El gobierno español quiere regularizar a los inmigrantes sin papeles que llegaron antes del 2025

BarcelonaEl gobierno español mueve ficha para desatascar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la regularización de casi 500.000 personas. El texto está parado en el Congreso desde hace más de un año, pero el ejecutivo español ha enviado a los grupos de la cámara baja un borrador que parte de esta ILP y pretende regularizar a las personas migrantes que se encuentran en el Estado desde antes del 31 de diciembre del 2024, según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA. El borrador, que está por negociar, apuesta por establecer un régimen "transitorio, excepcional y limitado en el tiempo" que regule una "nueva autorización por circunstancias excepcionales" que habilite a "residir y trabajar" a estas personas.

Este hecho supone un cambio en el posicionamiento del PSOE al respecto, ya que hasta hace poco estaba reacio. Pero, ¿qué ha cambiado? En el borrador se justifica la regularización diciendo que la "nueva situación geopolítica internacional" ha comportado una "intensificación de la movilidad humana en todo el mundo", y que no "compasar" los flujos migratorios con las regulaciones de los Estados "puede generar situaciones de inseguridad o desprotección" para las personas migrantes, lo que aumenta el riesgo de exclusión. El nuevo reglamento, explica el borrador, quiere "fomentar la integración e inclusión" de estas personas en la sociedad. En rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha evitado ponerle una cifra de beneficiados a la espera de que se pacte un texto final.

Ahora bien, este movimiento llega en un contexto muy concreto y con dos factores que pueden influir. Tal y como reconoce el borrador, la regularización que propone ahora el Ejecutivo español puede servir para tapar el agujero que deja el endurecimiento del reglamento de extranjería. La reforma, que entra en vigor justamente este martes, relaja los requisitos para el arraigo social o de estudios y, según el gobierno español, debe permitir regularizar a unas 300.000 personas. Sin embargo, la reforma tiene el efecto contrario en los demandantes de asilo, puesto que si se les deniega la protección oficial, la administración no contará el tiempo que han vivido y trabajado en el Estado. De esta forma, se verán abocados a la irregularidad administrativa durante dos años, hasta que puedan iniciar el arraigo legal, frente al plazo de seis meses actual.

Guía de guiño a Podemos

Por otra parte, aprobar esta ILP es una de las principales reclamaciones de Podemos, un movimiento que podría servir de contrapartida por desatascar la delegación de competencias en Catalunya en materia de inmigración que Junts pactó con los socialistas. Los de Ione Belarra se habían opuesto hasta ahora a ese pacto y habían acusado a Junts de ser un partido antiinmigración. Antes de hablar de delegaciones de competencias, la líder de Podemos pidió que primero se aprobara la ILP y exigió a Junts que demuestre que no es un partido "racista". "Podemos estará abierto a debatir y discutir sobre competencias en migración", aseguró la líder de Podemos.