Laura Borràs evitará la prisión a cambio de un curso de 25 horas para prevenir la corrupción

BarcelonaLa expresidenta del Parlament Laura Borràs podrá evitar entrar en prisión a condición de seguir un curso de 25 horas de prevención de la corrupción en la administración pública. Borràs fue condenada inicialmente a cuatro años y medio de prisión y a una inhabilitación total de trece años por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

A raíz de esta condena en marzo de 2023, Borràs pidió acogerse a la ley de amnistía, pero el Tribunal Supremo lo rechazó argumentando que esta ley no era aplicable a los delitos de corrupción que no tienen relación con el Procés. Después de esto, Borràs recibió el pasado julio el indulto parcial que le concedió el gobierno español, y que rebajó la pena de prisión desde los cuatro años y medio hasta los dos años. Este indulto parcial no afectaba a los trece años de inhabilitación, que continúan vigentes.

Finalmente, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le ha suspendido la entrada en prisión a condición de que no vuelva a delinquir en los próximos cinco años y que participe en un "programa formativo sobre contenidos específicos y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas". Estos programas forman parte de las medidas penales alternativas a la prisión, y existen de diferentes tipos en función del tipo de delito.

Una condena "excesiva" para los jueces

El TSJC condenó en marzo de 2023 a Borràs en una sentencia en la que los mismos magistrados valoraban que la pena de prisión que le debían imponer resultaba “desproporcionada y excesiva”. La líder de Junts fue condenada por favorecer al empresario Isaías Herrero con contratos fraccionados, sin seguir las normas de contratación pública, que suman más de 300.000 euros y que se formalizaron entre 2013 y 2018.

Herrero también se sentó en el banquillo de los acusados, como el también empresario Andreu Pujol. Ambos sacaron provecho de un pacto con la Fiscalía para conseguir penas más bajas en calidad de cooperadores necesarios y en el que se tuvo en cuenta como atenuante sus confesiones, con las cuales incriminaron a Borràs.