Los que más se han escandalizado por esta iniciativa han sido los sindicatos policiales españoles y las organizaciones profesionales de la Guardia Civil. Alertaron de que el objetivo de este movimiento es propiciar el "final" de las fuerzas de seguridad españolas en Catalunya. Así, interpretan esa "expulsión" porque son los que se encargan de la vigilancia de fronteras. "Pretenden dejar el cuerpo sin funciones en territorio catalán", avisó el secretario general del sindicato JUPOL, Aarón Rivero. El otro sindicato mayoritario, el SUP, avisó en un comunicado de que esto supone "la desintegración de la Policía Nacional en Catalunya". De hecho, ha enviado una carta urgente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle que "respete las competencias del cuerpo" y rectifique este acuerdo.
Junts quiere que la Generalitat pueda fijar las condiciones para expulsar a inmigrantes con delitos multirreincidentes
El Govern minimiza el acuerdo con Junts y asegura que no se trata de "ningún traspaso" de competencias
BarcelonaLa "delegación integral" de las competencias de inmigración en la Generalitat fue uno de los desarregladores de el entendimiento entre Junts y el PSOE para los decretos del gobierno español. Tras el silencio absoluto que protagonizaron los junteros durante la tarde del intenso pleno en Madrid, que acabó en un comunicado, este jueves varios dirigentes del partido se han pronunciado sobre qué implica, según ellos, el acuerdo con el PSOE . De entrada, Junts quiere que Catalunya pueda decidir sobre los flujos migratorios y permisos laborales, pero también sobre si "hay que expulsar a inmigrantes en situación irregular reincidentes", ha afirmado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en Catalunya Ràdio . "Debemos mirar en qué condiciones se les puede echar”, ha añadido, recordando la demanda de varios alcaldes del Maresme ante la multirreincidencia.
Con todo, Turull ha hecho hincapié en la "prevención" de estos fenómenos de inseguridad: "Catalunya es un solo pueblo, pero es un país de derechos y deberes: todo el mundo que hace la opción de que éste sea su país y el de sus hijos debe tener los mismos derechos y los mismos deberes", ha argumentado, para defender que "quien la hace la paga". Eso sí, ha dejado claro que desde su perspectiva las políticas de inmigración deben poner el acento en la "integración", no en "el enfrentamiento" ”, ha dicho, que promueven formaciones de extrema derecha como la de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.
El PSOE evita confirmar que avale la posición de los junteros y se emplaza a negociar con el partido de Carles Puigdemont la ley orgánica que debe concretar el pacto. Lo que sí deja claro es que esa cesión no implica tocar la Constitución. Juntos lo ha planteado como una delegación integral de las facultades, a través del artículo 150.2 de la carta magna, una vía que el PSOE ha avalado este jueves, aunque el artículo 149 sitúa a la inmigración como una competencia "exclusiva" del Estado.
Turull tampoco ha concretado nada más, escudándose en que lo que han hecho ahora es tomar la "decisión de espesor" de traspasar el poder a la Generalitat: "Debemos hacer una buena ley orgánica". La "importancia" de este pacto también lo ha subrayado la líder de Junts en Madrid, Míriam Nogueras. En una entrevista en RAC1, ha dicho que el acuerdo es el más importante desde el pacto del Majestic con José María Aznar: "Han pasado cosas que no ocurrían desde 1997, cuando se consiguieron las competencias de tráfico". Laura Borràs, desde Telecinco, ha dicho que la forma de negociar de Junts y ERC es "muy diferente" y que esto se ve reflejado en los "resultados". Algunas de las funciones que reclama Junts, como la de decidir sobre los permisos laborales, ya están previstas en el Estatut, eso sí, en coordinación con el Estado. Nogueras también ha defendido aplicar "el contexto normativo europeo fronterizo" y ha dicho que la lengua es un punto "importantísimo" para la integración.
El Gobierno pide explicaciones a la Moncloa
El Govern no tenía conocimiento del pacto Junts-PSOE y ha pedido explicaciones a la Moncloa, según ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ARA. Ha sido la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, que ha contactado esta mañana con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que le desgrane la letra pequeña del pacto. Sin embargo, el ejecutivo aún no ha recibido ninguna información. En declaraciones a los medios, Vilagrà aseguró que cualquier nueva competencia "es bienvenida", pero pidió los detalles. "Exigimos al PSOE y al gobierno del Estado conocer esta letra pequeña y seguir trabajando de gobierno a gobierno", afirmó Vilagrà. De entrada, sin embargo, con el texto del comunicado de Junts en la mano, la consellera ha negado que se trate de "ningún traspaso".
La diputada de ERC Teresa Jordà también ha sido crítica con Junts: “Esto es un enunciado [...]. Es sencillamente una voluntad [...]. No estamos en P1 de negociar con el PSOE”, ha reprochado a los de Carles Puigdemont en declaraciones a TV3. Fuentes republicanas, de hecho, insisten en que de momento lo que conocen es una "declaración de intenciones políticas". El líder de ERC, Oriol Junqueras, por su parte, sin mencionar a Junts, ha avisado de que "abrazar los discursos de extrema derecha que criminalizan a las personas migrantes, lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, pone en riesgo la cohesión social".
En septiembre, en el debate de política general, Junts llevó a votación una propuesta de resolución en la que defendía el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat. En ese momento, ERC votó en contra porque consideraba que el texto tenía un planteamiento "racista", aunque el partido defiende que la Generalitat tenga estas competencias. Una posición que comparte la CUP, que también votó en contra junto al PSC, PP, Ciutadans y Vox. Los comunes se abstuvieron.
Ahora bien, después del pacto con Junts, el PSC ha dado la bienvenida a la delegación de competencias, aunque ha avisado de que habrá que ver qué uso hace la Generalitat. "Tenemos competencias y no las ejercemos adecuadamente", ha advertido el líder del PSC, Salvador Illa, en declaraciones a RAC1. La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, celebró poder ejercer estas nuevas competencias, pero avisó de que no debe ser "para criminalizar a las personas migrantes, como hace Junts".