Hazte Oír pone a Vox en la diana: del PSOE azul al PP verde

MadridLas elecciones de Aragón de este 8 de febrero han abierto un nuevo socavón en la extrema derecha. La entidad ultracatólica Hazte Oír –que también está involucrada en las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez– ha pasado a la ofensiva contra Vox con un autobús que recorre Zaragoza, otros municipios aragoneses y Madrid preguntándose si el partido de Santiago Abascal es un "PP verde". Es la misma retórica que utilizó hace año y medio a las puertas de las elecciones europeas para presentar al PP como el "PSOE azul". La reciente cruzada de Hazte Oír ha llegado incluso a oído de Santiago Abascal durante la campaña electoral. Hace una semana, mientras el líder de Vox ofrecía declaraciones a los medios de comunicación en Caspe (Zaragoza), una mujer le interrumpió y le increpó para recriminarle que no hace nada mientras los "no nacidos" están siendo "asesinados en el vientre materno". "Derecha cobarde", le espetó.

¿De dónde vienen los recelos? Hazte Oír elaboró ​​un decálogo para examinar las propuestas de los partidos de cara a los comicios aragoneses y pidió a los candidatos que se comprometieran, entre otras cosas, a defender el "derecho a la vida", a proteger a la "familia natural", a combatir "el adoctrinamiento ideológico" ya derogar las leyes LGBTI y trans. Se acabó la Fiesta (SALF), la formación liderada por Alvise Pérez, que debuta en unas elecciones autonómicas, firmó los compromisos y se ganó un semáforo verde. Ahora bien, Vox se negó. Y eso, sumado a los incumplimientos que le atribuyen, ha indignado a la asociación ultracatólica. De hecho, la guerra abierta viene de lejos. Se remonta al apoyo que dio Hazte Oír a Revuelta, la organización juvenil nacida bajo el paraguas de Vox y con la que el partido de Santiago Abascal rompió entre acusaciones de "corrupción" por el uso del dinero recaudado por la dana.

"La única traición es prometer defender la vida y después aprobar 22 presupuestos autonómicos [con el PP] que le atacan", denunciaba el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, hace unos días. La asociación ultracatólica alega que su misión no es "aplaudir a los políticos", sino "vigilarles y exigirles" y, si es necesario, "denunciar los incumplimientos sean del color que sean". Su voluntad, en palabras de Ignacio Arsuaga, es "influir" en Santiago Abascal después de siete años de "decepción tras decepción" con una campaña que -eso sí- admiten que es "incómoda" porque les lleva a criticar a gente que sienten "próxima". "Pedimos que no se conviertan en lo que han criticado", añaden fuentes de Hazte Oír al ARA.

La réplica de Vox

Fuentes de Vox consultadas por este diario responden que su "compromiso" es con los votantes y no con "ningún grupo de presión" y subrayan que su defensa de la vida es "clara". Además, sacan pecho de haber logrado abrir "oficinas de ayuda a la maternidad" en algunos ayuntamientos –como el de Sevilla– y desmienten que no hayan "puesto sobre la mesa" medidas de apoyo a la maternidad en negociaciones a nivel autonómico con el PP. "Negociamos en función de la fuerza que tenemos. Cuando los españoles nos den más fuerza, podremos aplicar más parte de nuestro programa", afirman las mismas voces.

Ante los micrófonos, la semana pasada, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, sacó hierro a la ofensiva de Hazte Oír. "Cada uno puede hacer las consideraciones que quiera", contestó cuando se le preguntó por esta cuestión. Y defendió el "proyecto propio" de Vox: "Somos el único partido que ha mantenido una coherencia absoluta desde su nacimiento en la defensa de todos los valores y principios que creemos son los bonos para España".

Aliados en contra de la regularización

Ahora bien, a pesar del choque, Vox y Hazte Oír entierran el hacha de guerra y comparten trinchera para hacer frente a la regularización de migrantes que ha impulsado el gobierno español. Y dan pinza para tumbarla en el Tribunal Supremo. La asociación ultra presentará un recurso contencioso administrativo denunciando "la alteración del cuerpo electoral" y el partido de extrema derecha pedirá medidas cautelares para evitar que se tramiten las regularizaciones. Ahora bien, en este caso se distancian frontalmente de la Iglesia: la Conferencia Episcopal Española lo celebró y lo ve como un "acto de justicia social".