El Parlament ha vivido este jueves una nueva incomparecencia de representantes del Estado en la comisión de investigación sobre Pegasus. El expresidente español Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exdelegados del ejecutivo estatal Enric Millo y Maria Eugènia Gay han plantado a la cámara catalana por segunda vez, después de haber sido citados ya a la misma sesión el 2 de junio. Los representantes de los partidos presentes en la sesión –ERC, Junts, la CUP y los comunes– han acordado elevar a la mesa la propuesta de denuncia a la Fiscalía de estas incompareciencias, de acuerdo con el artículo 68.3 del reglamento, si bien el Consejo de Estado mantiene que los representantes estatales no están obligados a asistir a este tipo de comisiones, tal como Rajoy –el único de los cuatro que se ha excusado, a través de un burofax– ha recordado al Parlament. Tampoco asistieron a la comisión, a pesar de estar citados, el presidente español, Pedro Sánchez, algunos magistrados y el Defensor del Pueblo.
La justicia belga investiga al Estado por ciberespionaje a Plataforma per la Llengua
La entidad de defensa del catalán presentó una querella en Bruselas después de detectar cinco móviles infectados en la organización
BarcelonaLa justicia belga investiga al Estado por ciberespionaje a miembros de la ejecutiva de Plataforma per la Llengua. Después de detectar hasta cinco móviles en la organización, algunos de ellos de personas residentes en Bélgica, infectados con Pegasus o un software similar, la entidad de defensa y promoción del catalán presentó una querella penal en un tribunal de primera instancia de Bruselas que ha sido admitida a trámite, según ha explicado esta mañana en una rueda de prensa.
En la querella se pide, por un lado, que el estado español identifique al responsable del teléfono que infectó los dispositivos de los miembros de la llamada ONG del catalán, entre los cuales están los del presidente de la entidad, Òscar Escuder, y su directora, Rut Carandell. Por otro lado, que el organismo europeo competente, el Eurojust, averigüe si España siguió los pasos legales para investigar teléfonos en Bélgica o, por el contrario, se los saltó.
La infección de los móviles de los miembros de Plataforma per la Llengua la confirmó la misma organización con una peritación que encargó el verano de 2022, después de tener varias sospechas. "De vez en cuando notas cosas extrañas en el teléfono. No tiene por qué querer decir nada, pero teniendo en cuenta el contexto del Estado decidimos probarlo", ha detallado Escuder. Los resultados de la peritación, que llegaron en otoño, detectaron trazas del espionaje que se remontan a 2021.
Entre los espiados, a los cuales se pudo acceder a datos y documentación personal, como correos electrónicos o mensajería instantánea, hay miembros de la entidad residentes en Bruselas, motivo por el que se ha podido recurrir a la justicia belga. En alguno de los dispositivos afectados, además, quedó registrado el número de teléfono desde el que se hizo el ataque, el cual corresponde a una operadora española.
"Ataque a la defensa del catalán"
A la espera de confirmar si se trata de ataques con Pegasus o con otro software espía, la entidad recuerda que este tipo de software solo se acostumbra a vender en estados, y es por eso que ha denunciado al estado español como presunto autor de seis delitos, según la legalidad belga: la intromisión en el sistema informático de los teléfonos móviles, la injerencia arbitraria en las libertades fundamentales de los espiados, la interceptación de mensajes de los móviles y la violación de los datos informáticos, el secreto de las comunicaciones y el secreto de las comunicaciones electrónicas, en particular.
Las denuncias por el espionaje del independentismo con Pegasus se habían presentado hasta ahora a la justicia española y, tanto en Madrid como Catalunya, han tenido un escaso recorrido. La Plataforma espera que esta vez haya más suerte contra lo que interpreta que es un "ataque a la defensa del catalán", además de una vulneración de los derechos individuales de los "ciudadanos que, de manera desinteresada, dedican su tiempo libre a la defensa de la lengua". "Ahora sabemos que no solo tenemos dos estados en contra del catalán, sino que, como mínimo, uno de ellos también está en contra de la ONG del catalán", ha dicho Escuder.
Esto sucede después de que el Parlamento Europeo, en el informe final de la comisión de investigación sobre Pegasus, asumiera que el gobierno español estaba detrás del Catalangate; es decir, del espionaje de 65 personas de la órbita independentista a través de sus dispositivos móviles. Una conclusión en la línea de lo que denunció en su día Citizen Lab y que choca con la versión del Estado, que hasta ahora solo ha admitido 18 espiados. Todos ellos, sostiene, con autorización judicial previa.