La hermana del ministro Puente, señalada por el PP y Vox: "En mi mundo, él es el hermano de Sofía Puente"

BarcelonaLa derecha y la extrema derecha españolas están dispuestas a torpedear la llamada ley de nietos, la disposición que el gobierno español incluyó en la ley de memoria democrática para que los descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad. La cruzada política del PP y Vox contra el texto legislativo, que califican de instrumento de Pedro Sánchez para alterar el censo electoral, ha saltado a los tribunales y el Supremo ya ha bloqueado el derecho a voto de los nuevos nacionalizados. Pero esta no es la única derivada política y judicial de la ley. En el blanco de las críticas, y de las querellas, está el nombre de Sofía Puente, fiscal de carrera, alto cargo del gobierno español y, también, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Responsable de una instrucción por la cual se ampliaban los criterios para que los beneficiarios de la norma accedieran a la nacionalidad, la ahora secretaria general en el ministerio de Justicia defendió este lunes en una entrevista en RTVE que su parentesco con el ministro es lo que llevó tanto a Vox como a la entidad ultra Hazte Oír a querellarse contra ella por prevaricación y usurpación de funciones. "Estoy convencida de que si no me apellidara Puente, la discusión se habría desarrollado en términos estrictamente jurídicos [...] Pero efectivamente soy la hermana de quien soy y todo esto forma parte de esta especie de conspiración según la cual todos somos instrumentos al servicio del sanchismo", ha dicho. A la vez, sin embargo, ha reivindicado su larga trayectoria en la administración de justicia y en el gobierno español, previa al ascenso del titular de Transportes, y ha remachado: "En mi mundo, él es el hermano de Sofía Puente".

La instrucción a la cual las derechas se agarran para querellarse contra ella se emitió cuatro días después de la aprobación de la ley de nietos, en octubre de 2022. Entonces Sofía Puente era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Si el texto inicial de la norma establecía el acceso a la nacionalidad de los hijos o nietos de españoles que perdieron la nacionalidad a consecuencia de haber sufrido "exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual", la instrucción firmada por Puente concretaba que, por defecto, el estatus de exiliado se reconocía a todas las personas que se marcharon de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Cuatro años después, Sofía Puente continúa en el Ministerio de Justicia, pero ahora como secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.