Bolaños se desvincula del nombramiento de la asesora de Begoña Gómez que investiga al juez Peinado

MadridJuan Carlos Peinado ha vuelto a visitar el Palacio de la Moncloa siete meses y medio después. Esta vez, el segundo, fue para tomar declaración como testigo a Félix Bolaños en el marco de la investigación contra Begoña Gómez. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ya se desplazó a finales de julio para interrogar a Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar por su vinculación personal con la investigada, que es su esposa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no pudo escudarse en ello en el cara a cara que mantuvo este miércoles por la mañana con Peinado y respondió durante más de dos horas. En la declaración, Bolaños se desvinculó de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Gómez también investigada, y que el instructor de la causa puso en el punto de mira como posible malversación.

Según fuentes jurídicas citadas por Efe, Bolaños ha explicado que no participó en este nombramiento ni fue el jefe de Álvarez, pero ha garantizado que la contratación se hizo legalmente. También recordó que esta figura de asistente de la mujer del jefe del ejecutivo ha existido en todos los gobiernos anteriores. ¿Qué ha motivado a Peinado a interrogar a Bolaños? La justificación del polémico juez –en la diana del gobierno español porque considera que está utilizando esta causa para realizar una "persecución política despiadada" contra Sánchez– es justamente la sospecha de que fue quien autorizó esta contratación en la que el juez ve un posible delito de malversación por el hecho de que Álvarez admitió haber enviado correos electrónicos relacionados con el

"Ningún trabajador público debe ser utilizado para una actividad profesional propia", ha dicho la abogada de la acusación popular ejercida por Vox, Marta Castro, a la salida, apuntalando la misma tesis que Peinado. En una atención a los medios, Castro ha dicho que tras escuchar a Bolaños queda claro que "hay que seguir investigando" para identificar quién tomó la iniciativa para que fuera designada. "El asunto continuará", vaticinó, adelantando que Vox pedirá nuevas testificales. El PP ya ha aprovechado para pedir la dimisión de Bolaños. "La fotografía frente al juez Peinado es la viva imagen de su propio fracaso y de la degradación de la democracia española", ha dicho la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo desde el Congreso.

La decisión de citar a Bolaños llegó justamente después de que el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez expusiera, en una declaración como testigo a finales de febrero, que tuvo sobre la mesa, cuando Sánchez llegó a la Moncloa en el 2018, una lista de entre 80 y 90. En esa relación de nombres estaba el de Álvarez, quien dijo que no conocía previamente. Tampoco supo decir quién le había pasado la lista y aseguró que se limitó a elevar la propuesta de fichaje de la asesora de Gómez a su superior, que aclaró, a preguntas de las acusaciones populares, que era precisamente Bolaños cuando estaba al frente de la secretaría general de Presidencia entre julio del 2018 y el mismo mes del 20 momento aún no fuera ministro ha servido a Peinado para negar a Bolaños la posibilidad de declarar por escrito, tal y como recoge la ley de enjuiciamiento criminal para los miembros del gobierno. Peinado se ha desplazado al Palacio de la Moncloa con un coche oficial que le ha facilitado el gobierno español. Fue él mismo quien lo pidió, porque cuando acudió con un vehículo ajeno a la Moncloa para interrogar a Sánchez le retuvieron "un período de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso".

Multas a los abogados

El mismo día que el instructor de la causa ha interrogado a Bolaños ha trascendido otra decisión controvertida Peinado ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, por haber hecho declaraciones a la prensa tras la declaración como sucedido en el pasado 18 de diciembre. en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa al transmitir lo que debe mantenerse en secreto". El juez también ha multado con 500 euros a dos de las acusaciones populares, Vox y Hazte Oír, también por haber hecho declaraciones. La multa es menor porque las hicieron tras Camacho, lo que "tempera la infracción", a juicio de la infracción".