¿Son compatibles los acuerdos de ERC con Junts per Catalunya y la CUP?

BarcelonaERC supo desde la misma noche electoral que necesitaba tanto los votos de la CUP como los de JxCat para conseguir hacer president a Pere Aragonès. Aún así, no planteó nunca una negociación a tres bandas y se sentó con los dos partidos separadamente. Con la CUP firmó un pacto el 23 de marzo. Con Juntos, este mismo lunes. Del resultado de este esquema negociador han salido dos acuerdos de investidura diferentes, con puntos de conexión pero también con discrepancias. En ciertos temas, al nuevo Govern le tocará hacer equilibrios desde el minuto uno.

Tanto en el pacto con la CUP como con el de JxCat, ERC ha conseguido un aval parcial a la mesa de diálogo, de la que es la autora intelectual. Así, los tres partidos se comprometen a defender este instrumento de negociación entre la Generalitat y el Estado para buscar una solución dialogada al conflicto político. Aún así, el crédito no es ilimitado. En el acuerdo con la CUP se fija que se le da un máximo de dos años para funcionar. Si no funciona, la vía del diálogo tendrá que dejar paso a la de un nuevo "embate democrático". Hay que destacar que, a pesar de avalar la mesa, tanto la CUP como JxCat coinciden en reflejar en el acuerdo que sienten "escepticismo" por la posibilidad de que algún día pueda funcionar. La mesa de diálogo tiene vida, pero también presión para conseguir los primeros frutos.

El rol de esta institución ha sido el principal obstáculo en las negociaciones, porque la CUP y ERC nunca se han sentido cómodos con este ente. Si en el documento subscrito entre ERC y la CUP se acordaba crear una mesa de dirección estratégica con los partidos y las entidades independentistas que se coordinara con el Consell per la República, ahora el acuerdo de gobierno con JxCat pone manos a la obra y establece que esta mesa "busque transitoriamente la coordinación" con el ente presidido por el ex president Carles Puigdemont hasta que "este finalice su reformulación en consenso entre todas las organizaciones para que el espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica se pueda situar en su marco". Así, el Consell y la mesa tendrían que acabar confluyendo, pero en realidad lo que se hace es que todo el mundo gana tiempo en sus posiciones hasta que se vea, más adelante, si la unidad es posible.

La CUP consensuó con ERC que, en caso de que la mesa de diálogo con el Estado fracase, será el conjunto del independentismo quien planteará cuál tiene que ser "el nuevo embate democrático" durante esta legislatura y que, para hacer este embate, se priorizará "la vía del referéndum de autodeterminación". En cambio, en el acuerdo de Govern entre republicanos y Junts la cuestión del referéndum introduce más matices. Para empezar, establece que "solo un referéndum acordado con el Estado" podría "sustituir el mandato político del 1-O". Incluso plantea explorar la posible intervención de organismos internacionales para lograr esta consulta acordada. Así, mientras que en el primer acuerdo se prevería hacer otro 1-O, en el segundo se descarta y solo se prevé volver a la vía del referéndum si algún día se consigue que sea pactado.

Será uno de los temas protagonistas de la nueva legislatura. Los gestionará el Estado, pero la Generalitat aspira a incidir en ellos. Los dos acuerdos plantean un punto discordante de entrada. Con la CUP, ERC pactó crear una oficina gubernamental de gestión de estos fondos. De hecho, los republicanos tenían incluso un candidato a dirigirla: el economista Miquel Puig en calidad de comisionado. Pero en el acuerdo con JxCat esto desaparece. Finalmente, los fondos dependerán de la conselleria de Economía (JxCat) y se gobernarán desde una comisión interdepartamental formada por todos los miembros del Govern y varios altos cargos. A partir de aquí, el acuerdo con la CUP incluye unos principios de gobernanza de los fondos –con participación de la sociedad civil, por ejemplo– que tendrían que ser asumibles por las tres partes. La sintonía se pondrá a prueba cuando, definitivamente, lleguen los recursos y se tenga que escoger dónde se destinan. 

