Financiación autonómica

Isla y Sánchez se van de vacaciones sin resolver la financiación singular

El Govern pacta con ERC un decreto ley para adaptar la normativa de la ATC a la futura Hacienda catalana

BarcelonaLa comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de mediados de julio sirvió para formalizar el compromiso de los socialistas de avanzar hacia la nueva financiación singular, pero sin garantizar la ordinalidad ni calendarizar cuando empezará a caminar la Hacienda catalana. El gran grueso de estas concreciones quedan pendientes para septiembre pese al malestar de Esquerra, que avisa de que las negociaciones van "mal" y acusa directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este martes, los gobiernos catalán y español han celebrado las últimas reuniones antes de irse de vacaciones sin más adelanto en la financiación singular de Catalunya, medida estrella del acuerdo del PSC y ERC para investir a Illa, que pronto hará un año en el cargo. Lo más caliente está en el fregadero y por eso los republicanos avisan a los socialistas que, si quieren nuevos presupuestos, tendrán que cumplir este compromiso.

Ahora bien, a la espera de los detalles sobre el nuevo modelo, Esquerra y el Govern quieren avanzar trabajo y este martes han anunciado un acuerdo sobre la nueva Agència Tributària de Catalunya (ATC): es un decreto ley que adapta su regulación para que, en el futuro, tenga autonomía sobre su personal y una gobernanza más eficiente. El Gobierno se ha comprometido a aprobarlo en el primer consejo ejecutivo a la vuelta de vacaciones, el 26 de agosto. El objetivo es que el ATC disponga de las herramientas jurídicas y organizativas necesarias para ejercer las nuevas competencias que deberá asumir cuando recaude todos los impuestos —que representan ingresos por valor de 30.000 millones, frente a los 5.000 que ahora gestiona—. Para ello, el decreto ley modificará el libro segundo del código tributario de Cataluña, aprobado en 2017 y que regula la administración tributaria de la Generalitat. El Parlament deberá convalidar el decreto ley pactado entre el Govern y ERC.

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El decreto crea dos nuevos cuerpos dentro del ATC: el de Agentes Tributarios —encargados de tareas de tramitación administrativa y de asesorar a la ciudadanía— y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. Hasta ahora, no había ningún informático en plantilla en la ATC. En la AEAT hay 1.500. Con el nuevo decreto, la ATC también tendrá mayor autonomía para decidir su estructura y funcionará a partir de un contrato programa. Este instrumento establecerá las líneas estratégicas, los recursos financieros y las actividades a desarrollar por el ente.

La "complejidad" de la materia

La noticia del pacto entre ERC y el Govern ha saltado tras la última rueda de prensa del ejecutivo antes del paro de verano, en el que no se ha dado ninguna pista sobre el acuerdo. En todo caso, en la rueda de prensa la consellera de Territorio y portavoz, Silvia Paneque, ha vuelto a subrayar la "complejidad" de unas negociaciones en las que, ha dicho, el "ruido político" se mezcla con las vicisitudes técnicas de ampliar el ATC. "En algunos acuerdos hemos llegado a tiempo. En otros, hemos requerido más tiempo. Con total transparencia, intentamos explicar las dificultades que nos encontramos", ha argumentado Paneque.

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En este contexto, fuentes tanto de ERC como del Govern llevan semanas dando por hecho que será prácticamente imposible que la ATC pueda recaudar el IRPF del año 2026, tal y como se firmó en el pacto de investidura. De hecho, el Gobierno sigue estudiando cómo debe dimensionar la plantilla y los medios de la agencia para poder llegar a recaudar este impuesto, el más masivo de todos. Debería ayudar un plan director encargado a Indra sobre los pasos a seguir y que debía estar listo antes del 31 de julio. Aunque Paneque ha dicho que sería "prudente" esperar a septiembre para tener este documento, otras fuentes consultadas por este diario apuntan a que podría llegar antes, durante el verano.

En paralelo, la semana pasada el Gobierno creó un nuevo comisionado para la Hacienda catalana y un nuevo consejo asesor (aunque sin un calendario concreto) Ambos se suman al grupo de expertos sobre la financiación singular que sigue en marcha (sin que se haya hecho público el informe en el que debían concretar sus aportaciones al debate sobre la arquitectura del nuevo modelo)

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El dilema con la ordinalidad

El Gobierno del PSC ha evitado señalar a Montero por el mal curso de las negociaciones sobre la financiación, pero tampoco ha salido a defenderla tras las críticas de ERC y su líder, Oriol Junqueras, acusándola de no querer atender las peticiones catalanas por no complicarse el futuro electoral como candidata a las elecciones andaluzas. "Señalar a una sola persona en una negociación con tantos actores y complejidades no sería justo", ha dicho la portavoz del Gobierno. Ahora bien, el propio Junqueras dejó entrever el lunes que, en la negociación con Hacienda, tanto el PSC como Esquerra están remando en la misma dirección y que sería el gobierno español quien estaría poniendo bastones en las ruedas. Unas diferencias que ya se hicieron evidentes con el principio de ordinalidad, que el Estado no quiso asumir en el redactado del pacto de la bilateral ni tampoco después. Este martes, Paneque ha dado por sentado que el nuevo modelo debería respetar este principio para que Catalunya no pierda posiciones en el reparto de los recursos autonómicos.

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Ante la ralentización de las negociaciones, Esquerra ya avisa de que tirará por el derecho y que presentará próximamente una proposición de ley en el Congreso para ir materializando los detalles de la nueva gestión tributaria catalana. En cuanto al modelo general sobre financiación, deberá pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el gobierno español prevé convocar después del verano, así como por el Congreso de los Diputados. A falta de poner cifras, el compromiso es que faculte a la Generalitat para recaudar todos los impuestos y contribuya a la solidaridad interterritorial y los gastos del Estado y garantice recursos suficientes para que despliegue sus competencias. Pero la idea es que esté abierto al resto de autonomías que quieran acogerse.