El juicio contra Ábalos por las mascarillas coincidirá con el juicio al exministro del Interior de Rajoy

MadridEl Tribunal Supremo tira por la calle del medio y juzgará de aquí a un mes a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. El alto tribunal ha rechazado por unanimidad todas las cuestiones previas que plantearon el exministro de Transportes y su exasesor, que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes 7 de abril, al día siguiente de que arranque el juicio del caso Kitchen contra Jorge Fernández Díaz y su cúpula en el ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy. Tres semanas después de la vista preliminar del caso mascarillas, el Supremo ha cerrado la puerta a una de las principales demandas de Ábalos y Koldo: que la causa vuelva a la Audiencia Nacional a raíz de la renuncia de Ábalos al acta de diputado. La interlocutoria, de 138 páginas, reitera que una vez el juez abre juicio oral contra un diputado –como pasó en diciembre, cuando Ábalos todavía era parlamentario–, la competencia del Supremo es "inmune a la pérdida de la condición de aforado" y argumenta que es un momento que "no puede quedar al azar o depender del capricho o voluntad del acusado".

Así mismo, defiende que el pronunciamiento del Supremo de 2014 –que las defensas de Ábalos y Koldo cuestionaron– sirvió para "fijar un criterio claro ante el confuso marco normativo". Koldo y Aldama, que nunca han sido aforados, también serán juzgados por el Supremo por su "conexión material inescindible" con los hechos investigados. Además, los siete jueces del Supremo tocan el borde a las defensas y les advierten que acceder a su petición tendría unas "onerosas consecuencias" para los dos acusados, que "verían demorado sine die" el juicio. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Los acusa de cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

El Supremo también ha cerrado la puerta a presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, rechaza que el caso sea juzgado por un jurado popular y descarta que se hayan vulnerado el derecho de defensa, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la prueba pertinente y la inmunidad parlamentaria. Además, rechaza hacer un careo con polígrafo entre Koldo García y Víctor de Aldama, como pedía la abogada del exasesor de Ábalos Leticia de la Hoz. "El polígrafo es una prueba que no tiene reconocida ninguna validez en el ordenamiento jurídico español, no puede reemplazar la función de los tribunales de valorar las pruebas bajo los principios de publicidad, inmediación y oralidad y podría imponer la efectiva renuncia del acusado a su derecho a no decir verdad", responde ahora el Supremo.

Francina Armengol y Ángel Víctor Torres como testigos

En el capítulo de testigos, la sala da luz verde a todos los que pidió el fiscal Alejandro Luzón, entre los que hay dos figuras importantes del entorno de Pedro Sánchez: Francina Armengol –actual presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de las Islas Baleares– y Ángel Víctor Torres –ministro de Política Territorial desde 2023 y expresidente de las Islas Canarias.

En cambio, no citará ni al presidente español ni a María Jesús Montero –vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda–, dos nombres que propuso la acusación popular liderada por el PP; ni Fernando Grande-Marlaska –ministro del Interior, una demanda de Ábalos y Koldo–; ni Salvador Illa –actual presidente de la Generalitat y ministro de Sanidad durante la pandemia, una petición de Koldo.