El hámster de la financiación: regreso a 2009 y 1996
BarcelonaHace exactamente 16 años, el 12 de julio del 2009, el entonces secretario general de ERC, Joan Puigcercós, compareció ante la prensa para anunciar su apoyo al acuerdo de financiación al que habían llegado el conseller Antoni Castells y la vicepresienta Elena Salgado. Puigcercós puso un cartelito en el atril con una cifra, 3.855 millones, que era lo que se calculaba que el nuevo sistema aportaría de más a las arcas de la Generalitat. La crisis económica posterior, y la caída de ingresos fiscales que comportó, se encargó de echar por tierra estas previsiones.
Desde entonces el sistema político español ha sido incapaz de generar un nuevo acuerdo, aunque aquél debía revisarse a los cinco años, es decir, en el 2014. En medio hubo la crisis económica, la mayoría absoluta de Rajoy, el 15-M, el Proceso y la llegada de Pedro Sá. Y nada. La única novedad importante fue la creación del FLA para que el Estado prestara dinero a menor interés a las autonomías e impedir, así, que quebraran y que no se pudieran pagar las nóminas (¿qué esperan, por cierto, a hacer efectiva la condonación de esta deuda?). Y el hámster sigue corriendo.
Ahora volvemos a ser en un momento parecido al del 2009. La conselleria de Economia está en manos de los socialistas pero es ERC el partido que presiona para conseguir una "financiación singular" y "la clave de la caja". Los republicanos temen que si tiran mucho la cuerda el PSOE se echará atrás, y por eso van con pies de plomo. Pero, en realidad, ni ellos ni el PSOE deberían sufrir demasiado. ¿Por qué? Pues porque ninguna comunidad autónoma tiene el más mínimo interés en recaudar los impuestos, al igual que ninguno ha reclamado la creación de una policía como los Mossos o la competencia sobre prisiones. Es decir, el resto de comunidades autónomas sólo se apuntan en el carro de Catalunya cuando se trata de parar la mano, no de gestionar marrones. La voluntad de autogobierno es cosa de Cataluña y País Vasco.
El precedente de 1996
La preocupación real es la distribución de los recursos. El dinero, vaya. Pero aquí tampoco debería haber problema. En el momento actual es imposible que las comunidades del PP se apunten a un sistema de financiación pactado por el PSOE y ERC porque echaría por tierra toda la estrategia de Feijóo. La situación, en este caso, es similar a la que se dio en 1996, cuando las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha) no aceptaron el nuevo sistema pactado entre el PP y CiU y quedaron fuera del sistema, lo que perjudicó a sus ciudadanos. Obviamente, aquello formaba parte de la estrategia de oposición del PSOE en el PP. Por eso cuando vieron que los gobiernos populares iban por largo corrieron a reengancharse. Ahora, los barones del PP (Ayuso, Moreno Bonilla, Mazón, etc.) no tendrían más remedio que hacer lo que hicieron Chaves, Ibarra y Bono en su día. O sea, que María Jesús Montero puede presentar tranquilamente un sistema que comporte una inyección de 20.000 millones en el sistema sabiendo que, en un primer momento, solo Catalunya, Asturias y Castilla la Mancha reclamarán su parte. Y el problema será, en todo caso, para Feijóo cuando llegue a la Moncloa y deba, al menos, igualar la oferta de los socialistas para sus territorios.
