Judicialización del Procés

El gobierno español concedió 28 indultos el año pasado

Todos contaban con un informe favorable como mínimo, ya fuera de la Fiscalía o del tribunal sentenciador

MadridLos líderes independentistas condenados esperan la resolución sobre el indulto y, de momento, solo hay noticias sobre los que ya se concedieron y denegaron a lo largo del 2020. Este martes el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha comparecido en el Congreso para presentar el informe del segundo semestre del año pasado: se han otorgado 18 indultos y se han rechazado 1.646, una nueva prueba del bajo porcentaje de los que sí se aceptan (1,08%). En el global del 2020, fueron 28 los indultos que se concedieron, todos ellos parciales.

El criterio que la Fiscalía y el tribunal sentenciador emiten antes de que el ejecutivo decida aplicar o no la medida de gracia sigue teniendo una cierta incidencia, a pesar de no ser vinculante. Los 28 indultos del 2020 contaban con, como mínimo, un informe favorable y, mayoritariamente, con los dos (15). En 12 casos el tribunal se mostró a favor y la Fiscalía en contra, mientras que solo hubo uno con el aval del ministerio público pero no del tribunal. Bueno ha explicado que este caso hace referencia al forcejeo de una máquina de parquímetro en Euskadi en el que se había tenido en cuenta la situación familiar del condenado y que el delito no era de excesiva gravedad. Se conmutó por trabajos a la comunidad.

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Los 18 indultos concedidos en el segundo semestre del 2020 son para delitos de patrimonio, contra la salud pública, el medio ambiente y la ordenación del territorio, falsedades y otras categorías. Las penas de prisión impuestas van de los cuatro años y nueve meses la más alta –por un delito de estafa y falsedad de documento mercantil– a los cuatro meses de prisión la más baja –por un delito de hurto.

La comparecencia ha estado marcada, sin embargo, por un procedimiento todavía no resuelto: el de los presos políticos. Varios partidos de la oposición, como JxCat, el PP y Vox han hecho preguntas sobre el tema, especialmente sobre el ritmo de su tramitación. "Es alarmante la lentitud. Creemos que puede obedecer a un determinado interés", ha afirmado el diputado del PP Miguel Ángel Jerez. A su vez, el representante de JxCat Josep Pagès ha hecho hincapié en la diferencia respecto al indulto al exministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de estado de Seguridad Rafael Vera en 1998 por parte del gobierno de José María Aznar, marcado por la extraordinaria celeridad. Solo se tardó cinco meses entre el registro y la concesión.

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"La renuencia en la tramitación ya es de por si una decisión política", se ha quejado Labrador, que ha denunciado "el uso electoralista" del procedimiento, dando así por hecho que la resolución no llegará hasta después de las elecciones en la Comunidad de Madrid. En JxCat, a pesar de dejar claro que la solución para poner fin a la represión es la amnistía, destacan que si bien a finales del 2020 varios ministros del PSOE, incluido el presidente, Pedro Sánchez, hicieron declaraciones que abrían la puerta al gesto de gracia con los presos políticos, ahora se ciñen a subrayar que está en tramitación. Los expedientes se encuentran en este momento encima de la mesa del tribunal presidido por Manuel Marchena, que ya cuenta con los informes de la Fiscalía –en contra– y recientemente el de la Abogacía del Estado, que no se quiso mojar sobre la conveniencia o no de otorgar el indulto.

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Tampoco lo ha hecho, como era esperable, el subsecretario de Justicia. "No puedo avanzar el sentido de la decisión. Sería irresponsable y, además, no me corresponde", ha destacado cuando se le ha pedido si el ejecutivo optaría por conceder la medida de gracia a los líderes independentistas. Bueno también ha querido remarcar que el ejecutivo no contemporiza con la tramitación, después de que se le haya reprochado no solo el retraso actual sino también que durante los meses de confinamiento de la primavera pasada se suspendieran los procedimientos de indulto.