Traspaso de Cercanías

El gobierno español también traspasa Cercanías al País Vasco

Oficializa el acuerdo al día siguiente de la convocatoria de elecciones en el territorio

ARA
y ARA

BarcelonaEl gobierno español también traspasa el servicio de Cercanías al País Vasco. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, lo ha anunciado en rueda de prensa al día siguiente de que el lendakari vasco, Íñigo Urkullu, convocara elecciones autonómicas. Éste es un acuerdo "esperado" tras "largas negociaciones" en el que se concreta que el País Vasco asumirá la gestión de los horarios, frecuencias, tarifas, inspección o sanciones, entre otras funciones. Este traspaso deberá ratificarse en la Comisión Mixta de Transferencias. Así, el gobierno vasco asume la titularidad de los servicios de trenes de Cercanías que presta Renfe, como, por ejemplo, hace ya la Generalitat en despliegue del Estatut.

El traspaso anunciado este jueves no es, pues, lo mismo que se pactó con ERC antes de la investidura de Pedro Sánchez, que incluye la creación de una empresa mixta entre la Generalitat y el Estado para acabar gestionando de forma conjunta el servicio con la propiedad de las vías, catenarias y trenes, además del personal. Es cierto que el ejecutivo español ha abierto la posibilidad de realizar un "traspaso integral" a todas las comunidades, pero Euskadi no se encuentra ahora mismo en este punto y esperará a que acabe el contrato-programa con Renfe (diciembre del 2027) para tomar una decisión al respecto.

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Sin embargo, Garamendi ha destacado que es un "avance" que potenciará la "proximidad" de la gestión y que incluye un plan de inversiones sufragado por los presupuestos generales del Estado que asciende a 400 millones de euros. euros, que servirá para transformar la maquinaria y las infraestructuras.

"Si bien había voces que iban dando por sentado [el traspaso] desde hace tiempo, es necesario destacar la tenacidad [del gobierno vasco]", ha afirmado la consejera de Autogobierno, en clara alusión a EH Bildu. Precisamente, los jeltzales han hecho gala de ser decisivos para conseguir ese hito desde el gobierno ante la izquierda aberzale, que está en la oposición, pero que también le había reclamado. Antes de poner el punto y final a la legislatura que cierra la era Urkullu, el gobierno de coalición vasco del PNV y el PSE-PSOE se apunta este triunfo, que se ha utilizado en la batalla política vasca como una reivindicación histórica sobre todo en el campo soberanista, entre la formación de gobierno y los de Arnaldo Otegi.

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Por otra parte, el ejecutivo vasco ha comunicado otros dos traspasos: el de homologación y equiparación de títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de migrantes, que forma parte del acuerdo entre socialistas y nacionalistas para dar apoyo a la investidura del presidente español, Pedro Sánchez. "Todas las transferencias son importantes para el gobierno vasco", aseguró Garamendi.

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Negociaciones encarriladas

De hecho, los jeltzales han dado este paso adelante aprovechando un escenario propicio por los pactos cruzados con los independentistas catalanes. Esquerra hizo sus deberes en este ámbito antes de la investidura del presidente español. El traspaso a la Generalitat está encauzado, pero las partes reconocen que se alargará durante meses. El pasado lunes se reunieron el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consejera de Territorio, Ester Capella, y anunciaron que ambas administraciones se dejaban medio año por tener los estatutos de la empresa mixta que deberá gestionar el servicio.

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En el caso vasco, la nacionalista Garamendi ha subrayado el trabajo para obtener las competencias que hace años que se gestionan desde Catalunya "en condiciones satisfactorias y con la posibilidad de mejorar los estándares". "No se trata de un mero cambio de manos en la gestión de un servicio, sino el reconocimiento de nuestra capacidad para abordar el desarrollo y la cohesión territorial de nuestro país", añadió. La estimación del coste del traspaso se prevé en torno a los 92,7 millones de euros. Este pacto incluye los servicios de los tramos de Cercanías de los tres territorios históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y la posibilidad de declaración de nuevos servicios en Álava, que por ahora no dispone de Cercanías.