Perelló cierra filas con los jueces y los blinda en la aplicación de la amnistía

MadridIsabel Perelló volvía de Estados Unidos cuando se enteró de que el pleno del órgano de gobierno de los jueces le escogería como la primera presidenta del Consejo General del Poder Judicial. 48 horas después, este jueves pronunciaba un discurso que había terminado a las cuatro de la madrugada y que, sin citas directas, ha hecho sobrevolar a la amnistía en el acto de apertura del año judicial. "Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico", soltó Perelló, en presencia de Felipe VI y del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Un cierre de filas en toda regla con los jueces ante el enfrentamiento que se vive con el gobierno español –y las fuerzas independentistas– por la no aplicación de la ley de olvido judicial en algunos casos como el del expresidente Carles Puigdemont. La otra gran pata de su intervención ha sido la reivindicación femenina ante la "inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social".

"Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica y es, precisamente, la posibilidad de criticar —también las resoluciones judiciales— lo que se refiere a una sociedad libre, abierta y plural. En el derecho la discrepancia es posible, habitual, incluso todo podría decirse que es inherente al debate jurídico. Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto. Y ha añadido: "Hago un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas ya los poderes del Estado para que respeten la labor que los jueces y magistrados realizan. Las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación contempladas en las leyes procesales".

¿Quién ha salido ganando?

Fuentes cercanas a Perelló aseguraban que, como nueva presidenta del Poder Judicial, debía enviar ese mensaje de apoyo a sus colegas. Ahora bien, no se sabe qué piensa sobre la actitud de los magistrados Manuel Marchena y Pablo Llarena, decididos a no amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. En los pasillos del Supremo todavía se intentaba sacar el entramado de quien ha ganado la partida con esta elección: el relato que se hace en sectores conservadores es que no es especialmente afín al gobierno español como podía ser la otra candidata que se va someter a votación, Ana Ferrer. Esta magistrada de la sala de lo penal del Supremo emitió un voto particular duro contra la decisión de Marchena de no aplicar la amnistía a los condenados por el 1-O. En cambio, en la órbita del PSOE se insiste en que existe mucha satisfacción con la elección de Perelló y que quien anteriormente había sonado como presidenta, Pilar Teso, no era la favorita de la Moncloa. Incluso hay quien dice que se quemaron expresamente los nombres de Teso y Pablo Lucas –el aspirante que proponían los conservadores– y que a finales de julio ya se hablaba internamente de Perelló.

Desde su entorno reconocían que estaba abrumada por la precipitación de los acontecimientos y se percibió con su tono bajo durante el discurso. Antes de que Perelló ha tomado la palabra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien no ha hecho ninguna referencia explícita a la amnistía, pero sí ha reivindicado su papel "de articulación y unificación en su interpretación de el ordenamiento jurídico". Una de las críticas que el ministerio público ha hecho del Tribunal Supremo por no haber amnistiado el delito de malversación es que la tesis que han elaborado Marchena y Llarena es retorcida y atenta contra la seguridad jurídica. "El derecho debe ir ligado a una interpretación racional y uniforme de la norma. [...] Un espacio de justicia predecible es una garantía para la ciudadanía", ha afirmado el fiscal general.

La situación de García Ortiz

Por otra parte, García Ortiz está pendiente de que el Supremo decida si le investiga por las revelaciones de los contactos que la Fiscalía mantenía con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, sobre los delitos fiscales que confesó. De momento, ha logrado llegar al acto de apertura del año judicial y realizar el discurso sin estar imputado. "El ministerio fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley", ha subrayado al inicio de su intervención. Además, García Ortiz ha pedido realizar una "reflexión" sobre el papel de la acción popular en la justicia porque "aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas", en un momento de fuertes críticas en el ámbito político al juez Juan Carlos Peinado por la causa abierta contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. "Quien quiera, lo habrá entendido", decían desde su entorno.