Terremoto Montoro: las claves de una trama en el corazón del Estado

Barcelona / MadridEl exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, del núcleo duro del gobierno del PP durante la presidencia de Mariano Rajoy, está en el ojo del huracán por haber traficado con leyes desde el ministerio y, según el sumario de la causa al que ha tenido acceso el ARA, los investigadores sospechan que se ha enriquecido de forma. Un terremoto que ha impactado de lleno a la política española y que es todo un torpedo a la estrategia del actual líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, quien en las últimas semanas había puesto toda la presión contra el gobierno de Pedro Sánchez por los casos que también salpican al PSOE, sobre todo la causa de Cerdán.

¿Cómo funcionaba la trama? Varias empresas de sectores estratégicos –desde las gasistas hasta constructoras pasando por las eléctricas y tabaqueras– habían obtenido los cambios normativos que buscaban, entre ellos beneficios fiscales, después de haber contratado los servicios de Equipo Económico (EE), un despacho de asesoría fundado en el 2006 por el propio Montoro. Pero la trama no acaba ahí: al mismo tiempo, EE estaba vinculado a varias sociedades que los investigadores consideran pantalla, algunas de ellas con lazos en paraísos fiscales, para dificultar el rastreo del dinero de origen ilícito. Los investigadores creen que, al final del circuito, podría estar el exministro del PP y varios ex altos cargos de Hacienda de su época, que estarían ocultando dinero.

Así se desprende de uno de los informes de la fiscal del caso, el 5 de diciembre del 2019, cuando pedía al juez prorrogar el secreto de sumario, ahora ya levantado. "El propio entramado societario creado y la información que tenemos sobre los cargos que ocupaba una de las administrativas de Equipo Económico dejan claro que los verdaderos propietarios de la sociedad habrían podido recurrir al uso de testaferros y empresas pantalla para alejar la ganancia de su origen ilícito y ocultar su inversión", se explica en el mismo.

La fiscal y los investigadores sospechan que el exministro de Hacienda es uno de los beneficiarios de la trama, ya que pese a acceder al gobierno, podría haber seguido formando parte de EE porque los documentos notariales de desvinculación de la entidad habrían sido "ficticios". Este caso lo iniciaron los Mossos d'Esquadra en 2017 en Tarragona –por eso el juez instructor está de allí– y fue por causalidad: en el marco de otra causa interceptaron correos del director técnico de Messer Ibérica de Gasas SA, Rubén Folgado, en el que describía las acciones llevadas a cabo por la Asociación de el objetivo de obtener un cambio legislativo que les proporcionara beneficios fiscales, mediante la rebaja del impuesto eléctrico. Entre esos correos, constaba la contratación de Equipo Económico, fundado por Montoro. "La vía más directa, como siempre, es pagar a ese equipo económico que tiene contacto directo con el ministro Cristóbal Montoro", decía uno de los correos.

En total, la trama involucra a 28 personas y 6 empresas a las que el instructor del caso atribuye siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. La Fiscalía y los Mossos también creen que puede haber delitos de blanqueo de capitales.

A lo largo de 2019, los Mossos d'Esquadra indagaron no sólo con las empresas que habían contratado los servicios de Equipo Económico para tener "vía directa" con el ministerio de Montoro y conseguir los cambios legislativos que querían, a cambio de pagar informes al uso, sino que también siguieron el rastro del dinero que habían ido a parar a EE. Así, identifican que existen varias sociedades que trabajan sólo por Equipo Económico y que están vinculadas a socios de esa sociedad y al propio exministro.

En un informe de la fiscal en el mismo 2019 se afirma: "La investigación efectuada por los Mossos d'Esquadra revela que la sociedad Equipo Económico (EE) ha sido siendo utilizada por sus socios, e indiciariamente también por otras personas que participaron veladamente en el reparto de las ganancias il... introducir en nuestro ordenamiento jurídico reformas legislativas que favorecieron a empresarios dispuestos a pagar". Y los investigadores, añaden, en otro punto de la causa: "Este sistema de ingeniería fiscal les permitía obtener beneficios fiscales (por su menor tributación) además de dificultar la identificación de los destinatarios finales de los fondos".

