La primera regularización en España se aprobó bajo el gobierno de Felipe González y afectó a 38.294 personas. No se les exigió ninguna condición más que la de vivir en España antes de julio de 1985. En la siguiente, entre 1991 y 1992, se pedía tener trabajo o ser familiar dependiente de los migrantes que se habían acogido. Recibieron papeles 114.423 personas. En 1996, José María Aznar regularizó a 21.294 personas que estaban en España desde 1986 y habían tenido algún permiso de residencia o trabajo. Lo repitió en el 2000 para dar entrada regular a otras 264.153 personas y, en el 2001, introduciendo la figura del visado por arraigo, a otras 239.174. La última regularización fue la más numerosa y fue aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: afectó a 576.506 personas, y también estaba condicionado a acreditar residencia en España y un contrato de trabajo.
Regularizar medio millón de inmigrantes: el precio en Junts para conseguir el traspaso de competencias
Los impulsores de la ILP de regularización en el Congreso apoyan el veto de Podemos y lamentan que las izquierdas se plieguen en el pacto PSOE-Juntos
BarcelonaLa delegación de competencias en inmigración de la Generalidad de Cataluña no tiene, por ahora, mayoría para salir adelante. Los cuatro diputados de Podemos la rechazan y, dentro de Sumar, la ley pactada entre el PSOE y Junts también genera controversia: Compromiso está en contra e incluso el primer secretario de la mesa y diputado de Comuns, Gerardo Pisarello, admitió que el tono del texto no le gusta. Ahora bien, el partido lila ya ha avanzado las condiciones bajo las que podrían levantar el veto a la propuesta, que tildan de "xenófoba". El precio que ponen es que el Congreso apruebe la regularización masiva de inmigrantes surgida de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del colectivo Regularización Ya. La propuesta pasó el primer filtro del Congreso con los votos de todos los partidos excepto los de Vox, y ahora está atascada en la comisión parlamentaria, a la espera de las comparecencias de expertos.
¿Pero qué reclaman los impulsores de esta iniciativa? En resumen: que el gobierno español apruebe una regularización extraordinaria de todas las personas sin papeles que estén en territorio español –calculan que son algo más de medio millón–, a falta de datos oficiales. La ley de extranjería ya contempla vías para que puedan legalizar su situación administrativa. Sin embargo, Regularización Ya alerta de las dificultades con las que se encuentran muchos migrantes para cumplir los requisitos, a pesar de tener vínculos en España y estar trabajando (en la economía sumergida). Por ejemplo, para acreditar la residencia continua. Muchos viven en habitaciones alquiladas y no les resulta sencillo obtener el padrón, explica en el ARA una de las portavoces del colectivo, Victoria Columba.
Con la ILP en trámite, el gobierno español decidió tirar por el derecho y presentar una propuesta de reforma de la ley de extranjería que facilitaría la regularización de unos 300.000 migrantes cada año en los próximos tres. Desde Regularización Ya, lo consideran insuficiente y critican que se hace desde una óptica "mercantilista", condicionada a las necesidades de la economía española, y que podría dejar colgados a los solicitantes de asilo que vean rechazada su petición. Ante esto, defienden que su propuesta permitiría "poner el contador a cero" para todas las personas en situación irregular. A partir de ahí, ya entrarían en los procesos administrativos para renovar el permiso de residencia hasta obtener el de larga duración.
Las cifras
Las regularizaciones no son un mecanismo nuevo en España. En democracia se han aprobado nueve, cinco bajo gobiernos del PP y cuatro en gobiernos del PSOE. Las razones detrás no sólo han sido humanitarias, sino también económicas. De hecho, y ante el envejecimiento de la población española, el Banco de España estima, en estos momentos, que el Estado necesitará a casi 25 millones de inmigrantes en el 2053 para trabajar para mantener el sistema de pensiones.
Según un estudio de la Fundación por Causa, una nueva regularización en España no supondría un mayor gasto para el estado del bienestar, porque los beneficios económicos derivados del afloramiento de la actividad económica que generan estas personas lo compensaría. Por ejemplo, quienes solicitaran el ingreso mínimo vital podrían incrementar la partida destinada a esta ayuda en 338 millones de euros, pero la aportación de los regularizados se elevaría por encima de los 750 millones, como mínimo. Por otra parte, el Consejo Económico y Social concluyó en 2019 que el balance fiscal de la inmigración en España —la diferencia entre su contribución vía impuestos y cotizaciones sociales y lo que reciben en forma de prestaciones— es positivo: aportan más de lo que gastan, porque la mayoría vienen en edad adulta y trabajan. Irlanda, Francia y Alemania son los únicos tres países de la UE donde el balance fiscal es negativo.
Porque Podemos lo reivindica
¿Por qué Podemos sitúa esta regularización como condición previa para negociar sobre la delegación de competencias? Porque dicen que demostraría que Junts no está instalado en una pugna "xenófoba" con Aliança Catalana que les pueda llevar a limitar los derechos de los migrantes a Catalunya en nuevas negociaciones con el PSOE o el PSC o, incluso, si vuelven a gobernar la Generalitat. El partido lila censura que el preámbulo de la ley relacione el fenómeno migratorio con la saturación de los servicios públicos y afirme que puede poner "en riesgo" la cohesión social de la sociedad de acogida.
Oficialmente, Junts no se ha mojado sobre la propuesta de Regularización Ya, pero en las enmiendas introducidas en la ILP proponía que el gobierno español "estudiara" (no aprobara) la iniciativa y que la última palabra la tuviera el Congreso, respetando las nuevas competencias que Cataluña pueda asumir en esta carpeta. Fuentes de Podemos reiteran que la aprobación de la regularización es una "línea roja" y que, ante el auge de la extrema derecha internacional y la externalización de la gestión migratoria en la Unión Europea, no cederán en esa posición sólo para facilitarle las cosas al PSOE con el partido de Carles Puigdemont. Regularización Ya les apoya y lamenta que la mayoría de las izquierdas del Congreso haya bajado la cabeza frente al pacto.
Según varias fuentes consultadas por el ARA, Podemos Catalunya también avala esta tesis, a pesar de ello pueda llegar a impedir que la Generalitat asuma nuevas competencias. Pese a reivindicarse un partido favorable a la descentralización, Podemos Catalunya cuestiona que toda delegación de competencias sea buena per se y mantiene que el pacto en concreto no supone mejora alguna en los derechos de las personas migrantes. Otras fuentes consultadas por este diario también apuntan a que parte de la militancia de Podemos Catalunya tiene origen migrante y es, sobre todo, castellanohablante, lo que hace que se miren con suspicacia los intentos de Junts por condicionar en un futuro la estancia de las personas recién llegadas a Catalunya en el dominio del catalán.
