El gobierno de Salvador Illa eliminará por ley la cita previa obligatoria

BarcelonaEl Gobierno eliminará por ley la cita previa obligatoria, uno de los requisitos extendido para realizar cualquier trámite en la mayoría de ayuntamientos, las diputaciones y la propia Generalitat a partir de la pandemia. En el marco de un "plan de reforma y transformación de la administración" para mejorar los servicios públicos, el consejo ejecutivo aprobará este martes un acuerdo de gobierno para llevar adelante esta ley, que deberá garantizar la atención presencial sin necesidad de pedir cita obligatoriamente en todo el sector público del país. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa este lunes el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, que pretende hacer compatible este cambio con el sistema de cita previa, preservando "la calidad del servicio" -admitiendo que este mecanismo ha podido generar "desafección" en los ciudadanos–. "La cita previa no puede ser una imposición", remachó. Además, aclaró que esta medida no debería requerir a más funcionarios ni cambiar el régimen vigente de teletrabajo.

De hecho, el camino para eliminar esta obligatoriedad había empezado ya en los últimos meses del ejecutivo de Pere Aragonès, aunque no se había concretado en una ley y sólo estaba circunscrito a la administración de la Generalitat. El plazo máximo fijado por el gobierno de Salvador Illa para completar el proceso, que también incide en la lucha contra la brecha digital, es de un año. Asimismo, también quiere impulsar un plan de choque con diecisiete acciones urgentes, entre ellas la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes, con una dotación de 40 millones de euros, para atraer talento del mundo universitario al sector público y generar así "vocaciones" ante "el reto del relevo generacional", con la jubilación del 14% de los actuales funcionarios de aquí a 2030.

Dalmau es el responsable de este plan, cuya pieza clave es la anunciada creación de una comisión de expertos dirigida por Carles Ramió, catedrático de ciencias sociales y políticas de la UPF. Esta comisión tendrá el encargo de enumerar en diez meses una serie de propuestas para transformar la administración, haciendo énfasis en la simplificación y racionalización de los entes públicos, la transparencia y la digitalización. "Debemos superar algunas estructuras obsoletas y corsés normativas que son fruto de los años 90", ha avisado el conseller, quien ha añadido que la transformación también viene inspirada por las recomendaciones de la Comisión Europea. Así, ha argumentado: "No podemos tener servidores que en vez de realizar su trabajo pasen más tiempo llenando papeles". Esto afecta desde el ámbito policial hasta otros sectores de la administración, pero también a los agricultores u otros ciudadanos cuando deben realizar trámites.

Según el ejecutivo, la transformación debe ser "un proceso gradual y profundo" para "dar respuesta a las actuales necesidades sociales y económicas del país", en la línea de "mejorar los servicios públicos", la piedra angular de esta legislatura, en palabras de Isla. ¿Y cuándo se implementarán las grandes transformaciones que planteen los expertos? Una vez diseñadas las propuestas, una comisión formada por personal de las diferentes conselleries hará un informe para que se empiecen a aplicar en los siguientes cuatro meses.

En paralelo, el Gobierno apuesta por redefinir un nuevo modelo de dirección pública profesional, rediseñar la Escuela de Administración Pública, además de disponer de un sistema de ayudas a través de una convocatoria pública para jóvenes estudiantes de oposiciones. Según Dalmau, pretenden dar "prestigio" y fijar un "mínimo común denominador" para poder acceder a cargos directivos. Esto no impediría que puedan ser destituidos si el talante es incompatible con el del ejecutivo, pero "fija unos mínimos" y permitirá normalizar que haya varios cargos que sigan en su sitio pese a los cambios de gobierno.