La hora de las explicaciones: ¿qué ha pasado en Ceuta?

MadridSemana de alto voltaje para el gobierno español: con movimiento en la Moncloa, donde se celebrará el primer consejo de ministros tras el paréntesis del verano, pero sobre todo con movimiento en el Congreso. Hasta ocho ministros del ejecutivo de Pedro Sánchez comparecerán para rendir cuentas por la gestión de la crisis en Ceuta cuando aún planean muchas incógnitas.

"De momento todo son especulaciones. No hemos encontrado la clave definitiva, y lo más importante es esclarecer los hechos [...] Es primordial, porque han muerto más de 140 personas", reflexiona Irene Fernández, investigadora y especialista en el Magreb. Fernández añade que en todo caso el mensaje principal para el gobierno español actual, el gobierno de un futuro e incluso la Unión Europea es "lo imprescindible que es el vecino del sur [Marruecos] para mantener el control de la frontera y la estabilidad de ciudades como Ceuta y Melilla".

La entrada de decenas de miles de personas que huyeron a nado desde Marruecos el pasado 30 de julio ha desencadenado una tragedia y una crisis humanitaria aún latente, pero también un choque político con la oposición que se da por hecho que estallará en la cámara baja esta próxima semana. El PP, que quería que los ministros dieran explicaciones mucho antes en el Senado, aprovechará el escenario para lanzarse de nuevo contra el gobierno español, a quien responsabiliza de la crisis. Los ministros defenderán la acción del ejecutivo: el primer ejemplo será la capacidad de haber retornado en pocas horas la inmensa mayoría de las más de 70.000 personas que entraron –aunque el baile de cifras continúa hoy.

Los ocho ministros que comparecerán son la de Defensa, Margarita Robles (martes 25), la titular de Sanidad, Mónica García (miércoles 26), el de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños (jueves 27), el de Interior, Fernando Grande-Marlaska (viernes 28); el de Exteriores, José Manuel Albares (viernes 28); la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (viernes 28), la de Infancia y Juventud, Sira Rego (31 de agosto) y la última en añadirse a la lista ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo (lunes 31).

Control fronterizo y retornos

Sobre Marlaska y Robles ha planeado una de las grandes preguntas: ¿tenían los servicios secretos información previa sobre el acceso masivo de personas a Ceuta del 30 de julio? Desde el gobierno se ha negado, pero el PP ha insinuado lo contrario. También el gobierno de Ceuta ha denunciado que ya el día 17 de julio alertó de una situación "de emergencia" por el incremento de personas que intentaban entrar nadando desde Marruecos e incluso llamó a la Moncloa. A la espera de lo que puedan decir ambos ministros, quien ha dado un paso adelante para aclarar la duda ha sido la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha solicitado información a la Guardia Civil.

El gobierno ha apuntado a un papel clave de las redes sociales en la difusión masiva del mensaje infundado de que la frontera de Ceuta estaba abierta y que el motivo era la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de aquellos que entraban nadando. Plana la duda de si se había monitorizado suficiente este espacio digital. De momento, el ejecutivo español y Bruselas han anunciado una revisión de estas redes, pero no ha trascendido ninguna conclusión.

A la vez, el despliegue sin precedentes de las fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y el control y refuerzo de la frontera han sido elementos centrales estas últimas semanas. A juicio de los populares, no solo ha sido insuficiente ahora, sino que antes de la crisis ya lo era. En todo caso, sirvió no solo para cortar de raíz las entradas, sino también para dar celeridad a la expulsión inmediata de las personas que entraron. Durante estas devoluciones algunas imágenes han hecho saltar las alarmas de las oenegés por posibles ilegalidades. "No se han vulnerado los derechos humanos", afirmó Marlaska el 4 de agosto.

