La gobernabilidad en el Estado

Junts vuelve a tumbar el escudo social y se aleja aún más del PSOE

Los juntistas, pero también PP y Vox, votan en contra del decreto. Los primeros presentan una alternativa propia a la medida antidesahucios.

26/02/2026

En el Congreso, todo el mundo daba por hecho este jueves por la mañana que el escudo social del gobierno español no saldría adelante. Finalmente, la amenaza de Junts de volver a votar en contra se ha materializado escenificando no solo el rompimiento con el PSOE, sino también la nula interlocución entre los dos partidos desde que los de Carles Puigdemont decidieron romper con los socialistas. Por segunda vez, los votos de los juntaires, pero también los de PP y Vox, han hecho descarrilar este paquete de medidas, como ocurrió hace un mes, cuando el gobierno español llevó el decreto al Congreso por primera vez. Entonces, el escudo social y la subida de las pensiones iban en un mismo documento, pero esta vez el ejecutivo de Pedro Sánchez lo ha separado para asegurarse de que, como mínimo, la subida de estas prestaciones en 2026 prosperase (incrementarán un 2,7%). Vox ha sido el único partido que ha votado en contra. Al mismo tiempo, la otra votación clave de este jueves (el decreto para limitar precios de bienes y servicios en casos de emergencia) tampoco ha prosperado porque el PP, Vox y Junts han votado en contra. Fuentes de los juntaires en Madrid comparan esta medida con la Venezuela de Nicolás Maduro. Junts presenta una alternativa

Junts argumenta que vuelve a votar en contra del escudo social porque el ejecutivo central no ha excluido la medida antidesahucios, que está en vigor desde la pandemia de la covid-19. De poco ha servido, pues, el acuerdo entre el gobierno español y el PNB para excluir a los pequeños propietarios de la medida. "Escudo social sí, ocupaciones no", afirmaba este miércoles la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Este jueves el partido ha registrado una proposición no de ley propia con una alternativa a la moratoria actual, intentando marcar perfil propio como también han hecho con otras cuestiones como la prohibición del "burka".

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Los juntaires consideran que la prohibición de ejecutar los desahucios de algunas familias vulnerables que se incluye en el escudo social no solo alimenta la ocupación, sino que no soluciona la crisis del acceso a la vivienda y deja desamparados a los propietarios. En este sentido, critican que el gobierno español no haya cumplido con el compromiso de compensar a los propietarios por el impago de la renta por parte de los inquilinos a pesar de haber anunciado 300 millones de euros. Con todo, el partido dice no tener datos exactos de la afectación de la medida antidesahucios en vigor porque el gobierno español "no se los da", explican fuentes de Junts en Madrid. Según los movimientos por el derecho a la vivienda, la medida ha detenido temporalmente unos 58.000 desahucios (con datos hasta el año 2024), algunos de los cuales son por impago del alquiler o recesión del contrato e incremento de la renta. Fuentes del gobierno español reconocen que en estos momentos no se está dando ningún espacio de interlocución en términos de negociación con los de Carles Puigdemont, aunque hay "cordialidad". A pesar de que el gobierno español llegaba a la votación de este jueves asumiendo la derrota, el choque es evidente. "¿Por qué compran el marco de la derecha y la ultraderecha?", recriminaba Pedro Sánchez este miércoles a Miriam Nogueras, en referencia al discurso de la ocupación. La única ventana que podría enderezar esta situación, a ojos de la Moncloa, es la vuelta de Carles Puigdemont. Esto sacaría de la lista de incumplimientos que Junts denuncia el hecho de que la amnistía no se haya ejecutado, aunque hay otras materias encalladas como la delegación de las competencias en inmigración. Con todo, el escudo social de este jueves incorpora medidas como el bono social eléctrico y térmico, las bonificaciones fiscales para la compra de un coche eléctrico o para la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética, la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entre otras cosas. Desde Junts aseguran que si el gobierno español excluye la moratoria de los desahucios, apoyaría el resto de medidas. Los juntaires tampoco se han abierto a dar apoyo al paquete pero tramitarlo como proyecto de ley para introducirle enmiendas más adelante, ya que consideran que es una vía que acaba en un cajón. De momento, el gobierno español no ha anticipado si se plantea llevar un nuevo escudo al Congreso más adelante pero sacando esta vez la medida antidesahucios.