Juvillà alega ante el TSJC que su caso no es comparable al de Torra

BarcelonaEl juicio tenía todos los ingredientes para ser un déjà-vu. El diputado y secretario tercero de la mesa, el cupaire Pau Juvillà, se sentaba en el banquillo de los acusados cuando casi hace dos años exactos –cuatro días de diferencia– que el expresidente Quim Torra estaba en el mismo lugar. Los elementos a juzgar eran casi calcados: desobediencia por negarse a retirar lazos amarillos de una institución; en el caso de Torra, de la Generalitat, y Pau Juvillà, del ayuntamiento de Lleida. Decenas de personas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con el independentismo unido –pese a la desunión por los presupuestos– para condenar la represión. Pero dentro de la sala el déjà-vu ha pasado de ser simbólico a táctico. Si el antecedente de Torra y la causa contra Juvillà se podían enmarcar como dos ramas de un mismo árbol, la condena contra el expresident ha servido a la defensa del diputado cupaire para argumentar por qué Juvillà, para quien la Fiscalía pide 8 meses de inhabilitación y 1.440 euros de multa por desobediencia, tendría que ser absuelto.

El abogado de la defensa ha afirmado que las dos causas "sirven de contraste entre el deber de una institución y la libertad ideológica de los partidos". Es decir, Torra, como máximo representando de la Generalitat, asumió las consecuencias penales de mantener los símbolos independentistas de la fachada y, en cambio, en el caso de Juvillà las responsabilidades recaen sobre el cupaire y no el Ayuntamiento de Lleida, edificio donde estaban colgados los lazos amarillos. A su vez, ha apuntado que una institución tiene que mantener neutralidad en campaña electoral, a diferencia de un partido. Los lazos estaban colocados en las ventanas del despacho de la CUP en el ayuntamiento y tanto el diputado anticapitalista como su defensa han argumentado que todos los requerimientos de la Junta Electoral –a instancias de una denuncia de Cs– se dirigían al grupo municipal y no al consistorio, liderado por el socialista Àngel Ros.

¿El motivo? Juvillà ha argumentado que Cs tenía un acuerdo de estabilidad con el PSC y denunciando a la CUP evitaban que Ros asumiera el "coste político". Un hecho que la regidora de Cs Ángeles Ribes ha negado. Sea como fuere, que la causa sea contra un partido y no la institución ha llevado a Juvillà a defender "la libertad ideológica de los partidos". "Son símbolos que nos definen como organización política", ha afirmado, concretando que en el mismo logotipo de la CUP aparece una estelada y retirarlas de las ventanas representaría "autocensurarse".

Todo se remonta a las elecciones generales de abril del 2019, en las que la CUP no participaba, hecho que Juvillà y su abogado también han señalado. Fue en marzo del 2019 cuando Cs denunció los lazos amarillos y esteladas en las ventanas del despacho de los cupaires en el ayuntamiento, y poco después ya llegó el primer requerimiento de la Junta Electoral. En total, fueron tres, todos ellos recurridos por la CUP. Juvillà ha dicho que tuvo constancia de todas las advertencias, pero tanto el cupaire como su abogado han reiterado que iban dirigidas al grupo municipal y no a él, que era el presidente. Juvillà también ha argumentado que la decisión de mantener los lazos fue "colectiva" –lo decidió la asamblea municipal de la CUP–. "No podíamos obedecer el requerimiento porque afectaba directamente a nuestros derechos fundamentales", ha afirmado.

Con todo, los Mossos d'Esquadra acabaron retirando los lazos y las pancartas a instancia del juzgado de Lleida. Los símbolos estaban allí desde el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en octubre del 2017, y hasta el 2019 no recibieron ningún requerimiento para retirarlos. Los argumentos de la defensa no han hecho cambiar de opinión a la Fiscalía, que ha mantenido su acusación en un juicio que ha durado dos horas. Esta era la primera y única sesión, y la causa contra Juvillà –que se ha celebrado en el TSJC porque es aforado– ha quedado vista para sentencia.

El independentismo se une para condenar la represión

Antes de entrar en los juzgados, Juvillà ha dicho que su inhabilitación es "probable". Un hecho que llevaría un nuevo dilema a la mesa del Parlament: o mantenerle el escaño y preservar su cargo en el órgano rector de la cámara o aplicar la inhabilitación. Este segundo escenario provocaría un nuevo cambio en la mesa –que ya lleva tres–, que empataría con el anterior, liderada por Roger Torrent, como la mesa con más cambios de la historia.

Pase lo que pase, este lunes el independentismo se ha mostrado unido ante la represión. A las puertas del TSJC han acudido la plana mayor de Junts –con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y diputados como Josep Rius y Mònica Sales–, de ERC –con Oriol Junqueras y Marta Vilalta–, de la CUP –con todos los diputados en el Parlament– y de los comuns –con Lucas Ferro–. También las entidades han apoyado a Juvillà, con Elisenda Paluzie (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium). Paluzie ha constatado que la represión "no cesa", y ha lamentado: "Mientras esta represión continúa ahora hay un nuevo episodio de incapacidad de la mayoría independentista", ha dicho en referencia a los presupuestos. Por su parte, Cuixart ha hecho un llamamiento a la unidad: "La represión lo que busca es dividir a los que luchan. Si estamos unidos estamos venciendo la represión".