Diplomacia con Marruecos

La otra gran pregunta es si hubo una pasividad en cuanto al control fronterizo por parte de Marruecos, como ocurrió en 2021. La duda cobró más fuerza este 15 de agosto, cuando ante los rumores de una nueva entrada de personas, el país alauita multiplicó el refuerzo de la frontera e imposibilitó, esta vez sí, que se produjera un intento de entrada de inmigrantes.

Esta pasividad de Marruecos está estrechamente vinculada a la relación bilateral entre Madrid y Rabat y a otra pregunta clave: ¿Respondió la avalancha de personas a nuevas tensiones entre los dos países? ¿A una instrumentalización por parte de Marruecos de los inmigrantes para presionar a España y Europa? ¿A cambio de qué?

En ningún momento el gobierno español ha señalado directamente al país alauita, con quien se ha querido evitar un choque diplomático. Solo Margarita Robles ha tenido un tono más duro.

El encargado de la diplomacia es Albares, aunque Marlasca también adopta este rol por las competencias que tiene en la frontera. "Es una de las reflexiones que se deben hacer. La política de externalización de las fronteras constituye una fuente de vulnerabilidad porque deja la responsabilidad de mantener la soberanía que ahora tanto nos preocupa en un país tercero al cual, por un interés propio, ni le va ni le viene el tránsito de personas y tiene incentivos para utilizarlo políticamente, por una contrapartida económica o ventajas políticas. La creciente fortificación de la frontera hace más vulnerables los países periféricos como España", indica Fernández, que confía en que se haga esta reflexión desde las administraciones.

Con todo, hay quien también se ha preguntado si el gobierno se verá en la necesidad de negociar alguna contrapartida con el régimen de Mohamed VI a cambio de que mantenga el refuerzo de la frontera. "En este caso me parece difícil [...] Venimos de un contexto muy diferente al de 2021. En teoría la relación ahora estaba pasando por una luna de miel", indica la investigadora del CEARC. El PP no ha estado solo exigiendo al gobierno más explicaciones sobre el papel de Marruecos. IU ha ido más allá en la lectura de la dimensión geopolítica: "Es un ataque híbrido con los Estados Unidos e Israel".

Atención humanitaria

Hace apenas una semana que el gobierno español ha empezado a poner el foco mediático en la atención humanitaria. Las ministras de Sanidad y de Migraciones se han desplazado a Ceuta. Antes, para abordar la acogida de los menores, se había desplazado allí la titular de Infancia y Juventud.

"¿Cuál es el motivo por el cual un estado como España permite que durante tres o cuatro días haya miles de personas que no hayan recibido agua, ni comida y duerman en la calle?", preguntaba la prensa al ministro del Interior el pasado 4 de agosto. "Se trata de desajustes del primer día [...] se están resolviendo rápidamente", afirmó Marlaska, que al mismo tiempo hablaba de un retorno a la "normalidad". Un escenario que más tarde fue matizado y que todo el mundo, sobre todo los vecinos de Ceuta, da por hecho que tardará en llegar, como se constata todavía con las imágenes que llegan de la ciudad autónoma.

Las oenegés sobre el terreno fueron las que repartieron las primeras comidas entre los inmigrantes (al principio una al día), mientras que las duchas y cisternas de agua del ejército no llegaron hasta una semana después. Los primeros espacios habilitados para evitar el sinhogarismo han tardado más de veinte días, lo que ha dejado desprotegidos perfiles más vulnerables como las niñas y las mujeres, acogidas en casa por muchos vecinos. Mientras tanto, la solución para la acogida y atención de los menores no acompañados continúa siendo temporal. Y los médicos, que pidieron la activación del plan de emergencias ante catástrofes, señalaban estos últimos días que muchos inmigrantes continuaban desatendidos con heridas. Desde Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha asegurado que se estaba "cumpliendo con el calendario", pero las organizaciones sobre el terreno continúan denunciando que es "insuficiente". "Una vez el control sobre la frontera se ha restablecido, se ha puesto el foco en la crisis humanitaria, en la situación de los menores [...] pero se tardará meses o años en solucionarlo", cree Fernández.