El gobierno español aprobará el viernes medidas extraordinarias por la guerra en Irán

MadridEl gobierno español se reunirá el viernes en un consejo de ministres extraordinario para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y aprobar un paquete de medidas. Fuentes de la Moncloa explican que el plan de respuesta para la guerra en Oriente Medio incluirá decisiones coyunturales y estructurales, tal como ha confirmado la misma vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Pero de entrada no serán medidas generalizadas como se hizo con la guerra de Ucrania en los carburantes, sino que se priorizarán los sectores económicos más afectados y también los "más vulnerables".

A este mismo lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y también el de Agricultura, Luis Planas, se han reunido con representantes de la industria alimentaria, del sector de los fertilizantes –clave para el sector primario– y del de la alimentación animal para abordar precisamente las medidas necesarias para este ámbito económico, uno de los más afectados por la guerra de los Estados Unidos e Israel contra Irán, que bloquea el estrecho de Ormuz como respuesta. Las medidas no serán solo por el aumento del precio del carburante sino también por la paralización del comercio de fertilizantes, con un impacto muy relevante por el conflicto.

En una atención a los medios de comunicación antes de participar en la XVIII Conferencia Cesce 2026 de Madrid, el ministro de Economía ha remarcado que el gobierno está trabajando con la máxima celeridad posible para definir estas medidas "con rigor": "Queremos el máximo consenso posible", ha dicho.

Los partidos ponen medidas sobre la mesa

Por ahora el ministro ha descartado aprobar una reducción del IVA a los alimentos y optará por centrarse en los carburantes, que es donde se está produciendo la crisis más grave por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Hace unos días el gobierno español rebajaba la posibilidad de tomar medidas como las bonificaciones que en el año 2022 se aplicaron de forma generalizada para toda la población en el precio de los carburantes a raíz de la guerra de Ucrania (el descuento de 20 céntimos por litro) y se decantaba por tomar medidas fiscales o ayudas a la compra de combustible para los sectores de transporte de mercancías y agroalimentarios. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, no ha dado detalles y se ha limitado a decir que movilizarán todos los recursos para hacer frente a lo más "urgente" y también "necesario".

Ahora bien, el decreto ley que apruebe el gobierno español debe ser consensuado con los socios de Sumar y también con los socios parlamentarios, algunos de los cuales, como Podemos, le reclama que intervenga directamente en los precios de mercado de la vivienda y de los alimentos y que nacionalice Repsol. Este lunes la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha reclamado que se prorroguen de forma automática medio millón de contratos de alquiler que deben caducar este 2026, además de recuperar la suspensión de los desahucios en el caso de familias vulnerables, que ya ha tumbado dos veces el Congreso con los votos del PP, Junts y Vox. Esquerra coincide con Sumar a la hora de defender estas medidas y añade la reducción del IRPF a las rentas bajas y el aumento a las rentas altas, además de estudiar la creación de un impuesto extraordinario para las empresas energéticas y recuperar las bonificaciones del transporte público para el 2026.

A la otra banda del arco parlamentario, Junts ya ha presentado sus propuestas para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán, basadas en medidas fiscales: reducción del IVA al 5% por los suministros energéticos esenciales; una deflactación del IRPF generalizada para hacer frente a la inflación; que la administración asuma el pago de las rentas de alquiler de las familias vulnerables –de manera que los propietarios no se vean afectados por la suspensión de los desahucios–; establecer el 0% de IVA para la compra de vivienda para los menores de 35 años, y suprimir el carácter general del gravamen del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica para que se reduzca la factura. A su vez, el PNB también pide recuperar la excepción ibérica para limitar el precio del gas, las ayudas a los suministros para las familias más vulnerables y la bonificación del precio del combustible para algunos sectores. EH Bildu pide recuperar el escudo social, poner topes a los precios de los combustibles y volver a probar el impuesto de las energéticas.

De hecho, el ejecutivo español se toma tiempo para acabar de perfilar las medidas, ya que convoca de forma extraordinaria el consejo de ministres el viernes en lugar de aprobar el paquete de medidas ya mañana, martes, en la reunión ordinaria del gobierno. Esto es porque desde la Moncloa son conscientes de que aprueben lo que aprueben les costará llegar a un consenso parlamentario para pasar el filtro del Congreso de los Diputados.