La Generalitat concede el tercer grado a los presos políticos
Saldrán este viernes y tendrán que volver a dormir o en prisión o en un centro abierto de lunes a jueves
Catorce días ha tardado la Generalitat en responder a la propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones y este jueves ha clasificado a los presos políticos en tercer grado. No había muchas dudas de cuál sería la resolución, teniendo en cuenta que hace seis meses la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima ya les concedió la semilibertad. Ahora uno de los argumentos para volverlo a hacer es, precisamente, el tiempo transcurrido desde la última vez y el hecho de que la mayoría de los internos ya han cumplido o están a punto de cumplir una cuarta parte de la condena. Solo la expresidenta Carme Forcadell sigue pendiente de la resolución de la conselleria de Justicia, que aún no ha analizado su caso, según confirman fuentes del ejecutivo.
La Fiscalía puede recurrir la decisión y serán los jueces de vigilancia penitenciaria los que, en primera instancia, concluirán si los nueve presos políticos catalanes pueden salir de los centros diariamente o si, por lo contrario, les suspenden la clasificación en tercer grado hasta que hayan analizado las nuevas circunstancias. Hasta que esto no suceda, los presos podrán elegir entre volver a dormir a la cárcel o escoger un centro abierto para seguir cumpliendo la condena.
La primera implicación de esta medida es que los presos políticos podrán tomar parte en la campaña electoral que comienza precisamente este jueves (formalmente a la medianoche). No lo podrán hacer esta tarde en Mataró (ERC) ni tampoco en Esplugues (JxCat), pero si lo consideran oportuno se podrán sumar a ella a partir de este viernes cuando todos (excepto Forcadell) abandonarán sus centros penitenciarios para pasar el fin de semana en casa. Su participación física en campaña era una variable que se daba por segura -ya fuera por los permisos o el tercer grado-, pero también hay previsión de que puedan volver a cerrar antes de la jornada electoral del 14 de febrero. A diferencia de otras ocasiones en los últimos tres años, ninguno de ellos ha podido formar parte de las listas, ya que están inhabilitados.
Hace un mes el Tribunal Supremo dictaminó de manera contundente contra la semilibertad de todos ellos. La consideró "prematura", teniendo en cuenta las penas de entre 9 y 13 años de prisión, aunque, más allá del tiempo transcurrido de la condena, la principal crítica de los magistrados fue dirigida a la Generalitat, acusándola de intentar "reinterpretar permanentemente" la sentencia. "Se convierten en una extravagante tercera instancia que se atribuye la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales constitucionalmente llamados al ejercicio de la función jurisdiccional", lamentaba el Supremo en el auto del 4 de diciembre. "Los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por eso, improcedente", concluía entonces el alto tribunal.
Argumentos para la semilibertad
Los tres años de prisión son "un tiempo suficiente para la confirmación de una evolución positiva", asegura el departamento de Justicia. Y más cuando todos pudieron salir durante varias semanas de las cárceles para trabajar o hacer voluntariado, ya fuera gracias al artículo 100.2 del reglamento penitenciario o, a partir de julio, del tercer grado. Forcadell y Bassa, de hecho, continuaron en régimen de semilibertad hasta la decisión del Supremo de diciembre. Esta es una situación que se podría volver a repetir ahora. La juez de vigilancia penitenciaria de Lledoners dictaminó a favor del tercer grado de los presos, pero se curó en salud suspendiéndoles las salidas hasta que fuera la sala que preside Manuel Marchena la que tomara una decisión definitiva. En cambio, el juez que lleva los casos de las mujeres, en Wad-Ras y Puig de les Basses, mantuvo vigente el tercer grado hasta el último momento.
Aunque uno de los argumentos que ha esgrimido la Fiscalía hasta ahora para oponerse al tercer grado es que ninguno de ellos se ha arrepentido de los hechos por los que fueron condenados, el servicio de clasificación de la Generalitat asegura que hay "un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia" y que todos han participado en "actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos". Además, "la máxima colaboración, tanto con el resto de internos como con los profesionales de los equipamientos penitenciarios", juega a su favor, así como "la ausencia de incumplimientos judiciales y de expedientes disciplinarios". Las resoluciones también tienen en cuenta que, en todos los casos, "existe una red social y familiar favorable para la rehabilitación".
Calvo recuerda que otras autoridades se pueden pronunciar
Desde la Moncloa aseguran que "sobre estas cuestiones no se pronuncian". Ahora bien, la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, recordó que hay otras autoridades que pueden pronunciarse sobre el tercer grado. "Donde hay intervenciones garantistas a través de la ley penitenciaria de las autoridades competentes, el gobierno [español] no se pronuncia", dijo en declaraciones en el patio del Congreso tras conocerse la noticia enfatizando que todo "el ejecutivo español no interviene en estas cuestiones".
