Una hoja de ruta que esquiva los aspectos más polémicos del acuerdo ERC-CUP
Rebaja o evita concretar algunas medidas pactadas entre republicanos y cuperos
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha expuesto este martes el plan del ejecutivo con más de 1.500 medidas más o menos genéricas que prevén implementar en los próximos cuatro años. Entre ellas, ha afirmado Plaja, hay medidas que Esquerra acordó con la CUP a pesar de que los anticapitalistas no forman parte de la coalición del ejecutivo. Ahora bien, la letra pequeña del plan de gobierno evidencia que no se incorporan todos los puntos del pacto –los más candentes– o se matizan en su literalidad. Y es que algunas medidas acordadas con los cuperos no eran compartidas por Junts per Catalunya, como por ejemplo la retirada de conciertos educativos o la moratoria de los proyectos de renovables.
En el campo educativo, Esquerra y la CUP habían acordado hacer un "plan y calendario" de recuperación de centros privados y concertados "hacia la educación pública de forma acordada". Una medida que genera recelos en Junts, que defiende la vigencia de la escuela concertada. En el plan de gobierno no se especifica la medida y solo se prevé un "decreto de conciertos educativos" sin más concreciones.
Una de las cuestiones que más debate sectorial generaron en la negociación del acuerdo de legislatura fue la moratoria de los proyectos de renovables que preveía el pacto Esquerra-CUP para reducir el impacto en el territorio. Junts per Catalunya se desmarcó de esta medida argumentando que ya se va tarde en este tipo de proyectos. "No nos lo podemos permitir", aseguró en ese momento el conseller de Territorio, Damià Calvet. Esta moratoria no aparece en el plan de gobierno, que se limita a decir que "se alinearán las políticas energéticas con las de preservación del medio natural haciendo énfasis en la transición a las energías renovables". ¿Cómo? Se prevé modificar el decreto de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. Así, se plasma lo que pactaron Esquerra y Junts en el acuerdo de legislatura, que iba en la línea de no validar "ningún proyecto de alto impacto territorial" e incentivar "la implantación de energías renovables en suelos urbanos, periurbanos e industriales".
En los temas más polémicos de la negociación, como la intervención policial en los desahucios, el ejecutivo rebaja ligeramente las expectativas. Prevé modificar el protocolo de lanzamientos judiciales para garantizar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía, especialmente de "personas en riesgo de vulnerabilidad social". En este sentido, se prevé la "notificación precoz a los servicios sociales" en el momento de la demanda judicial, "reducir al mínimo" la intervención de las unidades de orden público en los desahucios de "familias vulnerables" y limitarlo a cuando la autoridad judicial lo requiera y se hayan "agotado las vías de mediación".
En cambio, el acuerdo al que se llegó con la CUP era más contundente: "No intervención de la ARRO ni la Brimo en desahucios de familias o personas vulnerables", además de "desplegar herramientas para suspender los desahucios hasta que no se garantice el derecho a la vivienda a través del parque público". També incorporaba modificar los protocolos de lanzamiento judicial para alargar el plazo de los informes de servicios sociales de 15 días a dos meses.
De hecho, los cuperos ya han chocado con el Govern de Pere Aragonès –ahora Esquerra gestiona Interior– por esta cuestión: la primera semana de ser president se evidenció la tensión entre los socios parlamentarios por la presencia de los antidisturbios en un desahucio en el Poble-sec. Después Arran ocupó la sede de los republicanos.
Cuestiones que quedan recogidas
Lo que sí recoge el plan de gobierno es la prueba piloto de la renta básica universal en determinadas franjas de edad. En el acuerdo con los cuperos se especificaba que se haría una "prueba piloto" para estudiar la medida con un calendario: se incluía que en 2022, el año que viene, ya tendría que funcionar para las "franjas de edad más vulnerables" y que en 2023 se tendría que evaluar cómo ha funcionado y hacer "propuestas para ampliarla si es el caso".
También se cumple el compromiso de revisar el modelo de seguridad y orden público en el Parlament e intentar equiparar la protección de los Mossos d'Esquadra al resto de funcionarios –concretado con llevar su defensa desde Presidencia y no desde Interior–. En este sentido, el plan de Govern incorpora "garantizar y proteger el derecho de manifestación, limitando la participación de la Generalitat en acusaciones particulares contra manifestantes en los casos en los que haya lesiones acreditadas a agentes".