La fiscala se quejó de la lentitud de la Guardia Civil en el caso Montoro

BarcelonaTodo empezó con una investigación local de un juzgado de Tarragona en una empresa gasista por un delito de ordenación del territorio. Sin embargo, de los correos electrónicos intervenidos y tras una larga labor de investigación por parte de los especialistas de los Mossos d'Esquadra, ha acabado saliendo el conocido caso Montoro, una presunta trama corrupta que afecta al exministro y parte de la cúpula del ministerio de Hacienda de la época. La pieza separada por este caso se abrió en el 2018 y, tras numerosas prórrogas y más de 5.000 páginas de sumario, la investigación se encuentra todavía en un punto clave: se están analizando las cuentas bancarias y las tarjetas de los implicados, una parte fundamental para poder acreditar si hubo enriquecimiento personal del alto cargo del ministerio y que influía por conseguir beneficios fiscales para empresas privadas.

Aunque el grueso de la investigación lo han llevado los Mossos d'Esquadra, el magistrado instructor de Tarragona decidió dar parte de las diligencias a la Guardia Civil para conseguir la "máxima eficacia y eficiencia". Una de las partes que le tocó en la Unidad Central Operativa (UCO) de la policía española fue el análisis de todas las cuentas bancarias y tarjetas de los investigados. Sin embargo, una tarea que le ha valido más de un estirón de oreja por parte de la fiscal que lleva el caso, la judicatura y de la propia Agencia Tributaria (AEAT) por no compartir los avances de la investigación ni tratarlo como un asunto prioritario, según el sumario al que ha tenido acceso el ARA. Todo llegó hasta tal punto que la Fiscalía se quejó en más de una ocasión de la lentitud de la policía española.

A lo largo de la instrucción judicial, la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria ha ido enviando a la policía los informes que necesitaban sobre la información bancaria de algunos implicados. En mayo de 2019, por ejemplo, ya aportaron las vinculaciones económicas de los principales socios de Equipo Económico a petición de los Mossos. En febrero de 2022, la Agencia Tributaria recibió una nueva solicitud de información, en este caso por parte de la Guardia Civil. Sin embargo, la AEAT se mostró sorprendida porque la policía española no le había pedido información sobre los productos bancarios ni de Montoro, ni de su hermano ni del exministro Luis de Guindos, entre otros altos cargos.

Finalmente, recibieron esta solicitud de la Guardia Civil más tarde. Sin embargo, las quejas de la Agencia Tributaria no terminan aquí: critican en su informe que no han recibido información adicional del estado de la investigación desde el año 2020 y avisan de que, si las diligencias se encuentran en el mismo punto, se necesitarían pruebas de que van más allá de las declaraciones tributarias, ya que de esta manera no se llegarían a las pantallas ni se llegaría a las pantallas. Tras dejar por escrita esta queja, la AEAT pasa a recabar la información bancaria, ahora sí, de Montoro y de su entorno más cercano. Antes se encontraron ya con dificultades para acceder a los correos electrónicos de los implicados y vieron que había contenido que estaba capado.

La espera de la Fiscalía

Esta información de más que pedía la Agencia Tributaria podía llegar con la información de las cuentas bancarias de los implicados. el instructor recibían ningún tipo de regreso de la Guardia Civil sobre las cuentas bancarias. La información de las tarjetas fue uno de los motivos de peso –y así lo va dejando claro el ministerio fiscal en más de una resolución– para alargar la instrucción. de esta investigación, porque continuaban sin retorno alguno. Sí que, durante estos meses, la Guardia Civil había pedido algunas correcciones al juez porque había solicitado a bancos cuentas que en última instancia no eran suyas. 18 para llegar. "Sin embargo, la Guardia Civil también comunicaba que no han iniciado el estudio de la trazabilidad" de las cuentas, lamentaba la Fiscalía. Un mes después, en julio del 2024, el letrado de la administración de justicia tuvo que remitir otro escrito a la Guardia Civil pidiendo que entregaran "en el plazo más breve posible" el vaciado de las cuentas bancarias. de instrucción; una falta de transparencia por la que también recibieron quejas.