El independentismo se impone prudencia con Borràs mientras no se enfrente a juicio

BarcelonaQue la causa contra Laura Borràs por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) tensaría las costuras del independentismo era un hecho conocido desde antes, incluso, de que arrancara la legislatura. La presión sobre los partidos para posicionarse sobre el futuro de la presidenta del Parlament, sin embargo, aumenta ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le ha dejado a un paso del juicio. El juez Jordi Seguí dio el lunes diez días a la Fiscalía para que decida si quiere acusar a Borràs, en cuya actuación ve indicios de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. Un paso previo a enviarla, si procede, al banquillo de los acusados. Tratándose de un caso vinculado a la corrupción, este hecho supondría a priori, y según el reglamento del Parlament, su suspensión como diputada. Ni Junts ni tampoco ERC ni la CUP, sin embargo, han querido mojarse este martes sobre esta posibilidad. Todavía digiriendo el terremoto del caso Juvillà y sin un acuerdo sobre cómo proceder, los tres partidos han optado por la prudencia mientras el resto de grupos ya dan por hecho que Borràs no podrá continuar.

“Ahora no hay acusación de la Fiscalía, solo un informe del juez instructor. No podemos ni queremos adelantar posibles escenarios”, ha defendido el presidente de Junts en la cámara, Albert Batet. “Sin acusación no puede haber juicio. Por responsabilidad no podemos manifestarnos más allá de defender la presunción de inocencia”, ha añadido mientras recordaba las supuestas “irregularidades” procesales del caso denunciadas por la defensa de Borràs. El apoyo de Junts a la presidenta de la cámara, que vincula directamente su caso a la causa general contra el independentismo, se podía dar por hecho, de forma que todos los ojos están puestos en Esquerra y la CUP, que son quienes la podrían dejar caer. Los republicanos no han comparecido este martes en el Parlament, pero fuentes del partido rechazan entrar en los “pasos a seguir” mientras no se haya abierto juicio oral. "No hay nada que decir", se ha limitado a responder la diputada Meritxell Serret en declaraciones a los medios. “No tenemos los elementos suficientes ni estamos en el momento adecuado para valorar la situación ni [...] cómo nos debemos posicionar”, se ha sumado desde el atril del Parlament el cupaire Xavier Pellicer.

Un caso "incómodo"

Al mismo tiempo que remarcaba el “compromiso clarísimo” de los anticapitalistas contra la corrupción, Pellicer también ha recordado la operación de sido “generalizada” contra el independentismo. Dos elementos, ha dicho en un juego de equilibrios, que guiarán el posicionamiento de la CUP en las semanas o meses venideros. A la espera de que la Fiscalía se pronuncie y el juez decida si abre juicio oral –en el caso de Roger Torrent y la anterior mesa del Parlament el TSJC tardó cuatro meses desde que se cerró la instrucción–, el independentismo opta por tirar la pelota hacia adelante y aplazar el debate sobre un caso que, según ha admitido Pellicer, es “complejo” e “incómodo” en el seno del movimiento. Así se evidenció ya el octubre pasado cuando un informe de los letrados puso sobre la mesa la modificación del artículo 25.4 del reglamento, el que establece la suspensión de los diputados juzgados por corrupción. Este precepto, introducido el 2017 precisamente por JxSí y la CUP, fue cuestionado por Junts a raíz del texto de los servicios jurídicos, pero tanto republicanos como cupaires se negaron a tocarlo a pesar de que podría afectar a la situación otros diputados independentistas.

Si bien ningún grupo ha planteado por ahora modificar el artículo en la comisión para reformar el reglamento puesto en marcha hace unas semanas, las dudas expresadas por los letrados sobre el 25.4 podrían ser utilizados por Borràs para intentar esquivar la suspensión en caso de juicio, según explican fuentes parlamentarias a Efe. Estas fuentes señalan la posibilidad de que la presidenta intente desactivar con argumentos jurídicos su salida a través de un dictamen en la Comisión del Estatuto de los Diputados –que posteriormente se tendría que votar en el pleno– o que esta misma resolución estableciera que no se la puede suspender porque la causa contra ella tiene motivaciones “políticas” y no judiciales. Sea como fuere, cualquiera de estas vías tendría que contar con el aval de ERC y la CUP, que hoy por hoy evitan posicionarse, y toparía con la oposición del resto de la cámara.

Los comuns, de entrada, ya han insistido este martes en desvincular el caso de Borràs de la causa general contra el independentismo. “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción. [...] En caso de que se abra juicio oral se tiene que aplicar el 25.4 y suspender los derechos y deberes de Laura Borràs como diputada”, ha remachado David Cid. En la misma línea se ha expresado la portavoz socialista, Alícia Romero, afirmando que el polémico artículo del reglamento es “muy claro” y exigiendo al independentismo que, si se da el caso, no busque “excusas” para no aplicarlo. Tanto Cs como el PP, por el contrario, han pedido directamente la dimisión de Borràs ante las “evidencias” de “conductas delictivas” que ven en el auto del TSJC, en palabras del portavoz naranja, Carlos Carrizosa. Y todo ello el mismo día que Nogay Ndiaye adquiría la plena condición de diputada de la CUP en sustitución de Pau Juvillà. Se cierra un capítulo y se abre otro de mayor envergadura: no solo porque afecta a la presidencia del Parlament, sino porque amenaza con profundizar la división del independentismo y, todavía más importante, con comprometer la estabilidad del Govern.