¿La Generalitat puede detener el Hard Rock?
Expertos en urbanismo consideran que se podría frenar, a riesgo de tener que pagar una indemnización por los trámites ya realizados, pero no por el beneficio perdido
BarcelonaLos presupuestos de la Generalitat siguen colgando de un hilo por el Hard Rock. El gobierno de ERC se ha asegurado esta semana los votos del PSC en las cuentas y ahora busca convencer a los comunes para repetir la alianza presupuestaria del año pasado. Pero el grupo de Jéssica Albiach ya ha advertido a Pere Aragonès de que le tumbará los presupuestos si el ejecutivo catalán no desiste de tramitar el plan director urbanístico del Hard Rock –un compromiso que, por otra parte, el Govern ha adquirido con los socialistas–. Más allá de los equilibrios políticos, ¿es jurídicamente posible que la Generalitat detenga un proyecto que empezó hace diez años, bajo la tutela del gobierno de Artur Mas? La mayoría de fuentes expertas consultadas por el ARA coinciden en algo: es posible, pero a riesgo de tener que pagar una indemnización a los inversores por el dinero desembolsado en trámites (aunque no por los beneficios que dejarían de obtener).
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo anulase parcialmente, la nueva versión del plan director urbanístico del Hard Rock superó el trámite de aprobación inicial a principios de 2022 en la comisión de urbanismo del Camp de Tarragona. Dos años más tarde, el proyecto todavía está a la espera de recibir luz verde de la consejería de Acción Climática, que debe reevaluar su impacto ambiental tras emitir un primer informe desfavorable en septiembre de 2022. El consejero de Acción Climática, David Mascort, ha dicho que el nuevo informe se hará público "en las próximas semanas".
¿Acción Climática tiene mucho margen en este informe? "Sí y no", explica el profesor de planeamiento territorial y urbanismo de la URV Robert Casadevall, quien ha seguido la evolución del macroproyecto desde sus inicios. Por un lado, el alcance del análisis que hace la administración viene acotado por lo que haya valorado en fases anteriores de la elaboración del plan (por ejemplo, la afectación sobre la flora y la fauna). Pero, por otro, quien redacta el informe tiene margen de interpretación sobre la normativa reguladora. El experto considera que situaciones como la emergencia por sequía no pueden, por sí solas, tener incidencia en la valoración medioambiental.
¿Tiene margen la comisión de urbanismo?
¿Si el informe medioambiental fuese positivo, la comisión de urbanismo podría rechazar aprobar la modificación del PDU? Todas las fuentes consultadas consideran que sería una decisión prácticamente imposible de justificar. "Sería una actuación poco racional y razonada. Actúa el principio de confianza legítima", explica el profesor de derecho administrativo de la Universidad Abat Oliba CEU, Gabriel Capilla, quien resalta que sería incongruente que la administración no pusiera pegas a un proyecto en los informes que evalúan su impacto y, después, la comisión competente lo tumbara. Es lo que ha defendido hasta ahora el Govern, argumentando que está atado de pies y manos ante los efectos de las decisiones de gobiernos anteriores. Ahora bien, ¿es cierto?
El plan director urbanístico del Hard Rock lo impulsa la Generalitat. "De la misma forma que puede sacarlo adelante, también puede dejarlo en un limbo hasta que caduque", afirma el presidente de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio (IEC), Josep Bàguena, que añade que esto ha pasado con otros planeamientos urbanísticos. "La mayoría de juristas entienden que es necesario indemnizar el gasto, pero es discutible. Si no hay un planeamiento aprobado, significa que no ha nacido el derecho", sostiene.
El Govern asegura que si no da salida al PDU, también se arriesga a incumplir la ley del 2014 que regula el centro recreativo y turístico. Aragonés ha afirmado en varias ocasiones que en estos momentos no hay suficiente mayoría en el Parlament para derogar esta normativa. En paralelo, fuentes del ejecutivo aseguran que Hard Rock podría pedirle "responsabilidad patrimonial" si detiene de forma unilateral el proyecto según el daño emergente, los costes que ha podido tener la empresa y la expectativa de negocio que tenía hasta ahora y que ha perdido. De entrada, según fuentes con datos del proyecto, Hard Rock tiene 65 millones de euros inmovilizados en la sociedad creada para salir adelante. La empresa debería cuantificarlo cuando recurriera a la justicia, pero la última palabra, a la hora de determinar una posible indemnización, la tendría un juez.
Los contratos del Incasol
Por otro lado, están los contratos que Incasòl firmó con CriteriaCaixa y el Hard Rock para hacer de intermediario en la compraventa de terrenos. Pero el portavoz de la plataforma Detenemos el Hard Rock, Eloi Redon, sostiene que estos contratos no incluyen ninguna cláusula de indemnización a cargo del erario público para el caso de que no se apruebe el PDU (sí lo incluye, en cambio, para supuestos posteriores).
Detenemos el Hard Rock también cuestiona la vigencia de la licencia de casino, por la que la empresa depositó una finanza de diez millones de euros. Defiende que la Generalitat la concedió dando por acreditado que tenían disponibilidad sobre los terrenos, un requisito que marca la propia ley del juego y que creen que no se cumple, según una investigación de La Directa sobre irregularidades en la documentación en el concurso público de adjudicación. Esto hizo que la CUP llevara el expediente a Antifrau. Los comunes también consideran que la licencia de casino no está vigente y que no habría que pagar ninguna indemnización.
Según fuentes del Govern, la empresa sigue teniendo interés en el macrocasino porque contacta con ellos periódicamente para saber en qué punto está el proyecto. Se descarta, por tanto, que Hard Rock renuncie a la operación.