La renta básica universal es uno de los grandes objetivos de la CUP. En cambio, desde JxCat hay más recelos sobre esta prestación. Se ha encontrado un término intermedio y es que, en los dos acuerdos, se asume el compromiso de hacer "una prueba piloto" –un "plan piloto", en el documento firmado por los cuperos– para estudiar la medida. Es un tema que tendrá que gestionar la conselleria de Presidencia, que liderará la republicana Laura Vilagrà. Pero el acuerdo con la CUP es mucho más específico e incluso incluye un calendario que busca garantías de que habrá resultados a corto plazo. Por ejemplo, se incluye que en 2022 ya tendrá que funcionar este plan piloto para las "franjas de edad más vulnerables" y que en 2023 se tendrá que evaluar cómo ha funcionado y hacer "propuestas para ampliarla si es el caso". 

La CUP ha hecho bandera de la oposición a los grandes proyectos de parques eólicos que se prevén construir en siete comarcas y acordó con ERC aprobar la Ley de Transición Energética antes de 2022, así como una moratoria de estos proyectos por su impacto en el territorio. Ahora los cuperos van más allá y reclaman a ERC incluir la derogación del decreto de energías renovables en el acuerdo de investidura subscrito entre las dos organizaciones porque consideran que ha supuesto "la liberalización del sector" y ha dejado "en manos de la especulación y el oligopolio" el reto energético, además de hacerse "a espaldas del territorio y con oposición de entidades y colectivos ecologistas". Junts, que se opone a la derogación, ha acordado con ERC modificar el decreto, no validar "ningún proyecto de alto impacto territorial" e incentivar "la implantación de energías renovables en suelos urbanos, periurbanos e industriales", tal como reclama la CUP.

Desde el estallido de la pandemia la Salud se ha colocado en primer plano. Los dos acuerdos tienen puntos de conexión, pero hay compromisos de ERC con la CUP que no se reflejan con JxCat. En cuanto a las cuestiones en lasque hay sintonía, los dos documentos hablan de mejorar las condiciones laborales de los profesionales y dar un impulso a la atención primaria hasta llegar al 25% del total presupuestario de la conselleria. Pero en el acuerdo con los anticapitalistas también se habla de internalitzar una serie de servicios que no se mencionan en el otro pacto. Serían, por ejemplo, el transporte sanitario y la gestión del 061. Los cuperos ya expresaron hace días el miedo a que JxCat no lo avale. La conselleria del ramo estará en manos de un titular propuesto por Junts, el doctor Josep Maria Argimon.

Se reproduce el mismo esquema que en el ámbito de la Salud. Los tres partidos están de acuerdo en la necesidad de aumentar los recursos, por ejemplo, para combatir el fracaso o la segregación escolar y también para reducir las ratios de alumnos en las aulas. Pero en el acuerdo con la CUP se asume que se hará "un plan y calendario" de recuperación de centros privados y concertados "hacia la educación pública de forma acordada" que brilla por su ausencia en el documento firmado con JxCat. ERC defiende que los dos acuerdos pasan para hacer cumplir y desplegar la Ley de Educación de Catalunya y que, con esto, se podrá encontrar un punto de consenso entre las tres partes. Si hay contenciosos, irán a parar a la mesa de un conseller republicano, que será el encargado de hacer los equilibrios.

En materia de vivienda, los dos acuerdos no difieren mucho. La principal diferencia es que si ERC y la CUP proponían llegar a los 1.000 millones anuales en políticas de vivienda (en el presupuesto de 2020 no llegaban a los 400 millones), en el acuerdo de Govern no se pone cifra. Sí coinciden en poner 5.000 viviendas anuales a disposición del parque de alquiler público. También los dos acuerdos establecen suspender los desahucios hasta que no se garantice una alternativa habitacional y Junts acepta modificar el protocolo después de que en el pacto entre cuperos y republicanos se estipulara que no puedan participar las unidades Brimo y ARRO de los Mossos. 

La CUP arrancó el compromiso de ERC de suspender el uso de las pelotas de foam mientras no fuera público el protocolo para usarlas, pero en el acuerdo de Govern con Junts este punto ha quedado fuera porque el protocolo se dio a conocer parcialmente hace un mes. Así, ERC y Junts han aprobado incorporar "alternativas a las respuestas clásicas que garanticen la menor lesividad posible" y revisar "en comisión parlamentaria el modelo de orden público y modelo policial". Junts sí ha aceptado que se retiren las acusaciones contra manifestantes, excepto las que comporten lesiones a agentes acreditadas con certificado médico, como exigía la CUP.