Las empresas pantalla

Los Mossos tienen muy identificada la red de empresas pantalla que servía a los propietarios de Equipo Económico para desviar el dinero que cobraban de las empresas a cambio de influir en el ministerio de Hacienda. Se desgrana la facturación de estas sociedades (Econodos SL, Tutman Fiscalía SL, Consultoría y Diagnóstico SL, y Plataforma de Soluciones Jurídicas SL), que oscila entre los tres millones y los 800.000 euros entre el 2008 y el 2017. Martínez Rico, que fue secretario de estado de Presupuestos con José María Aznar y, por tanto, mano derecha de Montoro en el ministerio, era al mismo tiempo administrador único de la empresa Econodos, que entre 2009 y 2015 recibió 3.511.925,42 euros en pagos de Equipo Económico.

Los Mossos afirman que, en definitiva, la trama tenía dos maneras de repartirse las ganancias. La primera era pagando unos sueldos inusualmente elevados a sus socios y la segunda a través de empresas pantalla. Martínez Rico cobró en nóminas, por ejemplo, la astronómica cantidad de 11.053.029 euros.

A partir de 2015, después de que aparecieran las primeras informaciones sobre tráfico de influencias de Montoro, Equipo Económico traslada su actividad a la empresa Global Afteli SL.

El vínculo con paraísos fiscales

Muchas de estas empresas pantalla, incluso EE, enviaron dinero al extranjero a paraísos fiscales y es en este punto donde ahora la investigación está detenida a la espera de recibir información de estos países. "Así las cosas, considerando probable el hecho de que el dinero se podría haber situado fuera de España, se ha puesto de manifiesto la salida de fondos tanto de EE/Global Afteli como de Limacar a diferentes países europeos con los que habrían mantenido operaciones intracomunitarias. Asimismo, se ha puesto de relieve, por un lado, la entrada de divisas a EE, y Unidos y Reino Unido, y por otro, la salida de divisas de Limacar y Tutman Fiscalía con destino a Irlanda y Luxemburgo", afirma la Agencia Tributaria.

En el caso concreto de Montoro, se sospecha de cómo se desató supuestamente del despacho que él mismo fundó en el 2006 como Montoro & Asociados y que después se convirtió en Equipo Económico. En concreto, los Mossos señalan que vendió sus acciones por valor inferior al que marcan los criterios de la AEAT (también su hermano, Ricardo Montoro, y Luis de Guindos, exministro de Economía con Mariano Rajoy, ambos también socios de Equipo Económico). Por eso creen que en realidad mantenía un vínculo. Y como nada han encontrado irregular en las cuentas y propiedades formales de Montoro, ahora la investigación se centra en trazar el itinerario del dinero que entraron en Equipo Económico y después se desviaron al extranjero. El objetivo es encontrar al testaferro que, supuestamente, estaría escondiendo el dinero del exministro del PP.

Las reformas legislativas

Las empresas pagaban a EE, vinculada directamente a Montoro, por obtener medidas legislativas favorables. Los Mossos hacen una recopilación de las que se hicieron en el tiempo de Rajoy de presidente, en concreto entre 2012 y 2014, como por ejemplo la rebaja del impuesto eléctrico del 85% para las actividades industriales si la electricidad que consumían representaba más del 50% del coste del producto. Un cambio normativo fácil con la mayoría absoluta del PP y que, según los investigadores, "obedecía más al interés de EE que al interés general".

Sobre este caso, se explica que las empresas gasistas, al quedar fuera de una exención impositiva en 2013 para procesos electrolíticos, de reducción química, mineralógicos y metalúrgicos, empezaron a maniobrar, sobre todo dirigidas por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFG). Llega un momento en que dicen que la vía efectiva "es pagar al equipo económico que tiene contacto directo con el ministro Montoro". Se celebran las reuniones y finalmente acuerdan pagar en total (cada empresa no desde la asociación) 270.000 euros a EE por un informe de 12 páginas. "EE fue contratada por su capacidad de influencia", concluyen los Mossos. Tras una reunión con el propio Montoro, todo desemboca en el visto bueno de Hacienda para aprobar ese beneficio fiscal. La aprobación derribó profundamente la recaudación (tres millones menos en Tarragona en el 2015, por ejemplo) y Hacienda concluyó que había tenido un impacto negativo.

Asimismo, explican cómo se gestó la modificación del impuesto sobre actividades económicas (IAE) a petición de empresas gasistas. Primero se pusieron en contacto con una empresa para que hiciera de lobi e influyera en el ministerio de Hacienda para que aceptara esta modificación y la incorporara a la ley de presupuestos. No salieron adelante porque uno de los argumentos que le daba el ministerio era que no estaba garantizada la aprobación de las cuentas. Las gasistas decidieron abrir la vía de Equipo Económico para intentar que prosperara la medida. A través del bufete de Montoro, la reforma prosperó y EE les facturó, por los servicios, 360.000 euros.

