El juez Calama pide que se investiguen las filtraciones del caso Zapatero
El expresidente español solicita la nulidad de las actuaciones contra él por vulneración de cuatro derechos fundamentales
MadridAl día siguiente de que salieran a la luz las conversaciones privadas y las agendas de José Luis Rodríguez Zapatero, el juez José Luis Calama, el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha pedido que se investiguen las filtraciones. Calama ha enviado la petición a los juzgados de Madrid, a quienes insta a identificar a los responsables de las filtraciones, que ve potencialmente delictivas. El magistrado remarca que los hechos tienen "gravedad" y podrían tener encaje en tipos penales de revelación de actuaciones reservadas. En paralelo, el expresidente español ha solicitado a Calama la nulidad general de las actuaciones de la causa por vulneración de cuatro derechos fundamentales. Según el documento, al que ha tenido acceso el ARA, Zapatero denuncia que se ha incorporado al proceso una "prueba ilícitamente analizada".
"Filtraciones constantes e inmediatas"
La filtración del contenido de los whatsapps y de las agendas de Zapatero de 2024 y 2025, que incluyen información que no tiene relación con la investigación, no es la única que se ha producido recientemente. Sin ir más lejos, la semana pasada se filtró la grabación de las casi tres horas de declaración del expresidente ante el juez. En un auto, el magistrado se queja de que "desde el momento" en que las actuaciones "fueron puestas a disposición de las partes personadas" a través de la plataforma Cloud, se han producido "filtraciones constantes e inmediatas" a los medios de comunicación. Un comportamiento que alcanzó su "máxima expresión" este miércoles con la publicación "íntegra" de los anexos del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, relativo a las presuntas gestiones de Zapatero en Bolivia para beneficiar a una empresa peruana.
Más allá de pedir que otra instancia judicial investigue estas filtraciones y las posibles responsabilidades penales que se deriven, Calama ha decidido endurecer el acceso a la documentación de la causa para las partes personadas. El juez ha creado una pieza "de información sensible" con las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de los testigos e investigados a la que solo podrán tener acceso el juzgado que encabeza y la Fiscalía. El resto de partes solo podrán consultar la transcripción del contenido y, si quieren verlas o escucharlas, deberán hacerlo presencialmente en la Audiencia Nacional sin posibilidad de llevarse una copia. Es la misma medida que tomó el juez que investigó al fiscal general del Estado. Además, a partir de ahora, solo el PP, que dirige las acusaciones populares, podrá acceder directamente al Cloud.
Entre las acusaciones populares en esta causa hay partidos de extrema derecha, como es el caso de Vox, y entidades ultras como Manos Limpias y Hazte Oír, que también están personadas. La filtración de las conversaciones y las agendas de Zapatero generó las quejas del entorno del expresidente, que lo tildó "de escándalo" y apuntó a acciones legales. Además, la Moncloa criticó que cada vez hay más filtraciones de este tipo y el PSOE denunció que respondía a una voluntad de "caza".
Zapatero acusa a la Fiscalía de "dirigir" la nómina hacia jueces de "más conveniencia"
El otro movimiento lo ha hecho Zapatero con un nuevo escrito de carácter eminentemente procesal. Es decir, no intenta desmarcarse de los hechos o negar las irregularidades, sino que se centra en atacar el origen, obtención y análisis de las pruebas que hay contra él. Es una maniobra que se suma a la que hizo hace dos días. En el nuevo escrito, consultado por el ARA, denuncia que se le han vulnerado los derechos al juez ordinario predeterminado por ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.
Concretamente, es muy duro con la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón. Tras hacer un repaso sobre el largo periplo que la causa relacionada con Plus Ultra experimentó desde 2021 hasta desembocar en la imputación de Zapatero, la defensa del expresidente español acusa al ministerio público de haber llevado a cabo "investigaciones paralelas", de haber querido "asumir sin reservas" el papel de los jueces de instrucción y de haber impulsado "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de más conveniencia".
En este caso, pone especialmente la lupa en la información que se obtuvo a raíz de una petición de Francia y quiere asegurarse de que hubo una autorización judicial expresa que validara el análisis de las conversaciones del móvil del abogado Miguel Palomero. Advierte que su ausencia comportaría una "injerencia no autorizada" en el derecho al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de los datos personales. Y advierte de las reservas que hay que tener para reutilizar "material" para "finalidades y procedimientos" diferentes de aquellos para los cuales fue "lícitamente obtenido". Finalmente, avisa que si todo esto no se ha hecho correctamente, se debe producir un "efecto de nulidades encadenadas" hasta la última resolución del caso porque el informe original con los chats de la discordia es aquel sobre el cual "descansa" la denuncia que dio pie a la investigación de la Audiencia Nacional.