La Generalitat pide más tiempo al TSJC para cumplir la sentencia del 25%

BarcelonaMás tiempo. Esto es lo que pide la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para poder adaptarse a la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en la escuela. El Govern ha presentado un recurso contra la interlocutoria de ejecución de sentencia del 9 de mayo, que fijó un plazo máximo de 15 días para dar las órdenes internas pertinentes a todo el sistema educativo catalán. En el documento, la Generalitat subraya que no ha estado "inactiva" desde que se dictó la sentencia y, tal como ya hizo saber al TSJC, ha iniciado los trámites para aprobar una reforma de la ley de política lingüística y un decreto de despliegue del régimen lingüístico. El abogado del Govern censura que el tribunal haya actuado asumiendo que estas medidas no han provocado cambios "por ahora" y que se haya extralimitado obligando al departamento de Educación a dictar normas internas específicas.

Pocos días antes de la finalización del curso escolar, la Generalitat entiende que dictar estas normas puede ser "contraproducente" para los alumnos, los profesores y las familias, además de advertir de la dificultad de fijar un porcentaje concreto de clases en castellano cuando mayoritariamente se trabaja por proyectos. Incluso se apunta "el impacto económico" que la medida podría tener, por ejemplo a la hora de comprar nuevos libros para el último mes de clases.

Hace un mes y medio que se anunció un acuerdo para reformar la ley de política lingüística con una fotografía conjunta entre ERC, JxCat, el PSC y los comuns. En aquel texto, que cuelga de un hilo desde que Junts se desmarcó, se subraya que los alumnos catalanes tienen derecho a recibir las enseñanzas de las lenguas oficiales "y en las lenguas oficiales", de forma que se admite que el castellano, como lengua oficial en Catalunya, también es una lengua de aprendizaje en la escuela, a pesar de que se evita decir que es vehicular. Este mismo martes, los tres partidos que siguen comprometidos con la reforma han dado 24 horas a Junts y, si no, actuarán sin miramentos.

En paralelo, el Govern prepara un decreto para adaptarse a la sentencia, siempre descartando incluir porcentajes lingüísticos en las escuelas, y JxCat también ha anunciado que enviará al ejecutivo otra propuesta de decreto para que sea el departamento de Educación el responsable de validar todos los proyectos lingüísticos de los centros y, por lo tanto, asuma las responsabilidades ante la justicia.

Los argumentos jurídicos

La Generalitat, pues, pide más tiempo al TSJC, pero también se opone al hecho de que se otorgue a la Asamblea por una Escuela Bilingüe la legitimidad para reclamar la ejecución de la sentencia. No lo ha hecho, en cambio, la Advocacia del Estado, que, en representación del gobierno español, es quien recurrió originalmente a la justicia. De hecho, como se recuerda en el recurso, la Abogacía aceptó que la Generalitat tiene "libertad" para decidir qué medidas tiene que adoptar para cumplir la sentencia. La misma sentencia del TSJC del 16 de diciembre de 2020 daba un margen discrecional al Govern, asumiendo que tendría que "adoptar las medidas que sean necesarias", sin apuntar una en concreto.

Por todo ello, el Govern considera que la interlocutoria de principios de mayo cambia el sentido de la sentencia, puesto que obliga al departamento de Educación a dar instrucciones concretas a los centros. Y, además, se legitima una entidad que no puede representar al conjunto de los alumnos y de los profesores afectados por la sentencia porque no tiene ninguna habilitación legal para hacerlo.

Este recurso es el último salvavidas jurídico. Si el tribunal no lo acepta y sigue reclamando la ejecución de la sentencia, se tendrá que ver si el cambio en la ley y el nuevo decreto son suficientes para aplacar la voluntad del TSJC.