los investigadores realizan una extrapolación del beneficio acumulado que habrían obtenido las gasistas afectadas a los diez años (el momento de redacción del informe) y concluyen que escala hasta los 41 millones de euros. Un dinero, pues, que habría perdido las arcas públicas.
Pero la cosa no acaba aquí. Al cabo de unos años, en concreto en 2018, el sumario recoge un movimiento similar. el ahorro acumulado por las cinco gasistas al cabo de cinco años es presuntamente de unos 10,5 millones de euros. Con las dos modificaciones legales, pues, supone que las cinco empresas habrían dejado de pagar más de 51 millones de euros que el Estado dejó de recaudar. 438.276,50 euros", se recoge en el sumario.
Implicación en el redactado
Una de las revelaciones del sumario es que las propias gasistas habrían participado en el redactado de la reforma de las leyes, en particular en lo que se refiere al impuesto sobre la electricidad. Lo que se aprobó finalmente se diferenció poco de un borrador planteado por sí mismas, según los Mossos, que lo califican de una posible "sustitución indebida en el ejercicio de potestades normativas". Según la policía catalana, el despacho económico tenía "suficiente influencia no sólo por lograr el cambio legislativo, sino por participar activamente en el desarrollo reglamentario" de la norma.
En un año la reforma ya estaba aprobada y el efecto fue inmediato: la Agencia Tributaria admitió que en un solo año había dejado de recaudar 20 millones de euros por la entrada en vigor de la reforma, tal y como se desprende en el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2015 del organismo. Es decir, esa exención del impuesto eléctrico ya estaba en vigor en el 2014 y supuso 39 millones menos para las arcas públicas. Al año siguiente, cuando ya se había aprobado la reforma hecha a medida para las gasistas (a la que se podían adherir más empresas), el Estado vio esfumarse 59 millones de euros en recaudación.
Este dato, sin embargo, incluye a otras empresas que ya se beneficiaban anteriormente de la deducción del 85%. En cuanto únicamente a las gasistas que contrataron a Equipo Económico, un informe de la Agencia Tributaria aproxima que desde el momento de la aprobación de la norma hasta el momento de la confección de este informe, un transcurso de 10 años, las gasistas se ahorraron 41 millones de euros. Sin embargo, a este beneficio aún falta sumar la rebaja del impuesto sobre actividades económicas (IAE).
El segundo impuesto
Hacía años que las propias empresas del sector gasístico reivindicaban un cambio en el decreto que recogía las tarifas a pagar por el IAE. En concreto, las cinco compañías buscaban una tributación más laxa para ese tributo, en contra del criterio de los ayuntamientos, que son sus titulares. En este caso existía una distinción entre la fabricación de gases licuados/industriales a baja presión y la fabricación de gases comprimidos. Esta última referencia era más costosa para las gasistas, que pedían la tarifa que afectaba a los gases licuados/industriales.
La demanda se remonta, al menos, al año 1999. Sin embargo, hasta el 2017 las gasistas no habían logrado hacer suficiente presión para que Hacienda lo valorara. Tras el éxito anterior con el impuesto sobre la electricidad, decidieron acudir de nuevo a Equipo Económico –con un pago que podía ascender a los 360.000 euros si conseguían la reforma– y en un año la medida se hizo realidad. De nuevo, los Mossos sospechan en el sumario que las gasistas participaron en el redactado e incluso vieron los presupuestos del Estado antes que las cámaras legislativas.
La Agencia Tributaria calcula, con datos de las propias empresas, que el ahorro que consiguieron en cinco años (desde la aprobación de la reforma en 2018 hasta el momento de elaboración del informe) se aproxima a los 10,5 millones de euros. Lo calculan a través de una proyección de ahorro de una de las gasistas y lo hacen aproximando a que todas estarían en igualdad de condiciones. Es decir, que ambas reformas impositivas habrían podido permitir a las empresas, de forma aproximada, ahorrarse 52 millones de euros que dejaron de recaudar las arcas públicas.