La policía catalana también hace referencia a otra modificación sobre cómo abordar el problema del creciente déficit tarifario, que propició el choque entre el propio Montoro y el entonces también ministro de Industria José Manuel Soria. Si bien este último quería que se eliminaran las primas a las renovables y trató de aplicar un impuesto "progresivo" en el sector eléctrico, que castigaba a estas empresas; Montoro abogaba por limitar la eliminación de las primas a las renovables y logró decantar la carga impositiva a las eléctricas tradicionales, dicen los Mossos. Una de las empresas de energía renovable beneficiadas por los tratos con EE sería Solaria, de quien más facturó el despacho fundado por Montoro.

Ferrovial, Red Eléctrica y Abengoa

La investigación de los Mossos inicia con el sector de las gasísticas y sigue con las renovables, pero también se fija con la relación que tenía EE con empresas concretas, como Red Eléctrica, participada con un 20% por la SEPI, el brazo de inversión pública del Estado; Abengoa (de donde destacan la estrecha relación con el poder político de todos los colores); Madrid Network vinculado a la Comunidad de Madrid, así como con Ferrovial. La policía catalana dice que Red Eléctrica, que recuerdan que es la compañía que controla en monopolio todas las redes de transporte de electricidad en España, contrató servicios de EE por un valor de 1,3 millones de euros entre 2010 y 2015. Sobre Ferrovial, recogen información de una denuncia 10 Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas durante el gobierno Rajoy, y que éste le sugirió que para impulsar sus intenciones de reforma sobre el marco regulador contratara el despacho de Montoro, que acabó facturando 300.000 euros de esa empresa.

Por otra parte, la policía catalana también incide en una ramificación en la Comunidad de Madrid, a través de Madrid Network, una asociación privada de impulso de proyectos innovadores pero que gestionaba dinero público. ¿Cómo? A raíz de un convenio realizado por Cristina Garmendia, ministra con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), que traspasó dinero a la Comunidad de Madrid y que a la vez firmó un convenio con Madrid Network para que se encargara de financiar los proyectos que considerara. Equipo Económico facturó 2 millones de euros. Antoni Beteta también presidió esta entidad y fue consejero de Economía en la Comunidad de Madrid. Los Mossos, al mismo tiempo, señalan que esta entidad realizó préstamos a empresas vinculadas a la exministra Garmendia.

Por último, la policía también cita la relación entre EE y Abengoa, con quien el despacho de Montoro facturó más de 3 millones de euros. En cualquier caso, constatan que la relación va más allá de la contractual y aquí la figura clave es Ricardo Martínez Rico, que era socio de EE, contratado por esta empresa a "fin de procurarse una conexión directa con el Ministro de Hacienda". Asimismo, Rico es el hermano del director de gabinete de Montoro cuando era ministro, Felipe Martínez Rico.

Philip Morris y las empresas del juego

Las tabaqueras también acudieron a EE ya Montoro para lograr la legislación que querían y, en concreto, Philip Morris aparece como una de las empresas que más dinero pagó, con 1,3 millones de euros. percibir rendimientos de Philip Morris, también en 2016, por cursos y conferencias.

Al mismo tiempo, las empresas del juego acudieron a EE y en concreto, Codere SA, antes de la entrada en vigor de la ley del juego. En ese punto, aparece otro nombre vinculado al PP, el exministro de Justicia Rafael Catalá, que había trabajado con socios de Equipo Económico cuando formó parte del ministerio de Hacienda de Montoro y estaba vinculado a Codere por relaciones laborales anteriores. La operación fue: las empresas del juego españolas presionaban para poner obstáculos a las de capital extranjero y, tras Codere convertirse en cliente de EE, Hacienda impuso a las sociedades del juego de fuera tributar por las ganancias obtenidas en los cuatro años anteriores a la aprobación de la ley si querían obtener una licencia en España.

Acceder a información tributaria

Montoro también utilizó su posición para acceder a información tributaria de políticos, periodistas o famosos, a información "sensible y legalmente protegida", según la Agencia Tributaria. Los Mossos lo acreditan con varios correos que demuestran que el jefe de gabinete del exministro, Felipe Martínez Rico, estaba informado por parte del ex director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, de la situación tributaria de determinadas personas. Ocurrió con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre o también con la familia Pujol. Menéndez pidió explícitamente conocer el contenido de los informes que se pedían en el marco de la causa judicial sobre los Pujol antes de enviarlos al juez. Una petición que también hizo en el caso de la trama Gürtel, de la que Martínez Rico estaba en el caso de la causa.