El Hard Rock se habría hecho igualmente
BarcelonaDel casino del Hard Rock, más allá del Camp de Tarragona, sólo se habla durante la negociación de los presupuestos. Vetos, líneas rojas y exigencias llegan desatados unas semanas cada año y, hasta ahora, todo se acababa resolviendo con patadas hacia delante y quien día pasa año empuja. Pero en este 2024 los comunes no estaban dispuestos a ceder en el turquebrazo con el Gobierno. El Hard Rock ha acabado siendo la excusa para el adelanto electoral y lo curioso de todo es que el proyecto del macrocomplejo de ocio no tiene nada que ver con los presupuestos.
El Plan Director Urbanístico, que debe hacer posible el inicio de la inversión, habría salido adelante tanto si las cuentas se hubieran aprobado como si no. Para ser estrictos, el proyecto todavía puede descarrilar, pero no dependerá de los presupuestos de 2024 (ni de 2025) sino de la capacidad de los inversores para hacerlo realidad, o de la movilización de los que se oponen. Precisamente el grupo promotor es el que más callado ha estado todo ese tiempo. Se oyen las voces a favor –principalmente de los empresarios turísticos, de los ayuntamientos de la zona y de partidos como el PSC y Junts– y en contra –la CUP y los comunes, además de activistas y plataformas ciudadanas–, pero la interlocución con Hard Rock es secreta: nadie sabe a ciencia cierta si, diez años después, sigue teniendo el mismo interés.
Si el Hard Rock, pues, no iba ligado a los presupuestos, ¿cómo es posible que rechazarlo se convirtiera en la exigencia número 1 de los comunes? No es de extrañar que se entrelacen las negociaciones entre carpetas que aparentemente no tienen nada que ver. En estos mismos presupuestos, el PSC exigía el impulso del Hard Rock y el pasado año el de la carretera B-40 (que tampoco tenía dotación presupuestaria). De hecho, es muy habitual que los partidos se intercambien favores, especialmente cuando gobiernan diferentes administraciones: el voto a favor en las cuentas catalanas del PSC –que gobierna en España– puede comportar el de ERC –que gobierna en Catalunya– a las del Estado. ¿Qué habría ocurrido si en lugar de Jaume Collboni, la alcaldesa de Barcelona hubiera continuado siendo Ada Colau? Y no hace falta ir tan allá para especular: ¿hubieran votado no ¿los comunes sabiendo que comportaría también el fracaso de los presupuestos del Estado y que sería el detonante para el 12-M?