Somos muchos los que esperamos que la nueva legislatura sirva para atacar, al fin, los retos pendientes de la administración en Catalunya. Y en este sentido quisiera hacer una lectura crítica del artículo de Germà Bel "Corrupción, nepotismo y gestión pública en Cataluña" (AHORA, 2 de septiembre), del que celebro la publicación, porque aporta luz y solvencia sobre cuestiones de actualidad recurrente desde una perspectiva que normalmente se ignora. Nos recuerda que la definición de la corrupción que hace Transparency International abarca el nepotismo, denuncia el abuso de la política en la asignación de puestos de trabajo prescindibles para la organización, y la falta de evaluación de las personas designadas, por el sesgo implícito a las relaciones personales que mantienen con aquellas que las han nombrado. Es cierto que, estos factores y otros que también señala Bel, están en la base de una práctica consolidada en las administraciones públicas catalanas, empleada por todas las opciones políticas, sin que disponga de ningún reproche; ni público, porque –como decimos– todo el mundo hace uso, ni privado, porque la ciudadanía hace tiempo que lo tiene asumido y lo ha añadido al zurrón que congria la sostenida desafección hacia lo público.
Dicho esto, pensar que esta lacra se corrige copiando al Estado, mediante la restricción del acceso a secretarías generales, direcciones generales y direcciones de servicios a personas que dispongan de la condición de funcionarias, no parece el mejor antídoto para combatir el nepotismo . No es que en el Estado no haya ese tipo de corrupción dentro del empleo público. Los dos partidos hegemónicos cuentan con funcionarios a manta, que deben favores o quieren cobrarlos y muestran una lealtad partidista a prueba de bombas, a la que subordinan –tantas veces como sea necesario– el ejercicio de responsabilidades públicas, sin ningún tipo de escrúpulo. Es así que, cada vez que hay cambios en el gobierno en el Estado, se produce la baja de los funcionarios adeptos en el gobierno saliente, que han ocupado cargos y puestos directivos, para reincorporarse al servicio público en posiciones, a menudo, prescindibles para la organización, a menos que sean captados por el sector privado –en reconocimiento de servicios prestados– por el sistema de las puertas giratorias, mientras que simultáneamente se nombra un volumen similar de empleo público afín al nuevo partido gobernante. Todo ello, en aplicación de una cultura secular, arraigada en el tuétano de la constelación pública peninsular, que ya denunciaban Larra y Galdós.
Adoptar el modelo que en 1997 impulsó el sr. Aznar es combatir la colonización de la dirección pública por parte de la política, mediante su secuestro por parte del empleo público. Y creo que disponemos de suficientes ejemplos, últimamente prolijos en la esfera judicial, para afirmar que hacer esto es desnudar a un santo para vestir a otro. Hacer nuestro patrón estatal supone extender, intramuros de la función pública, la patología descrita por el profesor Bel, con el cultivo de un modelo endogámico en el mercadeo de confianzas que limita la búsqueda de los mejores perfiles al impedir el acceso a lugares de alta responsabilidad pública de personas con capacitación y experiencia contrastadas que no engordan el servicio público.
De lo contrario, y aunque no será fácil, la erradicación del botín en la designación de altos cargos y directivos puede lograr el impulso y la institucionalización de procesos de selección transparentes, competitivos y rigurosos que acrediten los méritos y la experiencia de los candidatos susceptibles de ser elegidos. Al respecto, hace más de una década que la Asociación Catalana de Gestión Pública defiende la necesidad de aprobar un estatuto de la dirección pública profesional de Cataluña, de aplicación a los cargos que se considere de todas las administraciones catalanas, incluidas las universidades públicas, ya los directivos de los respectivos sectores públicos vinculados1.
Y en cuanto al proyecto de ley de organización de la administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público institucional, promovido por ERC y que decayó con la convocatoria de elecciones, tal vez sea mejor sugerir el retorno a la casilla de salida, para revisar su contenido, dado que de entre otros despropósitos, y mimetizando la normativa estatal, amplía gratuitamente la consideración de órganos superiores de la administración a las secretarías generales y sectoriales, de modo que la designación de los sus titulares no se somete a procesos de selección publicidades, abiertos y cuidadosos, sino que se deja en manos de la más absoluta y arbitraria de las discrecionalidades.
